Es triste en una tierra con fama de buenos juristas, tener que redactar un editorial como el que saldrá el día de hoy, de esta pluma. Algo muy grave se ha perdido en Guanajuato, en cuanto a razonamiento jurídico y aplicación de un Estado Constitucional se refiere.
La degradación del Derecho, toca fondo, y no se observa posibilidad de mejora en el mediano plazo. Los gobernantes y representantes de la ciudadanía han perdido piso y tripulan un viaje de retorno a manantiales jurídicos ampliamente superados por la civilización.
Todo inicia con la presentación, tipo Steve Jobs, que con selfie y todo, realizó el nuevo, chavo, perito en Derecho y gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. En dicho show de presentación, el dueño del ejecutivo del estado dividió su exposición en seis ejes, siendo el primero el correspondiente a “Seguridad y Paz Social”.
Pues bien, he aquí, que inició su disertación exponiendo un ejemplo de la forma en que gobernará la entidad, luego de hacerse consciente de los gravísimos problemas policiacos, criminales y de violencia que aquejan a nuestro estado.
Como muestra de su mano firme y voluntad férrea, Diego Sinhue compartió el siguiente caso: en octubre del año pasado hubo una confrontación en Jerécuaro, pequeño municipio de 50 mil habitantes. Un grupo de manifestantes agredieron a policías estatales. Quemaron vehículos, una patrulla y una motocicleta, y golpearon a un elemento de la Policía.
En otros lugares o estados se les habría acusado de daños en propiedad ajena y hubieran salido bajo fianza de inmediato, pero aquí en Guanajuato no. Se detuvieron a las 30 personas y están vinculadas a proceso, sin derecho a fianza, por el delito de TERRORISMO, lo que significará la imposición de penas de tres a 15 años de prisión.
Dice el Gobernador: “Aquí en Guanajuato no nos van a tomar la medida, aquí hay Estado de Derecho, aquí se va a respetar la ley”.
La frase enunciada con fuerza y contundencia se enmarcó en un estruendoso aplauso, de un público satisfecho con la sentencia definitiva que se acababa de emitir, por el voluntarioso gobernante. No se diga más ¡a la cárcel con ellos! El populismo punitivo está de moda.
La historia del Derecho y la Teoría del Estado, disciplinas que forman parte de las materias que todo alumno debe cursar, nos muestran cómo, a golpe de experiencias, guerras y frustraciones, la civilización superó la concentración del poder en manos de un rey, para compartirlo con otros órganos deliberativos, para acotarle el poder al soberano, como lo muestra la Carta Magna de León, signada en 1188, la Carta Magna inglesa de 1215, las revoluciones americana y francesa de 1776 y 1789 respectivamente, para recalar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la Constitución Americana.
El abogado que no conozca esta correlación, debe de regresar a las aulas a estudiar de nuevo esos cursos.
El jurista mexicano Rodolfo Vázquez Cardozo enuncia en su obra “Derechos Humanos. Una lectura liberal Igualitaria”: “No existe invento de la humanidad más revolucionario, ni arma conceptual más poderosa contra las diversas formas de fundamentalismo, opresión y violencia, que los Derechos Humanos”.
Es por eso que no respetarlos, anunciando a todo pulmón y públicamente el destino de los acusados, en clara violación del “Principio de Presunción de Inocencia”, así como encuadrar, a sabiendas, en un tipo penal que no corresponde, las diversas conductas de los imputados, a fin de refundirlos en chirona, resulta en graves violaciones a los derechos fundamentales.
La imprudente declaración del gobernador guanajuatense, que lanza una sentencia condenatoria previa sobre 30 ciudadanos, nos traslada del Estado Constitucional de Derecho al Estado de Fuerza, al gobernante “legibus solutus” (libre de ley), que por sí y ante sí, decide el porvenir de los incoados en ese proceso penal. La mazmorra será su destino.
Preguntas directas: ¿De verdad hay terrorismo en Jerécuaro? ¿En realidad los ciudadanos capturados son terroristas? ¿Los podemos equiparar con organizaciones como ETA o Al Qaeda? ¿O sólo se trata de un mensaje poco civilizado, inconsciente y salvaje, de un novel gobernante, poco preparado y mal asesorado?
Triste será enterarnos que el costo de la sonora frase: “no nos tomarán la medida”, costará 15 años de calabozo a 30 ciudadanos, que deben de ser castigados y reprendidos por sus actos, pero no a ese injusto costo, ni violentando el debido proceso.
En 2011 el tipo penal de terrorismo fue modificado en el Código Penal de Guanajuato. Se trata de una redacción tramposa que contempla la actualización de un doble dolo, denominado en la teoría penal dolo diverso. En el caso analizado no se cumplen los dos supuestos, solo uno.
Sería aconsejable publicitar a nivel nacional este festinado y bochornoso asunto, a fin de encontrar un grupo, defensor de derechos humanos que se encargue del proceso de estos guanajuatenses, que han sido despachados a presidio, señalados por el dedo flamígero del Señor Gobernador. Así no se construye la justicia.
Por otra parte, poco favor le hace el Gobernador al turismo en Guanajuato. En cuanto se conozca que existe terrorismo en la región se desatará el pánico.
Si de por sí la ola de violencia está afectando muchas áreas de la economía, no imaginamos lo que significará la noticia internacional sobre la intimidante banda terrorista jerecuarense.
¡Caray! Qué poco hacemos en Guanajuato por contrastarnos con los propósitos voluntarista y militarizante que se viven desde la Federación.
No somos diferentes, sino que vamos a la vanguardia de lo que pretende hacerse desde el centro. Triste, pero cada día AMLO se parece más a Diego.