Una de las demandas más sentidas de la población es la necesidad de eliminar la corrupción, los derroches y lujos ofensivos de las y los gobernantes.
Por ello el gobierno de la 4T, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo condensa en la frase “No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre”.
Hay múltiples ejemplos en las anteriores administraciones federales, y en varias de las estatales pasadas y actuales- de gastos innecesarios, actos de corrupción que demuestran profunda resistencia a comprender a la austeridad como un valor, un código de ética, modo sencillo y moderado de vivir en el servicio público y no como camisa de fuerza.
Basta señalar las fastuosas compras que se hicieron en la Presidencia de Peña Nieto de los miles de rastrillos, de desinfectantes para los pisos, de perfumes de tocador o bien de papel sanitario.
El derroche y la ostentación son necesarios para ciertos grupos que los requieren para sentirse importantes; qué vergüenza.
La Ley de Austeridad Republicana, aprobada los primeros días de julio de este año por el Senado, ofrece una normativa muy clara para encarnarse en el servicio público.
Contiene demandas muy concretas de la población que nos las repitieron una y otra vez en tiempo de campaña: eliminar la pensión y privilegios a los ex presidentes (que hizo rabiar a Vicente Fox), prohibir la remodelación costosa de oficinas con fines meramente estéticos, evitar la compra de camionetas de lujo, eliminar puestos y oficinas sin una función evidente o con demostrada ineficiencia y el aumento del plazo para prohibir que las y los funcionarios públicos que posean información privilegiada puedan ocuparse en la iniciativa privada, entre otros.
Otro proceso que ha implantado el actual gobierno es el del ahorro, que se refiere a la eficiencia en el gasto público y se concreta en la capacidad de implantar procesos de adquisiciones distintos a los tradicionalmente utilizados.
Le llaman Nuevo Modelo de Compras y se basa en un sistema de contrataciones consolidadas basado en las mejores prácticas internacionales.
No ha sido sencillo este proceso de ahorro y quizá la parte más delicada se refiere a los nefastos resultados en el abasto y compra de medicinas.
Por eso es conveniente darle mucha difusión a la información que proporcionó la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, Mtra. Raquel Buenrostro, para calibrar los intereses de los poderes fácticos que se niegan a comprender las implicaciones de este cambio de régimen, que todavía insisten algunas voces en afirmar que no les queda claro.
En el análisis de los proveedores de medicamentos durante el período 2012-2018, se mostraron las siguientes cifras:
* Únicamente 10 proveedores concentran el 79.6% del gasto total que es de 303, 076.6 millones de pesos.
* En primer lugar de esta proveeduría está Grupo de Fármacos Especializados, S.A. de C.V., con 106,813.3 millones de pesos.
* En segundo Farmaceúticos Maypo, S.A. de C.V, con 35,149.3 millones de pesos.
* En tercero se encuentra Distribuidora Inter. de Meds. y Eq. Médico, S.A. de C.V. que cotizó 34,620.4 millones de pesos.
* Estas tres empresas, junto con otras dos, acaparan cerca del 60% de las compras totales.
La renegociación en la compra de medicinas ha seguido un camino tortuoso. Las empresas no aceptan fácilmente las nuevas condiciones de transacción y se han negado a vender medicamentos aduciendo su inexistencia en sus bodegas o ¿será que requieren del “moche” para operar?
Pero el combate a la especulación, al sobreprecio y a la corrupción en la venta de estos insumos vitales es una tarea necesaria, tan solo al 31 de julio los ahorros del Gobierno federal suman 145 mil millones de pesos de una meta de 200 mil millones.
Esto lo deberían de entender algunos ex funcionarios de la Secretaría de Salud en Guanajuato que conocen bien y participan en este tipo de negocios.
Quienes no están en disposición de inaugurar una nueva era de la moral en la vida pública, manchan, tiznan y responsabilizan al nuevo régimen, de recortar presupuestos, de negligencia médica cuando lo que está inaugurándose es una nueva visión del servicio público.
Que quede claro, la austeridad y el ahorro van derecho y no se quitan.