Poner la burocracia al servicio de la gente
El Ayuntamiento leonés está en pleno análisis de una reestructura administrativa.
Deben ser sumamente cuidadoso para poner en la balanza el requerimiento de plazas que son indispensables para servir a los ciudadanos y no más burocracia.
El presupuesto total del Municipio de León es de aproximadamente 7 mil millones de pesos y la partida de Servicios Personales para este año está en 2 mil 255 millones, es decir que aproximadamente el 32% del presupuesto es destinado a la nómina.
Una revisión a la propuesta que presentaron las siguientes áreas: Secretaría de Seguridad Pública, Juzgados Cívicos, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Desarrollo Social y Humano, Economía, Salud, Comunicación Social, significa un incremento al gasto anual de la nómina en aproximadamente $50 millones.
Habrá que irse con pies de plomo en el análisis. De ese monto $28.9 millones son para Seguridad Pública.
En C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo) quieren 70 plazas (telefonistas generales, de atención psicológica y pre-hospitalaria, y radio-despachadores) para responder mejor a las emergencias.
También hay incrementos para Policía (plazas de trabajo social, psicólogos, paramédicos, telefonistas y capturistas de informes policiales). Y en Protección Civil se requieren de 33 paramédicos para el Centro Regulador de Urgencias Médicas.
Un ajuste a la alza por $1.8 millones se plantea para el Despacho del Secretario de Seguridad (quieren plazas para coordinadores de Seguimiento, Evaluación y Ejecución y otro para Diseño de Acciones, pero también un Community Manager para las redes sociales) y para la Dirección de Seguridad Privada 2.2 mdp más.
Llama la atención que para Tránsito el incremento sea solamente 560 mil pesos y la Dirección de Prevención del Delito prácticamente se queda con lo poco que tiene.
Otra propuesta es la que plantean los Juzgados Cívicos cuyo incremento en el costo anual de la plantilla sería de $11.6 millones con 59 plazas de nueva creación (policías de custodia, jueces, psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, etc.). Se justifica en que hoy opera un Juzgado Cívico y se proyectan cuatro para 2020.
En la Dirección General de Desarrollo Social y Humano que dirige Omar Hernández pretende un incremento anual en la nómina de $2.3 millones bajo la justificación de que a través de cuatro sectores atienden a más de 600 comités de colonos que deben reforzar para que el 60% cuenten con sus planes de desarrollo comunitario.
La actual operación en cuatro sectores (norte, sur, oriente y poniente) proponen transformarla en seis subdirecciones ubicadas en: Ribera Campestre, Ibarrilla, Medina, Villas de San Juan-10 de Mayo, San Miguel y Joyas-León II.
La Secretaría del Ayuntamiento que comanda Chuy López Gómez también propone gastar poco más de 1 millón extras. Quieren desde plazas para atender la mayor carga de juicios de responsabilidad patrimonial, hasta un Supervisor de Redes Sociales para su comunidad de 300 seguidores en Twitter y 358 en Facebook.
En Comunicación Social, que dirige Jorge Hernández Cano, serían $1.14 millones más. Eso se explica porque el plan es atraer a los enlaces de: Dirección General de Movilidad, Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Educación, Dirección General de Salud y Dirección General de Innovación.
El director general de Economía, Ramón Alfaro, solicita $709 mil adicionales para crear una Dirección de Servicios de Infraestructura. La justificación que ofrece es que se trabaja en la atracción de inversiones pero es necesaria una área que acompañe las gestiones de los trámites para consolidar las zonas industriales.
Otra son las direcciones de Educación que encabeza Jonathan González pide $702 mil más para su nómina y la de Salud con el doctor Juan Martín Álvarez $801 mil.
Todavía falta revisar otras áreas centralizadas como son: Obra Pública, Desarrollo Urbano, Movilidad, Gestión Ambiental, Turismo, Innovación, Desarrollo Rural, Contraloría Municipal, Secretaría Particular y la Unidad de Transparencia. Y nada se ha dicho de paramunicipales.
Tesorería, foco en las compras
En la Tesorería Municipal que comanda Enrique Sosa Campos, uno de los personajes de más confianza del Alcalde, el ajuste a la alza propuesto es menor, $1.46 millones, pero sí plantea cambios de fondo en el funcionamiento de las áreas.
En la Dirección de Adquisiciones se propone una área de Inteligencia de Mercado que ayude al Comité de Adquisiciones (que hoy encabeza la síndico panista Leticia Villegas) para garantizar las mejores condiciones de compra para el Municipio.
Para ello se pretende especializar a los responsables en el segmentos de mercado que investigan: Tecnologías de Información (licencias, hardware, software, equipos), Activos (seguros, muebles e inmuebles), Servicios (combustibles, limpieza, comestibles) y Consumo (papelería, tóner, materiales eléctricos, textiles).
La justificación enviada dice que el Alcalde “manifiesta su preocupación por el tema de proveedores de servicio, equipamiento y productos que compra el Comité de Adquisiciones, cuyos procesos, desean, puedan ser más transparentes”.
En la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales se propone crear la Subdirección de Bienes Muebles Responsabilidad Patrimonial, una jefatura de combustibles en la Dirección de Control Patrimonial, así como una Coordinación Administrativa en la Dirección de Talleres Mecánicos. En resumen, más controles.
Y la propuesta también plantea eliminar la Dirección General de Gestión, Administración y Enlace Gubernamental y asuma sus tareas el área de Ingresos.
La reestructura total está en la cancha de las comisiones tanto de Gobierno como de Hacienda, es decir, en los síndicos Christian Cruz y Leticia Villegas. Se ha dicho que no hay prisa en aprobarla, que se tomarán el tiempo necesario para no equivocarse. En la revisión será clave el papel del poderoso Tesorero Municipal.
La propuesta la sustentan en el Programa de Gobierno 2018-2021 que en “Modernización del Gobierno” incluye el desarrollar un proyecto de reingeniería y modernización en la administración que facilite el cumplimiento de los objetivos. ¡Ah! pero que no se les olvide que también se habla de evaluación al desempeño.
Pero el análisis debe ser no solamente que cada nueva plaza o retabulación de alguna sea justificada (como vimos muchas son necesarias para una ciudad que crece, y otras no), hay que ver la película completa, que el resto de las plazas que no se tocan -principalmente las administrativas- tengan una razón para existir.
El Consejo Coordinador Empresarial de León, que preside José Arturo Sánchez, y más de 60 organizaciones sociales, entregaron el campaña el documento “Propuestas 2018” a los candidatos, incluidos el Alcalde por segundo periodo. Y ahí lo comprometieron a realizar una “rasurada” a la nómina que está de más y destinar esos ahorros para incrementar los sueldos y prestaciones de los policías.
El documento ciudadano criticaba que “cada año se incrementa la burocracia en León, lo cual no necesariamente está relacionado con el crecimiento en la demanda de los servicios de los ciudadanos, sino que está ligado al cúmulo de compromisos que hacen los partidos y candidatos durante la campaña y que tienen como recompensa una plaza en la nómina de la Administración Municipal”.
Y planteaba el “reducir en un 10% el presupuesto destinado para el pago de nómina de la burocracia para generar un ahorro de 96 millones de pesos anuales”.
Además hay que advertir el panorama presupuestal adverso para los siguientes años, así que Héctor tendrá que ponerle mucha imaginación y valor para atender las obligaciones municipales sin que eso representa disparar el gasto de nómina.
Diputados, mientras se pueda…
Para los diputados locales eso de la austeridad suena bien, pero no en su bolsillo.
El proyecto de Presupuesto 2020 del Poder Legislativo contempla un aumento en salarios del 3.5%, lo mismo para el que gana menos que para cada uno de los 36 diputados, con lo que alcanzarán los 202 mil 457 pesos brutos al mes.
Eso además de las partidas para apoyos sociales y casa de gestión, y las especiales para los que son integrantes de la Mesa Directiva y Junta de Gobierno.
Este año cada legislador local tiene una percepción mensual bruta de 195 mil 611 pesos y neta de 122 mil 479 pesos al mes. Ya están por recibir sus 45 días de aguinaldo (293 mil pesos y hasta su Arcón Navideño con valor de 3 mil pesitos). El Secretario General tiene un salario bruto mensual de 157 mil 875 pesos.
El argumento es que los funcionarios deben ganar bien para exigirles cuentas. El hecho es que contrasta con la responsabilidad y el ingreso de algunos de los presidentes municipales (porque otros también se despachan con cuchara grande).
Hace unos días los diputados aprobaron las recomendaciones de salarios máximos para los integrantes de los ayuntamientos para el ejercicio 2020, y es curioso que, de acuerdo a su estudio, ningún Alcalde debe atreverse a acercarse a su ingreso.
Al de León le recomiendan que gane un máximo 151 mil pesos brutos al mes; a los de Celaya e Irapuato 141 mil pesos; Salamanca y San Miguel de Allende 121 mil pesos; y de ahí para abajo considerando indicadores socioeconómicos, de eficiencia administrativa, de la racionalidad del gasto y la responsabilidad de la función.
No se duda que este análisis esté bien fundamentado. La pregunta de todos es ¿entonces el trabajo de un legislador da para ganar hasta ¡33% más! que el Presidente Municipal de una ciudad de más millón y medio de habitantes?
El proceso es esperar a que el Ejecutivo les envíe la propuesta de Presupuesto de Egresos 2020 (que incluye a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y transferencias municipales) que vota el Congreso. Así que al final son juez y parte, se proponen un presupuesto que también aprueban.
Ya sabemos la explicación: que hay un Comité de Estructura Salarial del Estado de Guanajuato que revisa y sugiere los incrementos para toda la burocracia. Que si suben unos y otros no se descompensan los tabuladores, que la inflación, bla, bla.
Este 2019 el incremento para toda la burocracia fue parejito del 5 por ciento.
La señal que manda el Congreso no es positiva. Habrá que ver si los funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo y Judicial también protegen sus privilegios.
El rescate de Gustavo
Gustavo Rodríguez Junquera tiene un pie en el Poder Judicial de Guanajuato.
Lo adelantamos hace semanas, así fue, el ex Procurador de los Derechos Humanos del Estado y ex Secretario de Gobierno en el último tramo del gobierno “marquista” fue rescatado por el oficialismo azul y propuesto en la terna enviada esta semana por el Gobernador al Congreso para ocupar la vacante de Magistrado Penal.
Lo de la terna es un requisito legal, todos saben que es Gustavo el elegido. Además de que cumple con la experiencia y los requisitos de Ley para el cargo, y, aunque no es un militante panista con credencial, es bien visto por la nomenclatura azul estatal.
Llegará al asiento que deja Eduardo Hernández Barrón, quien no fue ratificado.
Gustavo trabajó en Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Director General de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR y fue Magistrado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así que, aunque no ha estado dedicado a la materia penal, por su trayectoria pública tampoco lo desconoce. Es todo un reto.
Por cierto el Poder Judicial tiene relevo en enero próximo y todo está planchado para que el magistrado penal Héctor Tinajero sustituya a la civilista Claudia Rangel para un periodo de dos años.
El funcionario de larga carrera judicial, cercano al expresidente del Tribunal, Miguel Valadez, ya tiene las “bendiciones” para sentarse.