La insana distancia
En la crisis sanitaria, frente al presidente, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez estira la cuerda, pero no la rompe.
Los gobernadores del PAN se pusieron los guantes esta semana y exigieron al Gobierno Federal respaldo para enfrentar la emergencia sanitaria y económica.
En videomensaje el 15 de abril, Diego le dice a AMLO: “Las medidas anunciadas por usted benefician a un solo sector de la población y no contemplan realizar un esfuerzo con las micro, pequeñas, medianas empresas, ni con el sector laboral.
“De colapsar, el costo social sería brutal, los esfuerzos que los gobiernos estatales hemos emprendido son absolutamente insuficientes, urge una intervención federal amplia, decidida, incluyente y suficiente. Que el gobierno haga uso de todos los instrumentos a su disposición y articule un programa de emergencia económica“.
Diego enlista las 7 acciones que la Asociación de Gobernadores del PAN planteó en su carta al Presidente: estímulos fiscales, diferir el pago de los impuestos un trimestre; financiamiento a MiPyMES; ingreso básico a trabajadores informales; incremento extraordinario de presupuesto a los estados para salud e infraestructura.
Así como agilizar el pago a proveedores y anticipar compras; posponer la entrega en vigor de las reglas de producción automotriz del T-MEC al 2021. Y un programa especial de promoción y atracción de inversiones en el sector turístico.
Hizo también un llamado a la unidad, a trabajar sin tintes ideológicos.
El 13 de abril, Diego lanzó otra solicitud; una petición a nombre de los 46 municipios a la Comisión Federal de Electricidad para reducir las tarifas de luz doméstica y de los sectores productivos durante la contingencia.
Hasta hoy, ninguna de las peticiones ha tenido eco. El anuncio del Presidente fue un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno a pequeños negocios, de todo el país, a entregar a partir del 4 de mayo, aunque en Guanajuato ningún representante del Gobierno Federal ha explicado el mecanismo para ese apoyo.
Peticiones en bloque
Otro bloque de gobernadores del norte se rebeló contra el Pacto Fiscal.
El independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez; el panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el priísta de Coahuila, Miguel Riquelme; y el de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, pactaron presionar por un cambio en la fórmula de distribución de los recursos federales que tiene 40 años sin moverse.
En septiembre de 2019 Diego Sinhue fue de los primeros en denunciar que el Pacto Federal tiene contra la pared a los estados. Esa vez dijo que “no tendría sentido seguir en el Pacto Federal“. El grito de alarma fue cuando cuando hubo la amenaza de quitar el recurso federal al sistema de salud de Guanajuato.
Al final la bomba no explotó, Guanajuato conserva la red de salud y solo firmó un convenio de colaboración y recibe los recursos federales.
Guanajuato aparecía en el 2019 en la lista como el penúltimo estado que más aportaba de ingresos fiscales a la Federación y menos recibía en participaciones, el tema, al menos por ahora, no ha vuelto a salir.
En materia de salud otros gobernadores han hecho reclamos. Enrique Alfaro, de Jalisco, acusó al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de poner trabas para aplicar más pruebas; Silvano Aureoles, de Michoacán, acusó al mismo funcionario de engañar a la población respecto a los tiempos estimados de la pandemia. Jaime Bonilla, morenista de Baja California, recriminó cifras equivocadas de muertos.
Diego se ha limitado a unirse con sus colegas de Acción Nacional, como al reclamo de recursos o por la calidad de los insumos (como las famosas batas), pero sin hacer señalamientos personales en contra de ningún funcionario federal.
El Góber además sigue esperando respuestas a su petición de apoyo para proyectos de infraestructura claves para el sexenio, como la autopista Silao-San Miguel de Allende y la ampliación de la carretera Silao-San Felipe. El acueducto El Zapotillo sigue en veremos y del tren León-Querétaro parece de plano enterrado.
Ya veremos después de que pase la emergencia sanitaria qué camino toma la relación entre Diego y López Obrador, hoy parece distante.
Rescate al empleo
Con o sin apoyo Federal, Diego Sinhue y sus secretarios están obligados a emplear todo su talento e imaginación para enfrentar la emergencia sanitaria y económica.
En el tema económico, los 800 millones anunciados por el Estado inicialmente para programas de empleo temporal y créditos a pequeñas empresas son una aspirina para el cáncer. Ahora parece que preparan un tratamiento intensivo.
Diego presentará un paquete mayor de estímulos. No esperará a que los diputados le aprueben una deuda mayor sino que dispondrá de los 3 mil millones de pesos del Impuesto Sobre Nómina que estaban destinados para grandes obras.
El viernes sesionó el Consejo Consultivo para el Seguimiento y Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares, es decir, los que deciden en dónde gastar el dinero recaudado. El acuerdo fue olvidarse de las obras y destinarlo a dar empleo.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, pedía 5 mil millones de pesos para el rescate de los diferentes sectores productivos de todo el estado y parece que logró 3 mil, por lo pronto, porque esperan que la bolsa crezca. Diego no ha dicho nada del tema pero seguro estuvo de acuerdo .
Las leyes impiden solicitar deuda pública para financiar programas (ya sea de empleo o del que fuera) y lo limita a obra pública. Por eso tomarán del Impuesto Sobre Nómina, pero bajo la condición de que esos 3 mil millones deben de regresar más pronto que tarde para cumplir con los proyectos aprobados hace un año.
Préstamos para obras
De cualquier manera, Diego podría pedir dinero prestado y construir las obras proyectadas. Para León: el distribuidor vial del entronque carretera 45 con Comanjilla y el Hospital de Traumatología (en las instalaciones del viejo Hospital General que por ahora fue habilitado como Hospital de Atención Covid-19).
Otros proyectos en cartera que estaban programados con el impuesto sobre la nómina, y que por ahora se tomarán prestados para disminuir el desempleo, son: Parque Intermodal en Celaya que tenía 650 millones, a la carretera Silao-San Felipe se le habían etiquetado 433 millones, la Torre de Especialidades Médicas de Irapuato 70 millones y la segunda etapa del distribuidor Santa Fe, en la capital.
Las grandes obras pueden esperar, la prioridad es el empleo.
Salud, la hora crítica
En el país, y en Guanajuato, el viernes 17 se registró el día de más contagios.
De un día a otro se disparó en 27 casos en Guanajuato para alcanzar los 140. El crecimiento lento, en casos y muertes, empieza a acelerarse.
El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que han invertido unos 350 millones en insumos, equipamiento y la reconversión de unidades médicas para cuando inevitablemente se tenga que enfrentar la fase tres del crecimiento y aumente la demanda de atención hospitalaria.
A los 350 agrega 75 millones para otorgar un bono al personal médico que día a día enfrentan el peligro de contagiarse.
Del IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, no hay información de cómo se han preparado, ninguno de sus representantes estatales sale a declarar una palabra.
El Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío está listo para la emergencia.
El Secretario de Salud aparece seguro y tranquilo de lo que se está haciendo aunque nadie conoce el tamaño del enemigo.
Lo peor ya viene. No es momento de titubear. Los alcaldes tienen la instrucción de ser enérgicos en hacer cumplir las medidas de aislamiento social sí o sí.
Las preliberaciones
Esta semana, el Poder Judicial de Guanajuato revisará el escabroso tema de liberar algunos pocos reos no peligrosos como medida de prevención ante la pandemia.
La liberación consistirá en que salgan de las cárceles porque deberán cumplir su sentencia con brazalete de monitoreo.
No hay más detalles pero el asunto se resuelve este martes. La prioridad son las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
Otros factores a considerar son: la naturaleza del delito, la magnitud de la pena y el tiempo compurgado, que al salir no represente un riesgo objetivo y razonable para las víctimas u ofendidos, los testigos que depusieron en su contra y la sociedad, su conducta durante el internamiento, la evaluación del cumplimiento de su plan de actividades y la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido.
Así como el no estar sujeto a un proceso diverso que amerite prisión preventiva y la posibilidad de supervisión a través del monitoreo electrónico.
Eso sí, el que se vaya a casa está obligado a cumplir con el quedarse en casa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 10 de abril una resolución sobre la pandemia en la que recomienda este tipo de medidas.
No hay que perder de vista que seis de los ocho ceresos estatales están sobrepoblados, según reveló el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 presentado en noviembre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los ceresos de Guanajuato y Valle de Santiago son los únicos que no están al tope, pero en el caso de éste último el informe reporta presencia de actividades ilícitas.
En el Cereso 1000 hubo caos y riñas en protesta por las medidas de seguridad ante el Covid-19 y por el control del penal.
La Secretaría de Seguridad del Estado salió cinco días después a decir que todo estaba bajo control, y toca a Derechos Humanos no sólo pedir informes, sino intervenir, tomar testimonios y verificar directamente las condiciones del penal.
Desprotegidos
El asesinato de tres elementos de Tránsito y Policía Vial en Celaya, volvió a dejar en claro la vulnerabilidad de los agentes que brindan seguridad en el municipio.
A pesar de la emergencia por el Covid-19, la violencia no tiene fin en Celaya y esta semana volvió a estar en el ojo de huracán con el secuestro de un agente vial, su posterior hallazgo sin vida y el asesinato de otros dos elementos, un día después.
Esta situación provocó el paro laboral durante algunas horas de una parte de los elementos de la corporación, con el objetivo de pedir garantías de seguridad al secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental.
Para nadie es un secreto que durante más de una década, la corporación de Tránsito de Celaya ha estado relacionada con actos de corrupción. Muchos de los directores que han encabezado esta dependencia se han hecho de la vista gorda.
El cambio de nombre de Tránsito y Vialidad a Policía Vial durante la administración anterior fue un intento de dignificar el trabajo de los uniformados e inclusive se habló de la posibilidad de dotarlos con armas de fuego. Nada de eso pasó.
La creciente inseguridad en Celaya provocó que la atención en mejorar las condiciones laborales (salarios y prestaciones) abarcara solo a los policías.
Avanza virus
El coronavirus avanza en Irapuato. En pocos días se disparó a 10 contagios comunitarios pese a las medidas preventivas implementadas desde hace un mes.
Esta semana comenzaron a controlar el acceso a la Zona Centro. Lástima, solo funcionó el primer día porque los siguientes días se relajó y los tránsitos dejaban pasar a todo vehículo, sin preguntar el motivo de su visita.
También la Presidencia Municipal compró túneles sanitizadores a pesar de que está en duda si sirven o no.
En las estadísticas mostradas por la Presidencia de la República, Guanajuato no aparece entre los mejor portados y los irapuatenses son un ejemplo de “no quedarse en casa”.
Pero no es la única problemática que el virus ha generado, pues también tiene contra las cuerdas a sectores como el campesino. Los agricultores han tenido que malbaratar sus productos o dejar que se les echen a perder porque no hay consumidores.
DA