Los fraudes fiscales son el tributo que los vicios de las políticas públicas pagan a las virtudes de las políticas públicas.
Hace unos días, The New York Times informó sobre el abuso generalizado de una disposición en el recorte fiscal de Trump de 2017 que se suponía que era para ayudar a los trabajadores en apuros de las ciudades. La disposición creó una exención fiscal para la inversión en las llamadas “zonas de oportunidad”, que supuestamente ayudaría a generar empleos en áreas de bajos ingresos. En realidad, la exención fiscal se ha usado para apoyar a hoteles de lujo, edificios de apartamentos y almacenes que casi no emplean gente y así sucesivamente. Además, ha enriquecido aún más a un puñado de inversionistas ricos y con buenas conexiones, entre los cuales se encuentra la familia de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump.
Es una historia bastante peculiar. Sin embargo, debería analizarse en un contexto más amplio, como un síntoma de la falta de voluntad del Partido Republicano para desempeñar las funciones básicas del gobierno.
Antes que nada, la debacle de la zona de oportunidad no es el único ejemplo de abuso que ha permitido el recorte fiscal de Trump, el cual está repleto de vacíos destructivos. Después de todo, esto es lo que se puede esperar cuando fuerzas la aprobación de un proyecto de ley multibillonario en el Congreso sin una sola sesión, probablemente por miedo a que habría sido rechazada si alguien hubiera tenido tiempo de averiguar de qué se trataba. La redacción del proyecto de ley fue tan al vapor que muchas disposiciones se escribieron a mano al cuarto para las doce.
Entre otras cosas, la prisa de los holgazanes significó que buena parte del proyecto de ley fuera redactada por cabilderos que actuaban en nombre de sus clientes. Teniendo eso en cuenta, no debería sorprender que una disposición que se vendió como una política para ayudar a los pobres en realidad acabó siendo una dádiva para los fondos especulativos y los desarrolladores inmobiliarios.
Sin embargo, más allá de eso, la cuestión de la zona de oportunidad refleja la realidad de que los republicanos ya no están dispuestos a gastar dinero público en el interés público.
No quiero decir que el Partido Republicano se comprometa a tener un gobierno limitado, lo cual en todo caso sería coherente. Si los republicanos estuvieran dispuestos a decir: “No nos importan los pobres”, o incluso, “Nos importan los pobres, pero no consideramos que combatir la pobreza sea una función que le corresponda al gobierno”, al menos tendrían la virtud de la coherencia intelectual.
Sin embargo, de hecho, el Partido Republicano moderno finge compartir metas tradicionalmente liberales, como la reducción de la pobreza o la cobertura médica expandida. Pero, al mismo tiempo, se rehúsa a gastar dinero en esas metas, tratando, en cambio, de sobornar a los inversionistas privados para que las cumplan ofreciendo exenciones fiscales con propósitos definidos.
Pueden ver este síndrome en muchas áreas. Por ejemplo, piensen en el problema de la infraestructura en ruinas de Estados Unidos, que Donald Trump prometió arreglar, y que es un área en la que uno esperaría que hubiera apoyo bipartidista. ¿Por qué no ha ocurrido nada en ese frente? ¿Por qué “la semana de la infraestructura” se ha vuelto el remate de los chistes políticos?
En gran medida, la razón es que ni el gobierno de Trump ni los republicanos en el Congreso han estado dispuestos a considerar la idea de construir infraestructura creando, por poner un ejemplo, infraestructura.
Podríamos pensar que en este momento estamos ante un argumento abrumador a favor de destinar gastos a obras públicas anticuadas. Después de todo, la necesidad de incurrir en gastos es evidente, y los costos de financiamiento del gobierno son extremadamente bajos (los bonos de diez años protegidos contra la inflación de hecho están pagando intereses negativos). ¿Por qué no solo pedir prestado dinero y ponernos a trabajar en esos puentes?
Pero así no es como los republicanos modernos hacen las cosas. Lo más cercano que hemos visto a un verdadero plan de infraestructura de Trump fue una propuesta, no de gasto público, sino de créditos fiscales enormes a desarrolladores privados. Y en la práctica, el plan habría tenido más que ver con la privatización de activos públicos que con la promoción de nuevas inversiones.
Hasta donde sé, la última vez que los republicanos estuvieron dispuestos a gastar cantidades importantes de dinero público para el bien público fue en 1997, cuando acordaron la creación del Programa de Seguro Médico para Niños, que, por cierto, fue tremendamente exitoso. Desde entonces, lo único que han hecho son políticas para otorgar exenciones fiscales, que fracasan una y otra vez, al menos por tres motivos.
En primer lugar, dichas políticas rara vez llegan hasta la gente a la que supuestamente se proponen beneficiar. Las zonas de oportunidad no son la única parte de la exención fiscal de 2017 que evidentemente no funciona; ¿recuerdan cómo disminuir marcadamente los impuestos corporativos iba a tener como resultado un aumento en los salarios de los trabajadores comunes y corrientes?
En segundo lugar, los principales beneficiarios de los recortes fiscales tienden a ser, de manera constante, un grupo pequeño de individuos adinerados. Otra disposición de la ley de 2017 fue una que supuestamente se proponía ayudar a las pequeñas empresas; de hecho, un 61% de los beneficios de las disposiciones se van a dar al uno por ciento más adinerado de los hogares.
Por último, las exenciones fiscales selectivas suelen acabar principalmente suministrando formas nuevas y mejoradas de evadir el pago de impuestos. Los ricos con contadores inteligentes no tienen ningún problema en hacerse pasar por propietarios de pequeños negocios, desarrolladores que ayudan a las comunidades pobres o cualquier otra cosa que los creadores de esas exenciones fiscales estén supuestamente tratando de promover.
Nuevamente, la cuestión es que no deberíamos pensar en el fiasco de la zona de oportunidad como un error aislado. Cosas como esta son inevitables cuando uno de nuestros dos principales partidos políticos en esencia le ha dado la espalda a la idea misma del gasto público productivo.