Aún no se apagan las protestas por la incapacidad del gobierno Federal para resolver el homicidio del periodista Javier Valadez y por no haber dado respuesta satisfactoria a los requerimientos de protección en favor de quienes ejercen la labor periodística, protestas en las que se hace sentir que el gobierno no quiere avanzar en ese terreno; cuando ya este y el propio presidente Peña Nieto se tienen que enfrentar a una nueva reclamación por el gremio periodístico, por los activistas sociales defensores de los derechos humanos y, por supuesto, por los políticos que están inmersos en los partidos de oposición. Ello como consecuencia de la publicación que el periódico New York Times hizo el19 de este mes revelando que el gobierno mexicano estaba espiando a algunos de sus ciudadanos, precisamente a ciertos periodistas, activistas sociales y otros opositores, dando además datos relativos a la compra de los elementos tecnológicos que se lo permitían.
Tan pronto se dio la noticia, organismos y personas que presuntivamente podrían haber sido o son víctimas de tal espionaje protestaron y surgieron los comentarios de repulsa en los medios periodísticos y desde luego en el ámbito político. Ante la gravedad de lo publicado y las exigencias de los presuntamente afectados, el gobierno federal por conducto de funcionarios de segundo orden, como es el caso de uno adscrito a la Secretaría de Gobernación, desmintió que se estuviera realizando una labor de espionaje como lo señalaba el periódico mencionado líneas arriba. En el desmentido se argumentó que no había pruebas al respecto, agregándose, por supuesto, las clásicas menciones de respeto a la libertad de expresión. Eso claro que eso no satisfizo a nadie. Las presiones siguieron y se incrementaron, por lo que también el Secretario de Gobernación expresó su rechazo ese espionaje, reiteró el respeto a la libertad de expresión, si bien admite que el gobierno mexicano si había adquirido la tecnología señalada, pero para fines de seguridad nacional. La forma en que se realizó ese rechazo también resultó falta de fuerza, muy al estilo de como lo hace en sus intervenciones ante la prensa. Como era de esperarse, los comentarios en los medios de comunicación, sobre todo en los columnistas y editorialistas siguieron con más fuerza y a ellos se unió la oposición por medio de declaraciones de personajes destacados de esta. Pero también en el ámbito de la prensa extranjera comenzaron a surgir opiniones nada favorables para nuestro gobierno y por supuesto para el titular del ejecutivo federal Enrique Peña Nieto el que, por otra parte, no es precisamente alabado por la situación de los derechos humanos en México. Ante la tibieza de la defensa de sus subordinados no le quedó más remedio a nuestro presidente que hacer referencia al asunto en una ceremonia de inauguración de alguna obra en el estado de Jalisco. Ahí negó enfáticamente que el gobierno mexicano estuviera espiando a las personas mencionadas por el periódico estadounidense y a cualquiera otra, realizando varias consideraciones al respecto, indicando que la denuncia penal presentada ante Procuraduría General de la República por alguno de los afectados permitiría que se investigara el caso, y ahí urgió a esa dependencia para qué averiguara quienes habían sido los autores de esa falsa imputación para qué se aplicara la ley y se exigieran responsabilidades. Esto último se interpretó
por quienes le reclaman y por algunos otros, como una amenaza a la libertad de expresión, señalando que en vez de ordenar una averiguación para que se esclareciera si efectivamente había habido ese espionaje, lo que se pretendía era buscar la forma de sancionar a quien hubiera dado la inicial información de ese espionaje. Ante esa reacción de manera inmediata el presidente aclaró que no había sido su intención amenazar, que lo que quiso decir es que se averiguara si en efecto había espionaje y establecer la responsabilidad de quien lo hubiera realizado en el caso de que existiera. La aclaración nadie, por decirlo así, la tomó en cuenta.
Me parece que el Presidente se equivocó, por la gravedad del caso debió haber salido desde el principio a aclarar las cosas y precisar, como después lo dijo, que no había tal espionaje concretando también la investigación para determinar su existencia o no y no tanto para buscar quien había dado la información. Debió entender que lo importante era desvirtuar la realidad de ese espionaje y no tanto de dónde había salido esa información. No lo hizo así y ahora se le agrega el calificativo de autoritario y se pide una investigación a cargo de una comisión ajena al gobierno. Todo ello con el desprestigio que entraña y que viene a disminuir la confianza en el liderazgo presidencial, pero también la imagen de México como una democracia naciente.