La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas en el IMSS.
Consideraron que no existe razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo que provoca discriminación injusta contra las trabajadoras.
El trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de condiciones inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios, expuesto a condiciones que están lejos del concepto de trabajo digno.
Como hacemos los “patrones” pagos “por destajo” o “por día”, quitamos al trabajador doméstico la oportunidad de un acceso real a prestaciones sociales que les permitan encontrarse protegidos contra circunstancias e imprevistos que afecten sus medios de subsistencia e ingresos, así como generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias.
Los trabajadores domésticos (el 85% son mujeres que hacen labores de limpieza y de cuidado de los hijos de la familia) están en la base de la pirámide social. Investigaciones Meridiano aplicó un cuestionario en León sobre las condiciones que tienen los trabajadores domésticos.
El 4% de nuestra población forma parte de la clase alta y media alta y el 15% de la clase media; el 81% tiene ingresos que lo clasifican como clase media baja (26%) y baja (55%). Contratan trabajadores domésticos los dos primeros grupos. El primero de dos a cuatro y el segundo grupo 1 en promedio.
Encontramos que el 92% son trabajadoras domésticas y el 8% son varones que tienen asignadas tareas de choferes, mozos, meseros, guardaespaldas y mayordomos.
La edad promedio de las trabajadoras es de 25 años; el 34% trabajan “de planta” es decir, duermen y comen en su lugar de trabajo y el resto lo hacen “de entrada por salida”.
Sólo el 6% de las trabajadoras declaran tener “seguridad social” (“seguro”). Al entrevistar a los “patrones”, el 73% afirma “no conocer la ley que obliga a darles seguro social y del total de los entrevistados, sólo 11% manifestaron “estar dispuestos a ofrecerles seguro social”.
México es todavía un País con enormes desigualdades económicas y sociales. Somos desde la colonia, una nación que segrega y discrimina por el color de la piel y por las prácticas culturales.
Muchos hablares y actuares, provocan rechazo y segregación. Lo hemos vivido cantidad de personas desde la infancia. Ser moreno, indígena, pobre, es motivo para ser ofendido e ignorado.
“Roma”, la película creada por Alfonso Cuarón, refleja nítidamente la manera de ser de las clases medias mexicanas, sus lazos fraternales, pero también la realidad de la distinción de clases sociales.
Guanajuato es un estado con enormes desigualdades sociales y del norte y sur concurren miles de trabajadoras domésticas al corredor industrial. Se incorporan a trabajar de lunes a sábado y regresan siempre que pueden a sus municipios el fin de semana para iniciar la jornada el lunes temprano.
Tienen sus redes de ayuda para transportarse colectivamente. Trabajan de tiempo completo y si corren con suerte al incorporarse a trabajar con una familia que les ofrece seguro social, conocen lo que, con el paso de los años, nunca tendrán: prestaciones sociales.
Afortunadamente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó esta semana el “Programa piloto: Incorporación de las personas trabajadoras del hogar” con el cual pretende otorgar seguridad social, pensión, fondo para el retiro y algunas otras prestaciones a este sector laboral de la población.
El programa del IMSS beneficiaría a las 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar del país.
El objetivo principal del programa es “garantizar el acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar, en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores”.
La cobertura de los y las aseguradas incluiría servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.
El problema entonces, ya no está en la ley, sino en la actitud solidaria que tengamos con nuestros trabajadores domésticos, para asegurarles, aunque represente, en la práctica, pagarles más y con ello, ser justos.
* Director de la Universidad Meridiano, AC