Zermeño, la pelota está en su cancha
Guste o no a la afición leonesa, Roberto Zermeño Vargas es dueño del Estadio León y hay que negociar para que el equipo pueda seguir jugando en su casa.
La razón jurídica se la dieron los tribunales en todas las instancias. El partido se jugó y lo ganó por goliza. A más tardar el jueves tendrá el Municipio de León que hacerle entrega al Club Social y Deportivo León A.C que encabeza Héctor González y Roberto Zermeño Reyes, del estadio, pero también de las oficinas administrativas, estacionamiento y los terrenos del Museo Nacional de la Piel y del Calzado.
En total 60 mil metros que, sin ningún responsable, pierde el patrimonio público.
Roberto papá, el villano de esta historia, no está en el acta pero es el verdadero protagonista y quien llevará la voz cantante en la negociación con las autoridades. La “papa caliente” la tomará en sus manos el gobernador leonés, Diego Sinhue, quien hasta hoy no se ha sentado a platicar del asunto con los nuevos dueños.
El miércoles, en la inauguración de la Feria de Anpic, cuando León amaneció con la noticia de entregar el estadio en este mes, Diego no tocó el tema en su mensaje (habló de la defensa del Sistema de Salud, los aranceles del calzado y textil, etc.) pero ante los medios lo tuvo que hacer y se comprometió a rescatar el inmueble.
¿A qué costo? esa es la pregunta. Y si vale la pena hacer ya ese gasto millonario cuando hay prioridades en seguridad, educación, salud, y muchas más.
Mientras se toman las decisiones de largo plazo hay que “apagar el fuego” y negociar la continuidad del contrato de arrendamiento que tiene el Club León con el Municipio hasta el año 2022, sólo que éste último ya no tiene vela en el entierro.
Diego cuenta que saludó a Zermeño Vargas en la Reunión Anual de Industriales (RAI), en Poliforum -ninguna cámara los captó-, y el empresario celayense Héctor González aparece en algunos eventos empresariales, por ejemplo estuvo el 1 de octubre en el foro Biva-Gto. (la nueva Bolsa de Valores) realizado en León.
Ninguno de los Zermeño, ni González, han dicho palabra alguna durante el proceso legal, han dejado la voz pública a su abogado Roberto Hernández Pérez, experimentado litigante quien fuera Presidente del Instituto Electoral Estatal (en dos periodos de 2000 a 2008).
En enero 2018 la Corte falló a favor de los particulares y ya la suerte estaba echada. Desde entonces se han hecho los intentos posibles para evitar la entrega, pero todo parece indicar que es inevitable (al menos que saquen un conejo de la chistera).
Ya el alcalde Héctor López salió resignado a aceptar que habrá que cumplir la sentencia, de lo contrario se puede usar la fuerza pública y acarrear multas. De por sí todavía falta hacer frente a las demandas por daños y perjuicios que González-Zermeño han presentado por no poder hacer uso de los bienes. Ups…
La historia de una muerte anunciada usted la conoce. El pleito legal inició con la demanda mercantil en 2011 en la que exigieron al Municipio la devolución de esos bienes que habían sido administrados por un fideicomiso creado en el año 2000.
En mayo 2014 un Juez de Distrito les dio la razón a los demandantes, esa resolución la ratificó un Tribunal Unitario, un Tribunal Colegiado y finalmente la Suprema Corte de Justicia negó el amparo solicitado por el Municipio de León.
En junio 2014, Leonardo González Martínez, juez Tercero de Distrito, que le concedió en la primera instancia la razón jurídica a la dupla González-Zermeño, explicó entonces que la sentencia se basa en que el Tribunal interpreta que el bien se cedió al fideicomiso para su administración durante 10 años, y no se entregó al Municipio.
Todo el pleito es una interpretación jurídica del contrato del Fideicomiso del Club León que se firmó en 2000 supuestamente con la promesa de proteger el inmueble.
El Municipio basó su defensa en la siguiente cláusula del convenio: “Los fideicomitentes (el Club Social y Deportivo León A.C) no se reservan ningún derecho sobre los bienes que se fideicomiten (como el Estadio León) ya que los transmiten de manera real, definitiva, e irrevocable al Municipio, que era el fideicomisario”.
Para la “justicia” no había facultades para transferir la propiedad al Municipio. Punto.
Todo apunta al famoso contrato de fideicomiso que se firmó en septiembre del año 2000 con el entonces alcalde panista Jorge Carlos Obregón Serrano y como secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez (el mismo que hoy).
Era la promesa esperanzadora para la afición de que nunca más habría un amago de que el equipo de sus amores dejara la ciudad, como quiso en 1999 Valente Aguirre llevarlo a Puebla y se topó con una histórica manifestación de la comunidad.
El 26 de septiembre del 2000 en un acto celebrado en la sala de Cabildos de Presidencia Roberto Zermeño Vargas expresó lo siguiente: “Regreso la franquicia, regreso sus colores y nombres que jamás se volverán a separar ni a desmembrar, regresamos el estadio, los terrenos para que sean propiedad de la comunidad”.
“El equipo se queda, el estadio y los terrenos son de los ciudadanos”, dijo entonces el Presidente Municipal. Y ahí se constituyó el Fideicomiso (con Banco del Bajío como fiduciario) y el Comité Técnico que integraron leoneses preocupados.
Después vino la venta del equipo de Zermeño al argentino Carlos Ahumada, el primero alegó que nunca le pagaron, y sorprende en 2011 peleando lo que antes dio.
Antes, en noviembre 2007, fue la extinción del fideicomiso promovida por el exsecretario del Ayuntamiento, Paco García, en el trienio de Vicente Guerrero (q.p.d.e). Votó a favor la fracción panista (incluido el entonces regidor y actual gobernador Diego Sinhue, a excepción de la hoy síndico Leticia Villegas).
Al final el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la validez de esa extinción anticipada del fideicomiso por no haber sido acordada entre las partes involucradas.
La defensa legal le tocó iniciarla al exalcalde Ricardo Sheffield le siguió Bárbara Botello y la terminó Héctor López. Ninguno pudo ni meter las manos, una paliza.
Ninguna auditoría se ha hecho para deslindar responsabilidades de acción y/o de omisión en todo el proceso legal (desde el origen del fideicomiso hasta la sentencia). Las buenas intenciones no bastaron, el daño millonario está hecho…
La nueva guarida
Al desánimo de perder un estadio hay que sumarle la incertidumbre de no tener la primera piedra de la nueva casa y, hasta el día de hoy, sin fecha para su arranque.
Hay plena confianza de que el proyecto se concrete, pero la pregunta es ¿cuándo?
Antes de dejar Palacio de Gobierno, con inmueble ya perdido, el gobernador Miguel Márquez quiso congraciarse con la afición y el Gobierno del Estado compró en 280 millones de pesos el predio de 12 hectáreas (en calle Río Nilo esquina Francisco Villa) para el nuevo estadio y se vendió en abonos chiquitos al Grupo Pachuca.
El 24 de septiembre de 2018 (en su penúltimo día de mandato) Miguel Márquez y Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, encabezaron un evento en el Centro de Ciencias Explora, para anunciar en sociedad el proyecto del nuevo estadio, que se informó que tendrá una capacidad para 35 mil personas y sería uno de los más modernos. Además que incluirá un complejo comercial y un hotel.
La obra estaría a cargo de Manhattan Construction (que construyó la casa de los Dallas Cowboys o el Reliant Stadium en Houston). Se dijo que el proyecto estaría en 10 meses máximo (es decir en junio 2019) para arrancar con la obra en el verano.
En mayo el vicepresidente del Club, Rodrigo González, declaró que los planes del inicio eran septiembre-octubre. Y luego se ha dicho que a inicios del año 2020.
Al gobernador Diego Sinhue le preguntamos y acepta que no hay una fecha precisa.
La inversión del proyecto es 100 por ciento privada y ellos tienen la decisión. Eso sí, el contrato de compra-venta del predio entre Estado y Club León tiene plazos, así que tampoco la directiva tiene margen para dilatarse en la obra. Que no tarden…
ISSEG y las obras, va para largo
El proyecto del gobernador Diego Sinhue de poner a trabajar los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado para financiar proyectos de infraestructura, está todavía muy verde, no se advierte que pronto funcione.
Aunque Diego no deja de repetir en distintos foros, en especial cuando se reúne con el sector de la construcción, que ante la urgencia de dinamizar la inversión en obra pública (afectada por los recortes federales al presupuesto) una alternativa viable es aprovechar los fondos de pensiones y que se trabaja con el ISSEG para aterrizarlo.
Y tiene razón, el ISSEG puede y quiere hacerlo, pero eso lleva un proceso que no parece que vaya al ritmo que esperaría Diego y el sector constructor, tampoco quieren arriesgarse a “irse de boca” en un terreno que apenas van a explorar.
El director general del ISSEG, Ricardo Sergio de la Peña, comenta que por lo pronto tienen listos los lineamientos (que le pidieron a Transparencia Mexicana revisar) de lo que será su nuevo modelo de negocio como una sociedad “Arrendadora”.
Harán hacer alianza con el sector privado para incursionar en la renta de maquinaria a la industria y participar en las licitaciones de arrendamiento de vehículos oficiales.
Esperan para finales de año o comienzos del 2020 estar presentando el proyecto para conformar una bolsa de 500 millones de pesos (49.5% con recursos del ISSEG y el resto privado) e iniciar con el negocio, que según sus estudios es de bajo riesgo y podrá darles mayor rentabilidad a las inversiones que hoy realiza el Instituto.
Una siguiente etapa sería precisamente la de participar en financiar proyectos de infraestructura que tanta falta hacen a Guanajuato y para los que no hay recursos.
Por ejemplo Diego planteó la opción de utilizar ese fondo para mega-proyectos como un nuevo aeropuerto en los terrenos de la fallida refinería (en el polígono de 970 hectáreas ubicado en Salamanca-Villagrán-Juventino Rosas). El plan todavía está en el terreno de la idea, requiere de un fuerte capital privado. El beneficio del ISSEG sería el de operar las zonas comerciales y estacionamiento.
Pero hay otros proyectos más urgentes y aterrizables que urgen de recursos, uno es la ampliación de la carretera Silao-San Felipe (clave para la logística del traslado de mercancías a la frontera) y la anhelada autopista de Silao a San Miguel de Allende.
El Director del ISSEG ve viable invertir en obras, pero con cautela: “A través de los vehículos (financieros-legales) adecuados se pueden hacer las revisiones correspondientes y que se respeten las políticas de inversión del Instituto”, dice.
Mientras esa alternativa se concreta el sector constructor liga meses en caída. La inversión de recursos estatales es limitada y hay que esperar a la aprobación de la solicitud de deuda pública por 5 mil 350 millones y que ésta comience a aplicarse.
Pero ya sabemos que la salida del endeudamiento será solamente oxígeno momentáneo. No será posible solicitar más deuda durante el sexenio para no “ahorcar” las finanzas estatales que hoy tienen altas calificaciones crediticias. Diego ofreció dejar la deuda como la recibe, en alrededor de 5 mil millones de pesos.
El modelo de presupuesto base cero que se trabaja para el 2020 debe generar recortes en áreas no prioritarias para garantizar más recursos para infraestructura. El Gobernador debe predicar con el ejemplo de la austeridad. Es la única vía.