El martes 21 de abril próximo pasado, en las páginas de este diario (AM2-B3) se publicó la columna de Carlos Loret de Mola intitulada “Me está pidiendo violar la ley, dice líder del CCE a AMLO en carta privada“.
Al dar lectura a esta entrega del periodista llamó mi atención el párrafo donde señaló que el Sr. Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, declinó comentar algo sobre el asunto de una carta privada que había enviado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; es más, que aún días antes de “tener el texto en sus manos” le dijo el empresario que quería “mantener el carácter privado de la comunicación”. No obstante esa petición, Loret revela y transcribe el contenido íntegro de esa carta privada.
La acción de este periodista de gran experiencia y trayectoria nos causa sorpresa por su falta de discreción y respeto a la privacidad de los comunicados, aún a ruego expreso del autor de la carta mencionada, violentando su confidencialidad.
Quizás pudo más su rencor y proclividad compulsiva a atacar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en este caso, sin razón ni mesura, lo cual, en ocasiones, le resta credibilidad y quiso aprovechar lo que parecía muy estridente al revelar que su blanco preferido “inducía a violar la ley” a un líder empresarial. Pero al leer el texto, resulta que no. Su apreciación fue errónea, pues varios amigos abogados hemos comentado vía telefónica y por mensajes que no encontramos cual sería la “violación a la ley” en la que podría incurrir el Sr. Carlos Salazar Lomelín al invitar, incitar o recomendar a sus agremiados representantes de quince consorcios a que paguen sus adeudos de impuestos por más de 50 mil millones de pesos, que le solicitó el Presidente López Obrador.
Podemos deducir del contexto epistolar que primeramente el Sr. Salazar, pidió ayuda para diseñar un programa que abarcara 90 días para ayudar a las empresas, ante la crisis económica que padecemos por la pandemia que nos mantiene encerrados en cuarentena, difiriendo el pago de impuestos, postergando el pago de créditos fiscales vencidos; ojo, no se solicitó ninguna condonación. Pero desafortunadamente, no es posible, esto que pareciera lógico y factible, porque estos privilegios deben ser de carácter general y no se podría excluir a estos empresarios morosos e incumplidos, pues causaría mayor indignación en la población el que todavía se les beneficiaria más de los 50 mil millones de pesos que ya adeudan. Y si acaso hubiera un mecanismo para omitirlos, se les estarían otorgando armas para promover juicios de amparo alegando ser exceptuados o discriminados de esos beneficios, lo cual sería peor.
Luego entonces, lo más razonable era pedirle su ayuda para que esos agremiados, en estas circunstancias, cumplieran primero y luego sí favorecer a todos. O, ¿qué haría usted amable lector?
Ahora bien, para concluir, quedan muchas preguntas en el ánimo de nosotros sin respuesta alguna. ¿Quién le entregó copia, el texto, o la carta original a Loret? ¿Cuál es la autoridad moral que ejercen los líderes empresariales sobre sus agremiados para exhortarlos o conminarlos a cumplir sus obligaciones fiscales? ¿Por qué el mutis de los demás empresarios, como complacientes con quienes persisten en no pagar los adeudos fiscales multimillonarios? FIN.