El proyecto, o más bien ya realidad -porque las obras ya comenzaron-, de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, ejemplifica varias acciones que caben perfectamente en el saco de las contradicciones del Gobierno federal electo.
Para empezar con estos señalamientos necesito recordar unas palabras pronunciadas por Alfonso Durazo, diputado federal por Sonora y futuro secretario de Seguridad Pública, al presentar el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. En el primer punto del mismo, que se propone “Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia”, el que fuera funcionario del gobierno de Fox señaló lo siguiente:
“Además de proponer las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y proponer la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, prohibir las adjudicaciones directas…”. Prohibir las adjudicaciones directas. Ahí me quedo.
Resulta que el pasado 6 de octubre, el diario Reforma publicó que el Congreso de Tabasco, con mayoría de Morena, aprobó varias reformas a leyes locales de obras públicas y de adquisiciones “con el fin de dispensar licitaciones en obras estratégicas”, señala el artículo firmado por la reportera Karla Omaña bajo el encabezado “Avalan ley a modo y avanza refinería”.
En el cuerpo del texto, se explica que dichas modificaciones legales allanarían el camino tanto a la Refinería como al Tren Maya en los tramos que abarquen el estado de Tabasco.
Entonces, ¿qué pasó con las adjudicaciones directas, señor Durazo?, ¿o se desentienden de lo que hagan los estados aún cuando esos congresos estatales tengan mayoría de Morena?
No discuto si esa refinería es necesaria o no, sino cómo se hace.
Este mismo martes (ayer), el mismo diario Reforma, en un artículo firmado por la reportera Evlyn Cervantes, consigna en un artículo titulado “Arrasan con selva para Dos Bocas”, que 300 hectáreas de vegetación ya han sido desmontadas para la construcción de dicha obra.
La denuncia es realizada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) que se define como una organización “cuyo eje fundamental es el fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente”.
El caso es que esa refinería, que ya está en, digamos, obra negra, y que es una de las apuestas del gobierno que aún no entra en funciones, choca con lo dicho por el futuro Secretario de Seguridad Pública y con el mismo Presidente electo.
La noche de este lunes, en Tercer Grado, de Televisa, se le preguntó sobre las adjudicaciones directas:
“¿Usted sabe por qué sus paisanos modificaron la ley para poderlo hacer una adjudicación directa, o no es así?”, le preguntó Joaquín López Dóriga.
“Es el caso del terreno, no de la refinería”, respondió AMLO. “Y es básicamente para limpiar el terreno, es una aportación del gobierno del estado de Tabasco”, aclaró.
“¿No es para la obra?”, insistió López Dóriga. “No, no”, replicó AMLO.
¿Entonces para qué legislar como lo hicieron los diputados de Morena en Tabasco?
Puede ser porque, se dice, López Obrador quiere lograr en un sexenio, lo que otros cosecharían en dos. Y más si se tiene en cuenta el país que recibirá. Veremos.
Pero usted y yo conocemos una frase que dice “El fin justifica los medios”. ¿Llegará la hora en que eso termine en la política mexicana?
Repito: “…prohibir las adjudicaciones directas…”. Eso dice el plan presentado por Alfonso Durazo, pero lo que ocurre en Tabasco parece ir en sentido contrario. ¿Parece?
El autor es Director Editorial de Quinto Poder y colaborador de am en la Ciudad de México.
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