Hay un refrán que hace referencia a que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Esto viene a colación, porque hace poco más de un año el nuevo sistema de justicia penal que tiene como base el juicio acusatorio y oral entró en vigor de manera completa en toda la República. Eso después de que la Constitución reformada señaló esa fecha como la última para que todos los estados de la República y la Federación arreglaran lo que fuera necesario arreglar para que el sistema quedara debidamente implantado. Sin embargo, ya sabemos que cuando llegó la fecha establecida todavía quedaban cabos sueltos, pues en varios estados las leyes correspondientes no habían sido expedidas sino unos días antes, además, en muchos otros, la capacitación de los operadores principales del Código Nacional de Procedimientos Penales no estaba debidamente completada, sobre todo en lo tocante a las policías que podrían iniciar las averiguaciones o carpetas de investigación, los agentes del ministerio público y aún en relación a los jueces mismos. Al momento de entrar en vigor de manera general, si bien en algunos estados de nuestro país ya habían sido puestos en acción los postulados fundamentales de los llamados juicios orales, hubo voces que llamaron la atención en el sentido de que sobre todo los aspectos de capacitación no habían sido establecidos en forma adecuada. Los encargados de hacer todo lo necesario para que esas reformas se instaurasen dijeron, que si bien había fallas estas tendrían que ser corregidas poco a poco y que habría que dar un plazo para que se fueran solucionando según dijeron. En otras palabras, se echó a andar una reforma penal coja y sin estar debidamente sustentada no solamente en el ámbito jurídico estricto sino en la eficiencia y capacidad de los operadores del mismo. Al poco tiempo, como ya es sabido comenzaron las críticas y se dijo que había una justicia de puerta giratoria que ponía en libertad por meros tecnicismos judiciales a personas que han sido detenidas y que no obstante haber pruebas en su contra se les liberaba, también se criticó el que la prisión preventiva oficiosa fuese solamente para unos pocos delitos y no para otros no obstante su gravedad. Se dijo, pues, por los principales quejosos, que son precisamente los que no cumplieron e incluso todavía no cumplen de manera completa con las obligaciones impuestas por ese nuevo sistema de justicia penal, que este estaba incrementando la delincuencia y ya están pidiendo reformas a su gusto en cuanto a la prisión preventiva y para que se aumenten las penas de los delitos.
Pues, bien, el miércoles de la semana pasada, con bombo y platillo se determinó la entrada en vigor del nuevo sistema nacional anticorrupción. Pero resulta que este sistema, que es de una importancia fundamental para la imagen de nuestro país a nivel nacional e internacional, igual que el nuevo sistema de justicia penal comienza incompleto pues organismos fundamentales para su correcto y eficiente desempeño no están implementados porque en el Senado de la República no se ha designado al denominado fiscal anticorrupción ni tampoco se han aprobado los nombramientos de los magistrados que serán los encargados de resolver los casos relativos en el sistema anticorrupción y en algunos estados no se han hecho o modificado las leyes pertinentes, es decir que el plazo señalado en la ley no se observó por quienes debieran haber hecho los nombramientos y ajustado sus regímenes legales al respecto. A las críticas sobre esta situación la respuesta ha sido, que el fiscal anticorrupción no es indispensable porque la Procuraduría General de la República tiene facultades para conocer de casos de corrupción y un magistrado especial del Tribunal de Justicia Administrativa Federal actuará mientras se nombran los otros magistrados. Así, pues, en aspectos fundamentales el nuevo sistema no cumple de inicio con la ley.
Comienza mal, pues, el pretendido sistema. Otra vez la misma piedra. Quizá, las faltas mencionadas pueden subsanarse con la intervención de otras autoridades, pero socialmente es poco confiable una institución que nace con tantas dudas en relación a quienes deben hacerla funcionar para abatir de una vez por todas la corrupción, lo cual es decepcionante. Lo anterior hace ver, una vez más, que en México el problema no son las leyes sino las personas, los hombres y mujeres que en un momento dado están en la obligación de aplicarlas; parece que no se les ha podido, más bien, no se les ha querido encontrar. Urge, pues, “inventar” la forma de que los pocos políticos de bien ocupen los puestos que permitan un cambio moral también urgente. ¿Será posible esto pronto?