No digo nada nuevo cuando señalo que hay una guerra sucia del gobierno de la 4T con el gobierno del Estado de Guanajuato: los 8,000 millones de pesos de recorte en el Presupuesto de Guanajuato para 2020 y la indefinición respecto a la presa Zapotillo, junto con la iniciativa de algunos morenistas de declarar la desaparición de los poderes de Guanajuato por el azote de la inseguridad no son más que una muestra de ello.
A raíz del recorte presupuestal y la caída de la construcción en cerca de un 10% con más de 4,000 empleados afectados dieron lugar a la típica medida keynesiana de contratar un crédito por 5,200 millones de pesos para efectuar y promover obras de infraestructura en el Estado, aprovechando el buen manejo de la disciplina financiera de los anteriores gobernadores. El problema es que si la medida -tal como parece- se tomó dados los recortes a los presupuestos al Estado de Guanajuato y tomando en cuenta que a AMLO le quedan 5 años que, de seguir así, no habrá institución financiera que avale nuevos préstamos al Estado. Hay que buscar las soluciones por otro lado. ¿Cómo puede Guanajuato recaudar más o prestar servicios sociales sin el apoyo de la Federación, como el conflicto que se está generando por la negativa de Guanajuato de salirse del seguro popular, que funciona bastante bien en el Estado?
Una medida radical que habría que estudiar con pinzas es una salida del Estado del pacto fiscal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal: con ello Guanajuato recuperaría muchas de sus capacidades contributivas. El problema es que los tributos federales seguirían existiendo, por lo que se presentarían muchos fenómenos de doble tributación, lo cual si bien no es inconstitucional de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, ¿qué agente económico racional invertiría en Guanajuato con una mayor carga fiscal?
Del total del Presupuesto del Estado, que ronda los 82 mil millones de pesos, cerca de 70,000 proceden de participaciones de la Federación, si bien con una tendencia de éstas a la baja. ¿Qué puede hacer Guanajuato para incrementar su recaudación sin salirse del pacto fiscal?
Después de un estudio de la Ley de coordinación Fiscal, a juicio de un servidor a Guanajuato le quedan algunas alternativas: el pacto fiscal prevé la posibilidad de un impuesto a las ventas similar al IVA sin llegar al 5% (que podría rondar el 3% como fue una propuesta del Subsecretario Tomás Ruiz en épocas de Calderón), sin tomar en cuenta como hechos gravables las importaciones y exportaciones -prohibidas a los Estados por la propia Constitución- que, de acuerdo a cálculos simples de un servidor, le permitirían al Estado recaudar al menos cerca de 14 mil millones de pesos, tomando en cuenta que el comercio supone cerca del 30% del PIB y éste llega aproximadamente a los 800 mil millones de pesos. Con esto el gobierno tendría un “guardadito” que podría emplear en política social o en política económica a favor de las empresas, sin superar el 15% que Singapur gasta de su PIB en su política de gobierno, buscando en ocasiones prestar ciertos servicios con la alianza de los particulares -con ciertos subsidios pero menos costo-. Si Guanajuato quiere utilizar, como ha mencionado, y para lo cual firmó un convenio de cooperación con el gobierno de Singapur, con un impuesto de este tipo podría impulsar la actividad económica sin incurrir en déficit y llegar a los límites de la isla del Pacífico.
Dos últimas alternativas: aumentar ciertos impuestos especiales, como los ecológicos, los derechos al agua y los residuos, como ha hecho Catalunya, por su necesidad de financiarse a pesar del Estado español; el impuesto que también se propuso en la época de Calderón de un impuesto a las ventas del 2% etiquetado a la pobreza -rechazado por el Legislativo- o proponer un impuesto al patrimonio, que aunque va en desaparición en algunos países, a Catalunya le ha permitido recaudar cerca de mil millones de euros con un PIB de 220 mil millones. En su momento, el Impuesto al Activo -los que se acuerden de él en la época de Salinas- permitió un incremento de la recaudación de 0.24% del PIB, lo que en el escenario menos atractivo le daría al Estado más de 2,000 millones de pesos.
Guanajuato tiene poco margen de maniobra en materia fiscal, pero debe aprovechar de modo inteligente los huecos que le da la Constitución y la Ley de Coordinación para poder ejecutar su Presupuesto de Egresos, reanimando la economía, sin necesidad de acudir al endeudamiento. Como dice el título de un libro: Crecer sin deuda.