Nadie los busca
Parientes de desaparecidos padecen en Guanajuato un doble calvario: la incertidumbre por su pérdida y la indiferencia de las autoridades ante su tragedia.
El drama de los desaparecidos
En Guanajuato, las familias de personas desaparecidas viven un calvario. Sufren la angustia de no saber si están vivos o muertos. Y lo peor, la autoridad no los busca.
Ante una realidad que las autoridades la niegan, los familiares encuentran la forma de organizarse para hacerse escuchar y exigir ¡ya basta, aquí estamos!
En vísperas de la fiesta y el descanso de la Navidad (que para ellos no existe ninguna de las dos) familias de 54 desaparecidos guanajuatenses insisten en una reunión cara a cara con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
El colectivo “A tu encuentro” agrupa a 32 personas desaparecidas: 28 hombres y 4 mujeres, 19 desaparecidos en 2019, ocho en 2018, tres en 2017 y dos en 2016, que son casos principalmente de Irapuato, y otros de Celaya, Salamanca y León.
Otra agrupación, “Justicia y Esperanza” de San Luis de la Paz, integrada por 22 familias desaparecidas desde 2011 en su intento por cruzar la frontera a Estados Unidos. Ese caso es atendido por las autoridades federales sin resultados.
En Irapuato, el año 2019 ha sido crítico en desapariciones. No es casualidad que ahí nació el colectivo “A tu encuentro” para encontrar acompañamiento y fortaleza en todos los familiares, y unidos ser más fuertes. Lo coordina de forma desinteresada un joven criminólogo salmantino, José Gutiérrez Cruz.
“Nuestra búsqueda de justicia, nuestras ganas de preservar la memoria viva de nuestros seres queridos y nuestro peregrinar en las instituciones, en medio del maltrato y la mentira, requieren de la respuesta de la más alta investidura del Estado”, dice la carta que dirigen al Gobernador el 21 de diciembre pasado.
En la Oficialía de Partes de Palacio de Gobierno la recibieron y sellaron con fecha el 8 de enero del 2020, cuando la burocracia estatal regresa del periodo vacacional.
La primera petición la hicieron en las mesas de trabajo los días 25 y 29 de noviembre en el Congreso del Estado a las que fueron convocados -luego también de la presión de otras organizaciones de la sociedad civil-, para ser escuchados y tomados en cuenta en la elaboración de las leyes sobre víctimas y desaparecidos.
Las diputadas Lorena Alfaro y Libia Dennise García se comprometieron a utilizar sus gestiones para apoyar a las familias. El 16 de diciembre los colectivos entregaron la solicitud con la intención de tener una reunión antes de que concluyera el 2019.
Luego del último oficio y las notas en prensa los familiares recibieron llamados para ser recibidos a partir del 8 de enero por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala. Ellos respondieron que no, primero quieren una reunión todos y con Diego.
Y así termina el año, no hay todavía una fecha y hora para el encuentro.
La primera cita la quieren con el Gobernador (ni siquiera con el fiscal Carlos Zamarripa) con el propósito de sensibilizarlo de que las tragedias tienen nombre y apellido, no son un número más. Y con su intervención hacer que la Fiscalía, a la que han aprobado el presupuesto que pide, destine los medios para investigar.
Le recordarán a Diego que en Guanajuato no existe una Comisión Local de Búsqueda y que el Fondo de Apoyo para Víctimas no los reconoce como tales.
Una buena noticia es que la Comisión Nacional de Búsqueda contará para el 2020 con 720.3 millones de presupuesto para buscar a 40 mil desaparecidos en el País, 262.8 mdp para su operación y 457.5 mdp para subsidiar a 29 comisiones locales. La malo es que hoy nada llegará a Guanajuato pues es una de las tres en falta.
Desde luego que después de estar con Diego cada caso merecerá un seguimiento particular, pero siempre con el respaldo de ambos colectivos (activistas y/u otras ong´s). Que ni se asusten las autoridades con las asociaciones y que no intenten dividirlos. La unión hace la fuerza y más cuando se trata de una causa común.
Guanajuato no reporta una cifra real de desaparecidos, carece de un registro confiable con el nombre, edad, ciudad, fecha, y carpeta para seguimiento.
Basta recordar la puntada de risa loca de la fiscal especializada en delitos de Desaparición Forzada, Yolanda Ramírez, cuando fue invitada al Congreso del Estado donde les dijo que sólo tienen ¡11 denuncias! Por supuesto nadie le creyó.
Lo mismo pasa con el hallazgo de fosas con cuerpos que la Fiscalía no registra.
En los dominios del fiscal Zamarripa, los familiares se topan con la burocracia en su máxima expresión. Las agencias del Ministerio Público están “al full”. Todos coinciden en lo mismo, son vueltas y vueltas y nada avanza, porque nadie busca.
Guanajuato vive en particular desde 2017 hasta la fecha un espiral creciente de violencia que este año rondará en las 3,500 víctimas de homicidio doloso.
En contraste es de las pocas entidades con pendientes legislativos en la atención a víctimas y desaparecidos. La presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso Local, la panista Libia García, comprometió que el primer semestre de 2020 esa legislación estará aprobada y cumplirá con los estándares internacionales.
Eso será un gran avance. Pero lo más importante no estará en la Ley, sino en la voluntad política y la capacidad humana y tecnológica del Estado y de la Fiscalía.
El Estado (con mayúscula) debe garantizar el derecho a ser buscado. Punto.
ISN, ya es hora de invertir
A un año del incremento del 2 al 2.3% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) todavía no se aplica la sobretasa en los proyectos de desarrollo social y seguridad prometidos.
Ese aumento de impuesto fue una petición de algunas cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil en un documento que le entregaron en la campaña a Diego Sinhue llamado “Propuestas Guanajuato 2018”.
La justificación era etiquetar esa sobretasa para proyectos de impacto que presentaran las ong´s (el 0.2% en lo social y el 0.1% en seguridad). El modelo era aterrizar ese financiamiento a través de dos fundaciones de segundo piso: “Fe Guanajuato” para lo social y “Actuando por Guanajuato” para la seguridad.
Por lo complejo que fue el armar el sustento técnico-jurídico y financiero de este nuevo esquema de inversión, pero también por las grillas empresariales para ponerse de acuerdo, todo caminó muy lento y un año después no aterrizó un peso.
Lo bueno es que parece que ya todo está -ahora sí- perfectamente planchado para que arranque el 2020 con el lanzamiento de la convocatoria y cualquiera organización civil que cumpla con las reglas, aspire a recibir ese financiamiento.
El 6 de diciembre representantes empresariales de León, Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y Salamanca, tuvieron encerrona para ponerse de acuerdo en los puntos pendientes y lograr una distribución justa y equitativa de ese gasto.
El 17 de diciembre se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las Reglas de Operación del Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en Materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para Guanajuato, al que llaman el FIDESSEG.
El fideicomiso tiene dos subcomités, el de Desarrollo Social y el de Seguridad. En el primero participan leoneses como Adolfo Gómez, David Herrerías y Jorge Gómez, y en el segundo Eduardo Gómez, entre otros representantes de más municipios.
El 14 de enero el Consejo Técnico de ese fideicomiso, adscrito a la Secretaría de Gobierno que comanda Luis Ernesto Ayala (en el que participan buena parte de titulares del gabinete estatal y representantes de los cinco consejos coordinadores empresariales de la entidad), sesionará para publicar, ahora sí, la convocatoria.
En lo que sí hubo mayor avance fue en la aplicación del 2% del ISN cuyo destino fue autorizado por el Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares del Estado de Guanajuato.
Diego le cumplió a los empresarios en que por primera vez, luego de 13 años de cobrar el ISN, ese órgano auxiliar no fuera testigo de palo y sí decida. En agosto aprobaron 16 proyectos por un monto de 3 mil 478 millones para 2019 y 2020.
En León eso incluye el puente Morelos-Téllez Cruces en proceso y otros dos pendientes: modernización del entronque a Comanjilla y el Hospital de Traumatología.
Para el 2019 el pronóstico de ingresos por el ISN fue de 3 mil 894 millones de pesos, eso significa que sólo la sobretasa del 0.3% equivale a unos 507 millones de pesos que estarían disponibles para ejercer arrancando el 2020.
El 2020 se mantendrá la misma tasa del 2.3% para el ISN. Pero ya no habrá pretexto para no ejercer en tiempo y forma esos recursos que son de todos.
Partidos, fríos
Los partidos políticos en Guanajuato terminan un año más alejados de la gente.
El dominante panismo libró el 2019 sin sobresaltos. El jefe estatal, Román Cifuentes, de la mano del secretario general, Lalo López Mares, concluyeron con la renovación de estructuras en los 46 comités municipales, el Consejo Estatal y las propuestas de 18 guanajuatenses al Consejo Nacional, sin mayores complicaciones.
La vida interna del PAN está en son de paz bajo el cobijo de la influencia que todavía tiene el exgobernador Miguel Márquez y sobre todo la de Diego Sinhue y lo que representa la nómina estatal y la de gobernar 25 de los 46 municipios.
La postura crítica de Fernando Torres Graciano, diputado federal, se ha diluido. El estira y afloja no está en el partido sino en las riendas detrás del poder que ejerce el poderoso jefe de gabinete, Juan Carlos “Charly” Alcántara, y la secretaria particular de Diego, Juana de la Cruz, que guardan las formas pero libran su batalla interna.
La mayor amenaza electoral del panismo está en Morena, pero en Guanajuato fueron noticia en 2019 (y seguirán en 2020) por la “guerra” entre el diputado local salmantino Ernesto Prieto y la actual mandamás, la sinaloense Alma Alcaraz.
Su mayor activo sigue estando en el expanista, excandidato a la gubernatura por Morena, y hoy titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, quien tiene la mira puesta en el 2024 y ya trabaja -sobre todo en León- para plantar cara en el 2021.
El PRI cierra el año con señales de vida y abrirá 2020 con elecciones internas para renovar sus comités municipales, después los consejos políticos municipales, el Consejo Político Estatal y ya por abril, tendrá su prueba de fuego con el proceso para la nueva Presidencia y Secretaría General del periodo 2020-2023.
La potosina Ruth Tiscareño y el leonés Alejandro Arias tienen la encomienda de los capitanes del barco, “Alito” y Carolina, de llevar a buen puerto esa tarea, y se despedirán.
La exdiputada federal fresera, Yulma Rocha (quien además coordinó la campaña de Alito en el terruño) parece puesta para buscar la Presidencia del partido. No será una batalla fácil pues enfrente no se van a dejar los del grupo del excandidato a gobernador, Gerardo Sánchez, quienes tuvieron las riendas durante cinco años, y de otras tantas tribus.
El Partido Verde mantiene estabilidad interna con el timón de Sergio Contreras. Uno de sus mayores activos, el celayense Felipe Arturo Camarena, tomó distancia luego de la campaña a Gobernador donde no pudieron alcanzar la votación esperada.
Aunque a nivel nacional juegan con Morena, en el estado quieren -como fue en 2018- ir solos en las candidaturas de 2021 y probar de qué están hechos. En el caso particular de Sergio su proyecto está en repetir por la Alcaldía de León, solo o en una eventual alianza opositora que hoy todavía no tiene visos de consolidarse.
El PRD en extinción, con dos diputados locales enfrentados por las prerrogativas y una dirigencia ausente. El PT con la única legisladora de mayoría que arrebató un distrito al PAN -en Salamanca– , pero que está del lado azul y no con la oposición.
Movimiento Ciudadano tomó la bandera en contra del alza al transporte en León y las estancias infantiles; tiene un legislador local y otro federal que poco aparecen.
Y Nueva Alianza nació y sobrevive sin ninguna estructura ni peso específico.
Ninguno de los partidos políticos con registro en Guanajuato, que por cierto en el 2020 ejercerán recurso público por $156 millones, cumplen hoy con su función social de ser representantes de los ciudadanos que exigen seguridad y bienestar. Así de simple.