La evidencia es contundente, nuestro país vive una epidemia de sobrepeso y obesidad. El 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad.
Esto quiere decir que más de 60 millones de mexicanos (52% de todos) sufren esta condición.
Tenerlas es el principal factor de discapacidad y muerte según los estudios de la carga global de la enfermedad, asociándose principalmente con diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer.
Además del impacto personal y familiar, la obesidad genera altas pérdidas económicas y reduce la competitividad del país al implicar mayores costos al fondo público para tratar las enfermedades asociadas, menor productividad laboral y mayores gastos para la familia con una significativa reducción en la calidad de vida.
Por ello se estableció desde 2013 una gran estrategia nacional para combatirla; destacan algunas acciones como el reconocimiento mismo de la emergencia sanitaria, impuestos a bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico, algunas acciones de actividad física, lineamientos para venta y distribución de alimentos y bebidas en escuelas, límites de publicidad infantil a alimentos y bebidas, presupuestos para instalación de bebederos en escuelas, y la aprobación de un acuerdo de etiquetado frontal y el distintivo nutricional, entre otras.
Un tema que ha sido motivo de conflicto entre los beneficios esperados en salud pública contra los intereses comerciales ha sido precisamente el etiquetado frontal con información nutricional que culminó -por el momento- esta semana con una decisión de la Suprema Corte de la Nación que rechazó modificar el etiquetado en alimentos y bebidas, para hacer más fácil su lectura, pues consideró que con el actual distintivo, dicen los magistrados, no se violentan los derechos a la salud y a la alimentación de los consumidores. La lucha en el fondo es salud versus intereses comerciales.
Los hechos ahora en el Congreso de la Unión son los siguientes: 14 iniciativas en proceso de estudio y dictaminen relativas a la lucha contra la obesidad, sobresaliendo el tema del etiquetado nutrimental.
Varios foros de parlamento abierto sobre etiquetado y otras medidas de política pública que se detonarían al modificar las leyes. Intenso cabildeo de las industrias representantes del sector bebidas y alimentos.
Hemos escuchado a todos los sectores, incluyendo a los actores de la Secretaría de Salud Federal y a título personal, me dispongo a proponer cambios en el etiquetado frontal conforme las recomendaciones de expertos de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto Nacional de la Nutrición, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la OMS, FAO y Unicef, incorporando la evaluación ex post de las leyes modificadas y así saber si funcionó la medida.
Las recomendaciones son concientizar a la población que la ingesta de azúcares “libres” sea inferior al 10% de la ingesta de energía total por día; que haya una reducción en la ingesta de azúcares “libres” a lo largo del ciclo de la vida.
Estimado lector, le comento que se los azúcares “libres” son todos los azúcares añadidos a los alimentos y bebidas, bien como azúcares presentes en la miel, jarabes, jugos y concentrados de jugos.
Otro propósito será que el nuevo etiquetado presente información clara, sencilla, veraz y sobre todo, de fácil comprensión a los consumidores, dirigida a proteger la salud de la población, particularmente de nuestras niñas y niños; que no requiera como los que están actualmente, habilidades de lectura, matemáticas y nutricionales, además de tiempo en exceso para elegir entre varias opciones.
El ejemplo exitoso de Chile dice la etiqueta: “Prefiera alimentos con menos Sellos, y si no tienen, mejor”. Los sellos dicen: Alto en Calorías, Alto en Grasas Saturadas, Alto en Azúcares, Alto en Sodio. Simple ¿no cree usted estimado lector?
Los intereses comerciales a mi juicio no se verán impactados con el cambio que se propondrá, ya que se incluirá en los artículos transitorios, el tiempo requerido para el cambio del proceso industrial del etiquetado.
Concluyo señalando que, si bien la obesidad y el sobrepeso son multifactoriales, el aportar para que la población tome decisiones más saludables es clave en dos derechos que tenemos los mexicanos: la salud y la información, sin afectar otro derecho existente, la libertad del comercio, pero ponderando que el de la salud es más importante.