El pasado jueves la H. Cámara de Diputados ejerció su facultad y obligación de evaluar y ratificar al maestro Arturo Herrera como Secretario de Hacienda y Crédito Público, donde considerando que la Hacienda de México continuaría acotada al designio dictatorial, en mi calidad de legislador de contrapeso, voté en contra al igual que mi bancada.
Dice el licenciado Jorge Alberto Lara Rivera que la potestad conferida a la Cámara de Diputados para ratificar la designación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un profundo sentido republicano.
Si bien se trata de un servidor público del gabinete de la administración pública federal, el constituyente determinó que era necesario y pertinente corresponsabilizar a los diputados de su nombramiento, por ello se cito a sesión extraordinaria, para que el total de los 500 asumiera el estudio y análisis su decisión.
En tal virtud, rechazamos asumir la responsabilidad de ratificar a quien no respetará el presidente López Obrador, pues ha hecho evidente que no tiene contemplado conducirse con el decoro técnico con su subalterno, situación hecha explícita en la carta de renuncia del doctor Carlos Urzúa.
El presidente insiste en una conducción económica que ha costado al país credibilidad financiera, estabilidad, crecimiento y certidumbre.
Por ello, nos vimos impedidos a convalidar el mandato que se pretende realizar al maestro Arturo Herrera.
Al expresar nuestro voto en contra manifestamos una preocupación profunda por la ligereza con que se han tomado las decisiones en materia económica y hacendaria en este gobierno.
Lejos de consolidar los logros que al pueblo de México le han costado enormes sacrificios para contar con una economía estable, sólida y confiable como base para un futuro mejor, este régimen ha decidido lanzar todo por la borda y ubicarnos en una zona de riesgo.
Lo cual ha sido advertido tanto por académicos, especialistas, calificadoras, inversionistas y centros de decisión.
Sin embargo, el Gobierno insiste en realizar acciones antieconómicas que tienen una orientación exclusivamente populista. Se privilegia el aplauso fácil de sectores del electorado y la ocurrencia. Se castiga la técnica y la disciplina.
En estas semanas la opinión pública se ha enterado a través de las redes sociales al principio y luego por los medios informativos de serias anomalías ordenadas por el presidente López Obrador, dadas a conocer por el exdirector general del IMSS, Germán Martínez Cázares, así como por el ex Secretario de Hacienda: injerencias indebidas, toma de decisiones sin sustento y conflicto de interés por mencionar solo algunas.
Como subsecretario, el propuesto Arturo Herrera fue testigo de esas discrepancias y se ha puesto del lado de la subordinación silenciosa.
Ha sacrificado su capacidad técnica y su prestigio profesional en aras de una obediencia acrítica que, si en algún espacio de la administración pública es indeseable, es precisamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Un hecho que ya había yo denunciado en esta columna fue puntualizado, además, en declaraciones subsecuentes a la renuncia del doctor Carlos Urzúa.
El Presidente mencionó que no aceptó su propuesta de plan nacional de desarrollo y que tuvo que redactar uno que sí lo satisficiera.
Lo que implica una confesión muy delicada en términos de la metodología que pudo haberse seguido para la aprobación de dicho instrumento rector de las políticas públicas y financiamiento del país.
Como sabemos, la ley de planeación ordena consultas con todos los sectores sociales, mismas que no se llevaron a cabo.
Por lo mismo, el denominado Plan Nacional de Desarrollo fue un engaño pues nadie fue consultado para su redacción.
Fue un documento unilateral de orden ideológico y propagandístico de la inspiración exclusiva del presidente.
Semejante desprecio a la ley está resultando ser una amenaza para la credibilidad y la estabilidad para el país.
Respetando la dignidad y la persona de Arturo Herrera, la expresión del voto en sentido negativo para su ratificación es también un gesto de protesta ante el autoritarismo presidencial que se ha consolidado como forma de gobierno.
El discurso del presidente es una constante provocación y un muy grave elemento de división de los mexicanos.
Siendo que el Presidente que cualquier nación debe ser el elemento que llame a la unión y la concordia, el nuestro demuestra no haber superado su visión parcial de la vida pública.
Lejos de convocar a la gesta común, insiste un día sí y otro también, en que quien no piense como él está proscrito de la vida pública, es su enemigo y no merece tener espacio ni derechos. Ese discurso envenenado tiene que parar.
El país enfrenta una bifurcación de rutas. Hace unos días se publicó un estudio que demuestra que después de 25 años de sincronía económica virtuosa con la economía de Estados Unidos, ahora México se ha desenganchado de fuerzas económicas de inversión e innovación.
En esta bifurcación, México va a la deriva. Nuestro país no está aprovechando las oportunidades que brindan los mercados abiertos y la competitividad.
El Presidente nos está encerrando y está tirando la llave: nos estamos alejando del arduo y complejo camino del desarrollo.
La actitud antirrepublicana del presidente no puede ser correspondida con la buena fe que el PAN ya le ha brindado en determinaciones legislativas previas. Por eso, votamos en contra.