El senador Ricardo Monreal se ha convertido en un habitual crítico del poder Judicial Federal. En efecto, hace un poco más de dos semanas, algunos medios publicaron que jueces, magistrados y algún ministro tenían trabajando en el poder judicial al cual prestan sus servicios a uno o varios parientes, esposos, esposas y amigos, hasta el grado de que podían sumar algunos cientos. Se habló pues de un nepotismo en ese poder. Pero lo que no se aclaró es que en ninguno de los casos el favorecido presta sus servicios en el mismo juzgado o tribunal en donde es titular el que supuestamente favoreció su ingreso. Tampoco en aquella ocasión se aclaró que ese “nepotismo” no puede darse tratándose de jueces y magistrados, pues éstos son electos por concurso que realiza el Consejo del Poder Judicial. Así, las posibles influencias para el ingreso se limitan a puestos que no inciden de manera directa en las decisiones ni en los trámites de los juicios. Además, no se puede afirmar que en todos los casos haya habido influencia de un juez, magistrado o ministro, para que su recomendado fuera admitido. Ciertamente se puede suponer que en bastantes casos ha existido “recomendación” para el ingreso, pero de ninguna manera esa práctica puede ser considerada como generalizada, y aún en ese caso verdaderamente perjudicial para la función de administrar justicia, por el simple hecho, ya mencionado, de que los funcionarios que realmente administran justicia no pueden llegar al puesto que tienen por la vía del “nepotismo”. Para llegar a esa conclusión basta examinar la ley orgánica del poder Judicial Federal y los reglamentos y demás normatividad que concretan el ingreso, la permanencia y ascenso de jueces y magistrados. Ahora, si bien las recomendaciones son una mala práctica, tampoco es de justicia que se afirme que cuando alguien ingresa al poder judicial y en él labora algún pariente tenga que considerarse que ello se debe a esa situación de “nepotismo”.
Pues, bien, unos días después de que la noticia del nepotismo del poder judicial se publicó, el mencionado Monreal rápidamente fabricó una iniciativa para imponer candados a esa situación, pero lo grave es que se quiere hacer de una manera un tanto absurda, que impediría a los que están fuera del poder judicial su ingreso a él si ya trabaja en él su esposa, primo, hermano, etc. Habría que sí establecer algunas modificaciones al respecto, pero sin llegar a prácticamente impedir el ingreso al poder judicial de personas que tienen capacidad y que quieren sujetarse a los mecanismos legales de ingreso con violación, me parece a mí, a su derecho humano al trabajo.
Pero lo anterior no es lo único, pues también pretende acogiendo una idea ya surgida hace meses, que los aspirantes a llegar a un puesto de juez y magistrado, se les aplique una prueba de confianza y concretamente el examen a través del polígrafo. Es evidente la poca consideración que este senador tiene hacia el poder judicial, pues podría decirse que de entrada ya se sospecha de quienes están y de quienes quieren ingresar, se tiene que corroborar su honradez. Lo demás es un trato discriminatorio pues en forma alguna esa medida se aplicaría a los titulares y funcionarios importantes de los otros poderes, como tendría que hacerse si se llegara a implementar para el poder judicial. Es claro que un poder que imparte justicia tiene que ser por el mismo quien debe calificar a sus integrantes, de no ser así ya estaría sometido en principio a otro poder.
El senador estuvo mencionando y ha dicho que su intención no es molestar al poder judicial sino buscar situaciones de mejora de este y en beneficio de los justiciables. Quizá también por eso pretenda aplicar un principio que en la actualidad se está justificadamente imponiendo en muchos ámbitos laborales y me refiero al de la equidad de género. Así, pues, está también proyectando una iniciativa, quizá ya la presentó en la Cámara en donde labora, para que en el poder judicial se respete la equidad de género. Con todo lo bondadoso y de justicia que la equidad de género pueda tener, es claro que ésta no puede llegar hasta el grado que pretende, pues la función desarrollada exige por su importancia que quienes obtienen el cargo de jueces, magistrados o ministros sean los más capaces, objetivos y honrados, independientemente de su sexo. Es absolutamente necesario en el ámbito judicial, como también en algunos otros, que quienes desempeñan las funciones que les corresponden en ese campo hayan demostrado su aptitud conforme a las normas que rigen los exámenes para la obtención del puesto. Sería absurdo que en la administración de justicia se tuviera que admitir a personas del sexo femenino para que hubiera paridad en el género “genero”, aún si conforme a esos exámenes no lo hubieran aprobado para tener el número suficiente para establecer esa paridad. Si la objetividad de las pruebas no lo permite, forzar la paridad de género sería injusticia para unos y favoritismos para otras. Pero lo más grave, se incorporarían a quienes conforme a los criterios establecidos y aceptados no tendrían los méritos para desempeñar la función, lesionando el derecho del pueblo a la mejor administración de justicia posible.
En los tres casos las iniciativas revelan ignorancia o quizá mala fe para someter al poder judicial.