El programa federal “jóvenes construyendo el futuro”, es una de las cinco estrategias de desarrollo social del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de su partido Morena, en la llamada “cuarta transformación”.
He insistido en este espacio (por años) en que el diagnóstico de lo social que hace el presidente AMLO, es el más certero -por lo menos de los últimos cinco Presidentes de la República-, pues identifica la causa raíz de la situación de violencia, y que está en las enormes desigualdades sociales que se reflejan en un 55% de paisanos en condiciones de pobreza según el Coneval (Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social).
Donde vienen mayores diferencias entre los partidos políticos, es en las estrategias para disminuir esas brechas que claman al cielo.
La izquierda históricamente ha planteado que es a través de la inversión en gasto social y en políticas redistributivas de los ingresos gubernamentales (impuestos), como se pueden reducir esas desigualdades.
AMLO planteó como nadie lo había hecho antes, apoyos a los adultos mayores, a los grupos marginados en zonas indígenas y también a los jóvenes (que son tres cuartas partes del ejército de terroristas, malandros o delincuentes) y que es entre quienes se recluta esa milicia de la muerte pues no ven oportunidades en el futuro para crecer.
Por ello es que AMLO planteó este programa administrado desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que creara oportunidades a través de becas de trabajo (no empleos formales) y que incrementarán la probabilidad de inserción laboral a través de una capacitación de al menos un año en empresas.
El proyecto tiene una vertiente positiva al armar una red de vinculación con empresas, pero también otra negativa al ofrecer dádivas que son perniciosas entre muchos jóvenes que no tienen una cultura del esfuerzo.
El programa en el cierre 2019 a nivel nacional, de acuerdo a datos oficiales, muestra buenos resultados en número de beneficiados y en los apoyos que fueron entregados y donde participó una red de miles de empresas mexicanas.
En el pasado ya se habían hecho esfuerzos de este tipo como las becas Probeat pero que no se pueden comparar en tamaño desde luego, pero que ya tenían este enfoque de atender a grupos vulnerables para que a través de la capacitación se incrementará la probabilidad de colocarse en el medio laboral.
Los programas de estadías de las universidades tecnológicas, el plan 3 -3 del Conalep, son esfuerzos equivalentes que sí se han reflejado en una alta inserción laboral.
“Jóvenes construyendo el futuro”, a pesar de la insistencia del Presidente de querer ubicarlos como empleos formales y con eso reducir las cifras crecientes de desempleo en el país, así como la baja en el crecimiento de las plazas formales (con datos oficiales del IMSS) no son empleos.
Son en realidad capacitaciones temporales, con una ayuda, muy similar también a programas como los que en México se implementaron con organismos como la Coparmex en los llamados “programas duales”.
Mi experiencia en implementar por primera vez en León los programas de estadías desde la Universidad Tecnológica de León y conociendo esquemas de apoyo público para jóvenes en condiciones sociales de pobreza, es que el éxito depende directamente de: la capacidad del gobierno de poder evaluar la red de inserción laboral, es decir, que las empresas en realidad existan.
Que no exista corrupción en el empresario para realmente canalizar el recurso al estudiante, que no se otorguen a cambio de participar en actividades del partido en el poder y en que sea congruente la capacitación con la actividad económica de la empresa.
Considero tener bastante cercanía y conocimiento de los fenómenos laborales y educacionales en Guanajuato y por ello me di a la tarea de hacer una investigación breve, para que a través de un sondeo en 125 casos (con el apoyo de estudiantes que cursan la materia de investigación social) y evaluar hasta dónde este programa “jóvenes construyendo el futuro” con un propósito tan noble, ha logrado su objetivo en el primer año de operación.
Las anécdotas en estos casos no son útiles, pues conocí de primera mano el caso de estudiantes, así como por referencias de amigos empresarios, de cómo se han dado casos de distorsión del programa, en donde el empresario retiene una parte al estudiante y la solicita a cambio de aparentar que realiza la actividad económica. Se trata de datos objetivos.
En este sondeo realizado en la misma proporción de la pirámide poblacional me referiré a los casos (en este caso 72 en el municipio de León), segmentado en actividades de sector primario, secundario y terciario, para mostrar que el programa ha cumplido en su primer año, sólo parcialmente los objetivos, dado que la probabilidad de que permanezca en el trabajo es de menos del 15% (el caso de las estadías de la UTL es mayor del 65%).
Será de desear que este porcentaje se incremente para que tenga efectividad el recurso público, pero también para que los sueños de los jóvenes no se trunquen.
Omitiré en mi análisis las consideraciones sobre el perfil idóneo del beneficiario del programa, pues probablemente por la urgencia de implementarlo, se omitió -o por lo menos se ampliaron- los criterios para la selección de los beneficiarios.
No identifiqué en el estudio que se haya recurrido a las redes naturales que existen en la educación media superior y en los centros de educación para el trabajo, ya sea federales, estatales, municipales o privados.
En el caso de León hubiera sido deseable la participación de instituciones con amplia experiencia como el Cipec, como los Cecatis o los Cbtis, pues cuentan con redes que hubieran permitido la mejor selección de las empresas receptoras que pueden asegurar a futuro la eliminación o reducción de casos de corrupción en donde el recurso para el estudiante no sea desviado y en realidad cuenten con opciones de trabajo.
Todo lo anterior, incluyendo el riesgo que advertimos algunos Consejeros del INE de que se convierta la entrega en “delito electoral” al entregar apoyos a nombre del presidente AMLO y no del Gobierno de México.