Para mi maestro Don Eugenio Trueba en su 99 aniversario.
Manuel Castells es un gran sociólogo español, sucesor del connotado maestro francés Alain Touraine. Es uno de los académicos más citados en el campo de las ciencias sociales.
Exiliado durante el franquismo, luego de terminar sus estudios en Barcelona de Derecho y Ciencias Económicas, estudió Sociología en la Universidad de París, en donde se convirtió en el profesor más joven. Luego se trasladó a EU.
Después de una larguísima carrera docente, es profesor visitante en las más altas instituciones de excelencia académica como el MIT, Oxford, Cambridge y actualmente profesor en Berkeley y Barcelona.
Mantiene desde hace décadas una productiva relación con académicos mexicanos, incluso es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y visitante distinguido en la UNAM.
Pues he aquí que el ilustre sociólogo ha dictado cátedra magistral, el pasado 5 de abril, bajo el tema “La Corrupción del Estado en América Latina”, que precede a un libro, próximo a aparecer. Su alocución no tiene desperdicio y, bajo ese título, puede descargarse de YouTube.
Muchos temas abordó el maestro, pero en este caso sólo me concentraré en uno de los ejes generadores de la corrupción en nuestros países: la explosión urbana y el crecimiento de las ciudades. Los otros son los procesos de inclusión en la globalización, por medio del Estado.
Castells expone la dinámica actual de la ciudad como concentradora de la población, luego de que el campo, mecanizado, ha dejado de requerir mano de obra.
Se ha multiplicado a lo largo del mundo la concentración de grandes conglomerados humanos, conformando zonas metropolitanas enormes, con alta densidad de habitantes por kilómetro cuadrado.
El constante crecimiento de la economía también ha cooperado para agudizar el incremento acelerado de las ciudades.
El modelo urbano ha producido que el territorio aumente de valor, dependiendo de los servicios que la planificación urbana va decidiendo.
Ante ello, las empresas dedicadas a la construcción de infraestructura han reaccionado a la búsqueda de utilidades, a través de influir para que la inversión pública beneficie áreas especulativas que mantienen dentro del polígono de la ciudad.
Por su parte, el Gobierno intenta definir los rumbos propicios para el crecimiento de la mancha urbana. Construye avenidas y calles, introduce alumbrado, agua y drenaje, y también expande las redes de transporte público y vigila que haya paz y orden en las nuevas zonas citadinas.
Toda vez que la decisión gubernamental es definitoria para el éxito de la operación inmobiliaria, ubicada en terrenos comprados a muy bajo precio, que por el solo hecho de encontrarse en la zona de crecimiento de la ciudad adquieren un valor jamás soñado.
Hace que el empresariado dedicado a la construcción de infraestructura y desarrollo inmobiliario ponga el ojo en los funcionarios y políticos locales y estatales.
Su intervención y resoluciones son fundamentales para garantizar el boom del negocio. Se necesita controlar a los controladores.
Hablando ex cátedra, nos informa el sociólogo de Berkeley, que al percatarse de la importancia de estas decisiones de inversión pública, los emprendedores más voraces y menos preocupados por cuestiones éticas han decidido comprar políticos y administradores.
Esa es una de las fuentes primigenias de la corrupción actual, que desangra a nuestras naciones. Los gobiernos no han sabido, no han querido o no han podido controlar el fenómeno corruptor.
La más acabada manifestación ha sido el famoso caso Odebrecht, escándalo de corrupción que ha hecho caer ya a cinco gobiernos, sólo en América del Sur.
Todo por la inusitada práctica de sobornos a funcionarios, de una poderosa empresa familiar brasileña.
Cierro la claridosa explicación de Castells y planteamos una extensión al diagnóstico del problema para señalar que el estado en que actualmente se encuentran los partidos políticos, también favorece que, sin mecanismos democráticos internos, se elijan a candidatos propicios a alentar agendas urbanas que respondan a intereses privados.
Se neutraliza así el bien público, se vacía de contenido la democracia y la planeación se dirige a beneficiar a miembros de una oligarquía empresarial que intenta dirigir, a su antojo, los destinos de la ciudad. Eso es corrupción.
El caso de Guanajuato capital se pinta solo.
Una empresa constructora, beneficiada con la asignación de una obra de infraestructura, logró: cambiar el trazo de la vía primaria en su beneficio, construir sobre el cause de un rio, una gran explanada con el material excedente de la construcción y comprar los terrenos anexos a la carretera contratada que eran zona de conservación del medio ambiente.
También cambiar en el Ayuntamiento el uso de suelo para volverlo urbano e intentar la autorización para comercializar una gran zona, que provocaría la afectación del paisaje guanajuatense.
La empresa se ciñó al modelo explicado por el sociólogo Castells, al pie de la letra. Cooptaron a las autoridades locales, lograron la complicidad del gobernador en turno, y mantienen en vilo a la población, ya que en cada cambio de administración, intentan capturar las voluntades de los futuros gobernantes, apoyando campañas electorales y fomentando las carreras de políticos de pacotilla.
Ahora bien, si los guanajuatenses no logramos recuperar las ciudades primando el bien común sobre los intereses privados, no podremos despejar de corrupción la vida pública local.
Nuestras comunidades seguirán padeciendo malos gobiernos. Y volvemos a recordarles: los malos gobiernos no crean buenas policías. Adiós a la posibilidad de recuperar la seguridad y a la paz, que hemos perdido.
Por eso es tan importante poner freno a las intentonas de captura de instancias de planeación urbana, como ha sido el caso de la designación en la capital, de un Consejo Consultivo del Implan a modo.
También importa controlar los procesos de expedición de licencias de desarrollo urbano, a fin de que se ciñan a las disposiciones legales y a los planos de ordenamiento vigentes.
Allí entra la mejora regulatoria, la simplificación y mecanización de procesos, que eliminan la corrupción a través de tecnologías de punta. Por allí hay que empezar.
En 15 días expondré en este mismo espacio cómo la tecnología contribuye para extirpar la corrupción en una administración pública, siempre y cuando haya voluntad política& ¡lo más difícil de lograr!
Hoy hay por lo menos un municipio en Guanajuato que lo puede hacer, convirtiéndose en ejemplo nacional. Obvio, no se trata de nuestra capital. Acá vamos de mal en peor.