Seguridad en partes
Las crisis y tragedias unen o& desunen.
Lástima, en Guanajuato todo indica que la violencia divide a los responsables de combatirla. El único que habla con el fiscal Carlos Zamarripa es Diego Sinhue. El segundo de Gobierno Luis Ernesto Ayala se atiene a los informes del secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca para conocer los hechos.
Sophia Huett, la comisionada para explicar las tragedias que un día sí y otro también ocurren en Guanajuato, no habla con Zamarripa ni con Álvar. En conclusión, no hay comunicación entre ellos. El Fiscal anda solo y libre para reprobar el plan de seguridad del alcalde Héctor López Santillana.
Tampoco parecen gustarle las reuniones de seguridad ni las conferencias de prensa a las que llega Luis Ernesto con la comisionada Sophia; igual sucede cuando figura con la alcaldesa de Salamanca Bety Hernández. Con Elvira Paniagua, de Celaya, tuvo que salir en la foto después de que mataron a las tres empleadas de una tortillería.
La des-unión de los responsables de la seguridad contrasta con los números, Guanajuato suma hasta agosto 2,275 víctimas de homicidio doloso, toma distancia de Baja California (1,958) y Estado de México (1,953), reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con los datos que las fiscalías estatales le reportan.
Las 295 víctimas de agosto registradas en nuestro Guanajuato superan las que suman juntos los 14 estados que reportaron menos homicidios: Tabasco (45), San Luis Potosí (44), Chiapas (41), Zacatecas (38), Hidalgo (23), Querétaro (19), Durango (15), Coahuila (14), Nayarit (13), Tlaxcala (13), Campeche (12), Baja California Sur (6), Aguascalientes (2), Yucatán (1), que en total son 284.
También estamos con más víctimas en la suma de tres entidades que no son precisamente paraíso de tranquilidad: Puebla (99), Morelos (98) y Sinaloa (81), que juntos suman 278 víctimas en agosto.
El “Golpe de Timón” no se ve por ninguna parte. En los primeros ocho meses del año Guanajuato registra 6.5% más víctimas que en el mismo periodo del año pasado (en el último tramo del gobierno de Márquez).
El registro de la ONG, Causa en Común es de 31 agentes de seguridad asesinados (falta sumar el Ministerio Público del viernes en Celaya), al igual que en 2018, que sumaron 64 víctimas, Guanajuato tiene el primer lugar en el país.
También niños y jóvenes inocentes como Arturo Martínez, estudiante de la Universidad Politécnica de Guanajuato campus Cortazar a quien alcanzó una bala perdida al bajar del autobús, el 9 de septiembre, forman parte de la larga lista de víctimas de la violencia.
Esta semana, la violencia tocó fondo& ojalá.
El viernes fue el ataque a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Celaya con el saldo de un agente del Ministerio Público muerto y tres heridos. Un día con 19 víctimas en 10 de los 46 municipios.
El jueves a las 11 de la mañana cinco custodios del Cereso Mil de Valle de Santiago fueron acribillados de 400 disparos cuando viajaban por la carretera Salamanca-Pueblo Nuevo, tramo Labor de Valtierra. Ese mismo día en la madrugada grupos armados atacaron dos agencias automotrices en Celaya.
El miércoles fue herido el delegado en Guanajuato del Centro Nacional de Inteligencia (CNI -antes Cisen-), Juan José Olvera, y su escolta muerto en un ataque sobre la carretera Salamanca-Celaya.
De ninguno de esos ataques de miércoles, jueves y viernes, hay responsables detenidos.
En contraste, la semana inició con buenas noticias: el lunes 16 el fiscal Zamarripa se anotó un logro que todos aplaudimos, presentó a ocho hombres detenidos, entre ellos dos agentes que pertenecían a la Policía Municipal y Tránsito, como una presunta banda de extorsionadores que tenía azotados a los comerciantes de Celaya. Los ocho ya fueron vinculados a proceso penal.
La semana concluye como una de las más tristes que se tenga memoria en la entidad. Por cierto, coincidió con dos días de festejos del PAN-Gobierno por los 80 años de vida nacional de ese partido y 28 en el poder de Guanajuato, lo celebraron en grande, en Poliforum León.
Tanto el jueves como el viernes los acompañó Diego Sinhue a la celebración. Habló del reto de la seguridad “devolverle la paz a los guanajuatenses es fundamental y vamos a superarlo, porque en Guanajuato no nos arrodillamos, y menos ante los delincuentes”, dijo en su mensaje.
Guanajuato cerró 2018 con 3,290 asesinatos y 2019 podría superarlo. En 2015 fueron 957. ¿Qué pasó?
No basta con intentarlo, Márquez lo hizo con el programa Escudo, el Mando Único en varios municipios (ver el caso Salamanca), un cuartel de la Brigada Militar, pero todo fracasó. Y echó la culpa una y otra vez a la famosa “puerta giratoria” de detenidos por armas y huachicol que entran y salen.
Diego dejó el reparto de culpas y se dice echado para adelante, pero no hay mejoras. Presume al estado con la menor impunidad según el reporte de “Hallazgos 2018” de México Evalúa, pero tendríamos que estar muy preocupados pues el 87.6% de los delitos denunciados no se castigan.
Alcaldes “experimentados” como Héctor López, en León, y Ricardo Ortiz, Irapuato, no atinan salidas.
En Celaya y Salamanca, sus respectivas alcaldesas, Elvira Paniagua (PAN) y Beatriz Hernández (Morena), están pasmadas ante la bomba que les explota en su territorio y claman por ayuda.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz; el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo; el gobernador Diego Sinhue Rodríguez; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca; el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa; los alcaldes; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; y más, son responsables.
Y los funcionarios que ya no están y no quisieron, no supieron o no pudieron. Lo somos todos.
A merced del estado de ánimo del crimen, así está Guanajuato. ¿Y ahora?
A guardar silencio
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, se quedó pasmado cuando escuchó las palabras dirigidas a él por parte del fiscal Carlos Zamarripa.
El Fiscal lo tachó de mentiroso, oportunista e ignorante.
Y al asesor de seguridad de León, Bernardo León Olea, también se quedó boquiabierto cuando Zamarripa pronosticó, palabras más, palabras menos, que el plan de seguridad que implementó en esta ciudad, no nos llevará a ninguna parte y que su implementación en Morelia tuvo catastróficas consecuencias.
Después de la sorpresa, los aludidos evitaron la confrontación con el Fiscal y destacaron lo positivo de sus palabras: el reconocer que los policías están obligados por ley a levantar denuncias y no requieren el aval de una Fiscalía, y el que pueden capacitarse en otras instancias.
Si el alcalde Héctor López escuchó bien es el momento de pisar el acelerador en su proyecto para que más policías estén capacitados y se pongan a levantar denuncias en lo inmediato. Eso, por supuesto, sin romper con Zamarripa pues es indispensable una buena relación para que el esquema tenga resultados.
El Fiscal se concentra en descalificar lo que llama “el modelo de Bernardo” pero presume la coordinación con el Alcalde y su secretario de Seguridad, Mario Bravo. Al no explicar a detalle a qué se refiere con sus dudas al modelo aplicado en Morelia confunde a todos, pues no se trata del plan de Bernardo sino del Programa de Seguridad de León, votado por unanimidad por el Ayuntamiento.
Y es el mismo proyecto en el que Bernardo trabajó y fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (con el voto del Gobernador de Guanajuato) que es el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y que habla de una Policía Municipal que cumpla su tarea de: prevención del delito, proximidad, solución de conflictos, mediación y justicia cívica, investigación, análisis y reacción.
La reacción de Zamarripa será positiva para que los policías tomen las denuncias. Pero no parece que haya avance alguno en que colaboren en la investigación de los delitos, bajo el mando del Ministerio Público.
El artículo 21 constitucional dice: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”.
Y el artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad complementa que “las unidades de policía encargadas de la investigación de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las instituciones de procuración de justicia, o bien en las instituciones policiales, o en ambas”.
La ley dice que la Policía Preventiva no sólo puede, debe tomar las denuncias y colaborar en investigar.
No se entienden los motivos de un enfrentamiento de Zamarripa contra el empresario y el asesor. Los tres están sentados en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en León, donde, por lo visto, los asuntos se discuten por encimita en reuniones mensuales en las que ya vemos no llegan a nada.
El presidente de Coparmex León, Alberto Ruenes, se solidarizó en un tuit con Sánchez Castellanos: “Rendir cuentas es lo que le corresponde al fiscal @carloszamarr. En Guanajuato tenemos que hablar seriamente de seguridad @diegosinhue”, escribió.
El de Canacintra, Roberto González, también urgió a “acelerar el inicio de la recepción de las denuncias para abatir la cifra negra de delitos porque lo que no se mide no se puede mejorar”.
El Poder Legislativo nada más ve las broncas pasar con los brazos cruzados. Es hora de que cumplan con su obligación de que los responsables de la Seguridad y la Justicia en Guanajuato rindan cuentas.
Fox en el PAN
Los panistas tuvieron ayer su Asamblea Nacional y siguieron con los festejos de los 80 años.
La sorpresa fue la aparición del expresidente, Chente Fox Quesada.
Con bombo y platillo recibió al guanajuatense el presidente nacional del PAN, Marko Cortés: “A quien nos hizo vibrar en el año 2000, a quien nos dijo ¡sí se pudo!”. Gracias, amigo @VicenteFoxQue, por acompañarnos en el festejo del 80 aniversario de @AccionNacional, tú eres sin duda parte fundamental de nuestra historia”, expresó el michoacano y posaron juntos con la famosa “V” de la victoria.
Nos dicen los que anduvieron por aquellos lares que Chente fue bien recibido por los panistas.
Marko Cortés hizo un llamado a todos los que se han ido para construir una alternativa política.
El mensaje principal de Marko fue contra el centralismo de López Obrador. Eso atrajo a Fox. Su partido ya le perdonó la traición del 2012 cuando apoyó a Enrique Peña y no a Josefina Vázquez, pero no está claro todavía si Vicente asistió solamente por la fiesta de 80 años, o esté de regreso al PAN.
Vicente también pasó lista con sus arengas anti-AMLO en el Encuentro Nacional de Acción Juvenil.
En la Asamblea estuvieron gobernadores como: Javier Corral (Chihuahua), José Aispuru (Durango) y Diego Sinhue. Y tomaron protesta los 18 consejeros nacionales que aporta Guanajuato, entre ellos el exgobernador Miguel Márquez, quien cumplirá 20 años de consejero y se convertirá en vitalicio.
Además hubo sorpresas, la Comisión Permanente del PAN Nacional incluyó en el Consejo a otras dos mujeres de casa: la regidora de León, Ana Esquivel y la exalcaldesa de Celaya, Rubí Laura López.