¡Noticia bomba! En Guanajuato existe un déficit del 45% de policías. Sí, escudados en una estrategia temeraria y costosa, el anterior gobierno estatal permitió que el déficit se incrementara y que nuestro estado y sus municipios fueran deteriorándose en cuanto a nivel de operatividad contra la delincuencia, por escasez de policías.
Ante los hechos, sólo hubo, y hay, silencio; ningún reclamo directo de los encargados de hacer rendir cuentas a las autoridades en la materia.
Al estado le faltan por lo menos 8000 policías para alcanzar los promedios internacionales, que indican que deben existir tres elementos de Seguridad por cada mil habitantes. Sólo tiene nueve mil 484 y deberían estar enrolados por lo menos 17 mil 600.
Al problema se le suma una segunda circunstancia crítica, Guanajuato es la entidad puntera en policías asesinados: 60. De esa manera, nos hemos sumergido en un círculo vicioso mortal. Ese es el tamaño de la negligencia.
Efectivamente, los semáforos se fueron prendiendo paulatinamente, pasaron de verde a amarillo y luego al rojo, en tanto en las áreas de seguridad, con inusitada indolencia, todo continuaba con pasmosa tranquilidad, como si la entidad no tuviera gravísimos problemas de violencia criminal, en aumento acelerado.
El ejecutivo optó por la explicación más torpe y tramposa: son los malos matándose, decía. Como si el homicidio doloso no fuera una conducta punible, por el solo hecho de que suceda.
Si es entre sicarios y matones& adelante, no pasa nada, mientras que ciudadanos comunes, descuidados e indefensos no se encuentren en medio de las ráfagas de AK-47.
¿Cómo llegamos a esta espantosa locura criminal? ¿Por qué no se fincan responsabilidades a los negligentes?
Esas son las preguntas que nos debemos hacer, y las responsabilidades que debemos exigir como ciudadanos. Iniciemos la autopsia del patético tema.
Los trágicos sucesos comenzaron por el desgaste del sistema democrático ante una partidocracia ruin y expoliadora.
En los partidos políticos, sin la auténtica y libre participación de su militancia, se barajan y entregan puestos de representación popular, a los amigos incondicionales del sátrapa gobernante y de los circunspectos dirigentes partidistas.
Ese es el mecanismo por medio del cual se somete a la voluntad autocrática, al poder legislativo, que debería ser independiente, y cuya función principal, no sólo es hacer leyes, sino implementar la rendición de cuentas y generar contrapesos políticos.
En nuestra realidad, la política se reduce a acuerdos cupulares y reparto de prebendas. Toda la arquitectura constitucional, ha caído por tierra.
A estas alturas, el anterior Congreso, salvo los débiles balbuceos de unos cuantos diputados, no exigió ninguna investigación, seria y profunda, a las instituciones de seguridad del estado.
Sin reacción alguna ante las alarmas, se pudo llegar a faltantes de policías, del orden cercano al 50%. Hasta ahora, nadie se inmuta ni nadie reclama. El bozal está apretado.
Las instituciones democráticas apabulladas. Maniatada, la representación popular, se nos muestra envilecida y sojuzgada. No en vano, un diputado me comentaba:
Es que todo les molesta allá arriba, no quieren ruido, cualquier estridencia y de inmediato nos regañan (sic).
Bajo tal presión, el sistema de control sobre el ejecutivo se ha desbielado, y no hay órgano que le exija responsabilidades sobre el baño de sangre que se extiende por todo Guanajuato, propiciado por su carencia de elementos de seguridad, entre otras causas.
¿Entendemos ahora por qué es tan importante contar con un Congreso funcional y diputados autónomos, que honren su condición de representantes del pueblo?
La partidocracia no sólo liquida la democracia, sino que permite la irresponsabilidad y la impunidad de pésimos gobernantes, que permitieron el quebranto de los cuerpos de Policía.
Pero el problema no acaba allí, se prolonga al nuevo entorno gubernamental.
El actual Congreso no sólo no equilibra, sino que nace humillado por el Ejecutivo, al ser obligado a ratificar al Procurador como nuevo Fiscal carnal de Guanajuato.
El panorama no podría ser más negro. Cada diputado con su voto, se les advirtió, signó un obscuro futuro. Hasta hoy, no son dignos de representarnos.
Y las consecuencias se exacerban. Sólo silencio de nuestros diputados ante la escandalosa denuncia de esta semana, sobre el criminal déficit de policías, que propicia que los guanajuatenses padezcamos una inseguridad y violencia de locura y terror.
Pregunta: ¿qué no deberían los diputados estar formando, urgentemente, una Comisión de Investigación sobre responsabilidades, con respecto a la actuación policiaca de los últimos cinco años?
¿No hay cuestionamientos qué hacerle al ineficiente funcionario que mantenemos como Secretario de Seguridad estatal? ¿No es hora de convocar a los alcaldes y jefes de policía de los municipios, a que rindan informes puntuales ante el Legislativo?
¿No es momento de investigar responsabilidades a un ex ejecutivo sonriente y bonachón, pero omiso y apático? Su negligencia, ahora lo constatamos, resultó funesta.
¿Sabemos en cuánto tiempo y qué costo tendrá la formación de los policías faltantes? ¿Cuántas vidas costará el descuido?
Y eso que no entramos al caso de la carencia de fiscales, que habrá que dejar para otra ocasión. Ahí el déficit es también escandaloso.
Pongamos atención sobre el origen de estos problemas.
Mientras nuestros representantes no sean genuinos, y sus compromisos se pacten, tan solo con los dirigentes de sus partidos, estos no asumirán su obligación de representación popular, y nunca iniciarán el reclamo de responsabilidades políticas y administrativas, permitiendo, así, la impunidad.
En tanto, el panorama de seguridad en Guanajuato solo nos depara llanto y tristeza.
La locura criminal prevalecerá, gracias a la falta de democracia interna de los partidos y con ello, de independencia de los poderes, que es la condición necesaria para poner coto a los malos gobernantes.
¿Queremos paz? Iniciemos por exigir una reforma política profunda al sistema de partidos en el estado y el fin de la impunidad a gobernantes irresponsables.
Los diputados, hasta ahora floreros costosos, deberían investigar con seriedad las conductas dañinas de todos los funcionarios involucrados en el déficit de policías.
Repetimos: Urge terminar con la impunidad y, en su caso, fincar responsabilidades. Hay que dar los pasos iniciales para poner fin a la locura.