Esta semana el prestigiado diario español “El País” y la revista Nexos publicaron un texto de Karina García Reyes, basado en su tesis doctoral, en donde plantea, desde entrevistas con diversos personajes implicados en el negocio del narco, cuales son las más profundas motivaciones que propician la incorporación a esa infernal actividad criminal.
La doctora García Reyes desarrolló su estudio en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, y en él, entre otras cuestiones presenta tres que nos llaman la atención: 1.- Que para atacar las causas de la brutal violencia que padecemos, debe de actuarse desde el ámbito local.
2.- La urgente necesidad de la desmilitarización.
3.- Des institucionalizar la violencia.
Si tomamos en cuenta el terrible conflicto que se vive en Guanajuato, más vale que las autoridades verifiquen el tamaño del problema que hay que enfrentar, y constaten que hoy por hoy, no cuentan con el equipo humano necesario para acometer las tareas ineludibles para pacificar la región.
El primer punto es que las Policías, en el estado en que se encuentran, son parte del problema, no de la solución. Que insistir en mantener al funcionario a cargode la Policía estatal en el puesto, acabará convirtiéndose en uno de los más significativos lastres para el gobernador Rodríguez Vallejo. Se debe de ir ya.
La acción inicial que debe de emprenderse, es la profesionalización y depuración de las Policías municipales. Pero estas no pueden ser mejoradas, a causa de la paupérrima calidad de los gobiernos municipales.
Los ayuntamientos, en su mayoría están formados por políticos egresados de un ambiente partidocrático, cuyo perfil es el de siniestros operadores políticos, inmiscuidos en la transa y el desaseo en los asuntos públicos.
Bajo la conducción de estos nefastos personajes, la vida local está condenada al fracaso administrativo y a la pillería legendaria de esta escoria política.
No son confiables, salvo casos excepcionales, no poseen virtudes cívicas y administrativas y por lo tanto, nunca podrán construir organismos policiacos funcionales. ¿Cómo le hará Diego Sinhue para arreglar esta explosiva cuestión? Para empezar debe de gobernar poniendo el ejemplo, y hasta ahora, el área policiaca estatal presenta muchas más dudas que certidumbres sobre su desempeño. Mal fario.
Los municipios aparte de formar buenas Policías, necesitan implementar programas muy bien estructurados de intervención, para desarticular la violencia intrafamiliar (el odio hacia el padre violador y golpeador) y el pandillerismo, que es la simiente de la violencia que padecemos.
No es mediante incursiones policiacas, sino con la ayuda de trabajadores sociales, sociedad civil organizada, sociólogos, antropólogos y psicólogos, que se puede empezar a paliar el machismo predominante que está despedazando a nuestra sociedad.
Las acciones militares, tienen que ser quirúrgicas. La presencia militar, está probado académicamente, solo contribuye a producir más muertes y violencia, al fijar en el subconsciente colectivo de los criminales, sus características de respuesta violenta.
Si lo que deseamos es continuar incrementando la mortalidad de la conflagración que padecemos, la receta es muy sencilla: más militares en las calles, y menos intervención netamente policiaca y de reconstrucción del tejido social.
Por último, se requiere combatir el proceso de institucionalización de la violencia que hemos ido implementando, esencialmente por falta de orientación de una disciplina fundamental: la sociología jurídica.
En cambio hemos intentado apagar el fuego con gasolina, extremando penas y olvidando los procesos de readaptación. Pregunta: ¿a cuántos primo delincuentes hemos reformado? Confundimos la criminalidad con el terrorismo y nos enorgullecemos de encarcelar a ciudadanos por ese supuesto delito.
Fomentamos también la posesión de armas de fuego, al modificar la ley para establecer la defensa propia automática, cuando se lesione o asesine a cualquier persona dentro de un domicilio privado.
Y no se diga de la violación al principio de presunción de inocencia, al imponer la prisión preventiva oficiosa indiscriminadamente.
Gran culpa tienen de ello los diputados irresponsables, incapaces de acudir a la consulta con sociólogos, criminólogos y antropólogos sociales.
Prefirieron responder al clamor de sus indignados representados, imponiendo la política de la cachiporra… a golpes y sin inteligencia. Muy primitivos.
Las entrevistas puntuales con más de treinta criminales, distribuidores, sicarios, transportadores y guardaespaldas, recogen una vida de violencia desde la juventud, así como el insensato abandono de esos problemas por parte del gobierno, especialmente el local, quién por si fuera poco, también es el encargado de controlar la violencia intrafamiliar, que parece ser, el origen de todos los males.
Nos encontramos frente a una niñez acosada por adultos bestiales, una sociedad anodina ante estas cuestiones, vidas tiradas al caño y la basura, así como la plegaria de estas victimas, convertidas a su vez en monstruosos sicarios, por un alivio definitivo: morir.
Dramático y tenebroso paisaje. Reto enorme para una administración estatal mal armada y para gobiernos municipales (muchos de ellos) ladrones e irresponsables.