Administrador o conserje
León no tendrá un “City Manager” o Gerente de Ciudad, sólo una especie de conserje.
En la próxima sesión de Ayuntamiento se aprobará la reforma a los reglamentos municipales para crear la oficina y sus obligaciones. Se llamará “Administración de Servicios Municipales”.
Su objeto es auxiliar al Alcalde para mejorar la eficiencia, el control y supervisión de los servicios públicos municipales, de la realización de obra pública y de la funcionalidad de la vía pública.
Se trata, según pretende Héctor López y su equipo, de alguien que articule los esfuerzos del gabinete. A excepción de lo que tiene que ver con Seguridad Pública, Mercados Públicos, Panteones y Rastros.
Los organismos sociales y empresariales que lo promovieron temen que la buena idea no funcione.
La propuesta que el Presidente presentó desde el 29 de abril no tiene cambios importantes.
Pasaron tres meses y lo que hubo fue una reunión con los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y el Observatorio Ciudadano de León, José Arturo Sánchez y Luis Alberto Ramos, para escuchar sus ideas, pero ya ambos salieron a decir que su opinión no contó.
El ajuste fue en los salarios de la estructura: de $91 mil bajó a $50 mil libres para el “Administrador”; de $48 mil a $36 mil para el Gerente del Centro Histórico y $22 mil por cada uno de los cuatro coordinadores en que dividirán la ciudad. En total un gasto aproximado anual sobre 2.8 millones.
La principal preocupación es que es una figura que no tiene mando sobre los directores. Intentará, con la autoridad que le dé el Alcalde, apretar tuercas aquí y allá. ¿Pero qué caso le harán el resto de los funcionarios a quien verán como uno de los suyos, más que como una autoridad? Lo sabremos pronto.
El modelo de “City Manager” está en el documento “Propuestas Guanajuato 2018” que el CCEL, OCL, y 60 organismos más entregaron en campaña a los candidatos a la Gubernatura y a la Alcaldía de León.
El origen de la propuesta es que para un Alcalde, más en una ciudad como León, es materialmente imposible estar en todo, y mucho menos dar soluciones y garantizar que se lleven a la práctica.
La propuesta fue modificar el marco legal (Municipal y Estatal) para institucionalizar la figura de “City Manager”. “Un funcionario encargado de la parte técnica y operativa del gobierno de León, desde la gestión diaria, que dé continuidad a las políticas públicas, y cuya permanencia no obedezca a procesos electorales, lo que posibilite un trabajo a largo plazo. Un profesional que asuma funciones ejecutivas delegadas por el Alcalde, evaluadas por el Cabildo y un Consejo Ciudadano”, según el texto.
Esa figura -con el nombre que le quieran dar- existe en varios países: Estados Unidos y Canadá, City Manager; Inglaterra, Town Secretary; Nueva Zelanda, Municipal Clerk; España y Cuba, Gerente Municipal; Chile y Argentina, Administrador Municipal; y en México ha habido intentos en varias ciudades pero el cambio de partidos políticos en los gobiernos locales ha frenado su continuidad.
Para aterrizar el compromiso del Alcalde con los organismos sociales, el último día de noviembre 2018 Héctor presentó al exsecretario de Obra Pública del Estado, José Arturo Durán Miranda, como el consultor al que le pagarían 450 mil pesos por hacer ese diagnóstico y la propuesta.
A am le han negado en dos solicitudes de acceso a la información el documento, lo cual ya se impugnó ante el IACIP. Conocimos un primer entregable de 102 hojas que le dieron a los regidores, un trabajo se centró en revisar cómo se pueden vincular las dependencias con el Administrador y la reforma al reglamento.
El CCEL resume en una frase que, así como quedó la propuesta por aprobarse: “Pone en riesgo la autoridad del City Manager sobre los titulares de las dependencias. Consideramos que sin facultades para lograr una verdadera articulación y coordinación entre dependencias no se podrá lograr el eficaz cumplimiento de su encomienda, y más bien generará conflictos de las dependencias involucradas”.
OCL y CCEL lamentan que el nombramiento sea facultad exclusiva del Alcalde y no por mayoría calificada del Ayuntamiento previo a una convocatoria donde se valoraran varios otros perfiles.
Tampoco se establece un periodo de duración que lo blinde de los relevos trianuales de gobierno.
Luis Ramos fue directo. No confía en que nombren a Arturo Durán porque su despedida del Gobierno del Estado fue con una cuestionada concesión de 30 años a Grupo México del Libramiento Silao.
El Programa de Gobierno 2018-2021 compromete además que habrá un Centro de Monitoreo de Servicios, un C4 que sea los ojos de la autoridad en ese tema. No han dicho nada, es hora de empezar.
ISSEG, nuevos negocios
El Instituto de Seguridad Social de Guanajuato (ISSEG) innovará en su plan de negocios.
Ya está todo listo para empezar a operar como una Arrendadora Financiera autorizada.
Con la aportación de capital privado y del fondo de pensiones de los trabajadores, explorará dos nuevos nichos: la renta de vehículos para el Gobierno del Estado y de equipo industrial para empresas manufactureras de exportación en sectores como automotriz, metal-mecánico, aeronáutico, y otros.
El proyecto es un primer paso del plan mayor del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, que es el de poner a trabajar los fondos de pensiones para potencializar proyectos grandes de infraestructura.
Diego, en un foro con la Cámara Mexicana de la Construcción en Puerto Vallarta, en noviembre pasado, anunció que una de las ideas para detonar la obra pública, era la de aprovechar la fortaleza que hoy tiene el fondo de pensiones de los trabajadores. Eso en asociación con el capital privado, lo que facilitaría el desarrollo de proyectos que están sin recursos.
Esa intención “sigue en pie”, nos dice el director general del ISSEG, Ricardo de la Peña. Pero quieren dar pasos seguros porque en eso de las asociaciones público-privadas nos falta mucho por aprender.
Así que el paso uno que se trazó el ISSEG dentro de un plan ambicioso, es constituir la Arrendadora Financiera. En agosto la darán de alta ante la Secretaría de Hacienda y autoridades que correspondan, y después se presentará el proyecto al sector privado para que participe con capital accionario.
El plan es reunir 500 millones de pesos de capital privado y del ISSEG para arrancar con el negocio de arrendar vehículos y maquinaria industrial. Cuando esa alianza haya probado que puede funcionar, la segunda fase será precisamente la de apostar por el desarrollo de proyectos de infraestructura.
El ISSEG tiene hoy un patrimonio de $24 mil millones, de los cuales $14 mil 500 millones son reservas financieras que son invertidas en instrumentos de bajo riesgo que garantizan un rendimiento mínimo.
Para el Consejo Directivo la Arrendadora no representa un riesgo pues será un negocio más (como las farmacias por ejemplo), donde pondrá un capital inicial mínimo en relación a sus reservas disponibles. Ya después tendrá que sostenerse con el capital propio que se genere, y ya no con recurso del ISSEG.
Por lo que sabemos ningún otro Instituto de Pensiones de Trabajadores en el país opera un modelo como el que aquí aventuran, aunque también son contados (Aguascalientes, Michoacán y Guanajuato) los que tienen viabilidad actuarial de largo plazo. En el caso del ISSEG está garantizada hasta el 2081.
Si el modelo funciona todos ganan: el ISSEG con negocios de más rendimiento y el Estado al que le uuurgen recursos públicos y privados para ejecutar proyectos que apoyen el desarrollo de la entidad.
Ciudad de los Niños, reapertura leeejos
Aunque el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías salga públicamente sonriente a anunciar una reapertura de la Ciudad de los Niños, en Salamanca, hoy ese deseo personal está todavía leeejos de ser posible.
El 18 de julio ofreció, acompañado de su abogado Jesús Centeno, una conferencia de prensa en ese espacio que él fundó hace 44 años. Presumieron la resolución a su favor del Segundo Tribunal Colegiado Penal en relación al juicio de amparo por aquella sentencia de 2017 de la “juez de hierro”, Karla Macías, que derivó en el cierre del albergue para proteger a los niños de presuntos abusos.
Pero eso nada tiene que ver con otros procesos que la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República tenga abiertos para investigar los abusos, y de los que por cierto no se tienen noticias.
Al día de hoy no se conoce de ningún responsable de abusos que esté sujeto a un proceso penal por la autoridad. Aunque el hecho es que nadie está absuelto tampoco, el proceso legal no ha terminado.
El Padre anunció que avanza con los permisos municipales, con el gobierno de la expanista hoy morena, Beatriz Hernández Cruz, con quien es público de la buena relación que tienen de años.
Pero eso no basta, hay una Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y un reglamento que establece que se requiere una autorización previo a cumplir una serie de requisitos.
“Al día de hoy representante legal no ha solicitado ninguna autorización ni trámite. Hoy será imposible la reapertura”, nos confirma el director general del DIF Estatal, Alfonso Borja, quien de ese tema está bien enterado pues cuando “explotó” el escándalo en 2017 ocupaba ya ese cargo con Miguel Márquez.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, salió también a “enfriar” el entusiasmo del Padre Pedro.
Organizaciones de protección a los derechos de la infancia a nivel nacional y local salieron también a exigir que el Centro no se reabra hasta que no hayan concluido las investigaciones del caso.
Además de los requisitos de forma que obliga la ley hay otros de fondo, como son: Esquema de financiamiento para la operación del centro de asistencia social donde se contemple un proyecto de presupuesto de ingreso y egresos estimados a un año; tener un modelo de atención; plantilla del personal del Centro; y finalmente acreditar la supervisión de la Procuraduría Estatal del Menor.
Y si quieren algún apoyo del Estado para reabrir pues eso tampoco es posible, pues toda convocatoria de apoyos públicos a organizaciones sociales si quieren competir deben de estar en operación.
De los menores que el DIF Estatal tomó en custodia al cierre del albergue en agosto de 2017 hoy tienen bajo su cuidado y protección a 35, además de 5 adultos que son atendidos en centros de asistencia social, del resto algunos se reintegraron a sus familias de origen, otros cumplieron la mayoría de edad.
Además todo centro de asistencia debe estar sujeto a vigilancia constante para garantizar la atención. Esa tarea le toca a la abogada leonesa, exregidora priista del Ayuntamiento, Tere Palomino, recientemente nombrada titular de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Hay que recordar que el Congreso del Estado aprobó hace un mes que esta Procuraduría del Menor se convierta en un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Otro aspecto a considerar es que el DIF tiene como prioridad el privilegiar el derecho a vivir en familia.
Por eso arrancaron este mes con el programa de “Acogimiento familiar”, el cual tiene busca familias que puedan recibir en su hogar de manera temporal a menores que no pueden estar con su familia de origen mientras pueden regresar a su núcleo familiar o que se determina un proceso de adopción.