El Gobernador se guarda 

El góber Diego Sinhue tomó la decisión de ceder a otros la bandera en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Caray, tenemos ganas de que Diego participe en las ligas mayores y aparezca como el Gobernador que refleja el sentimiento de miles y miles de mexicanos: AMLO nos conduce al despeñadero. 
La idea inicial de integrar una alianza de gobernadores es de Diego. Fue uno de sus grandes objetivos al lanzarse como candidato del PAN y lo logró. Sus colegas de los estados del Centro-Bajío-Occidente, apoyaron la iniciativa con entusiasmo.
Uno de los objetivos era empujar fuerte el desarrollo de la zona además de ser un un bloque opositor contra decisiones de López Obrador que atentan contra el federalismo.
El frente Centro-Bajío-Occidente sí se armó, pero otro grupo de gobernadores se lanzó más pronto y oportunamente al ruedo. Sin importar que son de diferentes partidos, se unieron Nuevo León, Coahuila, Colima, Tamaulipas, Durango, Michoacán y Jalisco. Ya suman once encuentros y comenzaron con rechazar el  semáforo federal de Hugo López Gatell porque de un plumazo pintó a todo el país de color rojo.
Mientras vemos a Enrique Alfaro, de Jalisco, enfrentar duro y tundido a López Gatell, el góber Diego Sinhue asume que los guanajuatenses no queremos más pleitos sino resultados.
Tampoco le gusta que más de alguno de sus colegas tenga motivos políticos para figurar en el ring nacional, por eso, no quiere juntarse con ellos y prefiere pelear solo.

Al estilo “Fox”

Por el estilo directo y sin rodeos, destaca Enrique Alfaro. Sin pelos en la lengua llamó cínico al vocero del Covid.
El viernes luego de una reunión en Colima, Alfaro dijo: Es increíble el nivel de cinismo del señor López-Gatell, ahora nos quiere echar a los estados la responsabilidad de iniciar un proceso de reactivación de la economía porque ya pintó a todos de rojo”.

Total que mientras Alfaro, a nombre de sus colegas, se lanza contra decisiones de la 4T,  la Alianza impulsada por Diego formada por Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y también por Jalisco, realiza reuniones y tiene a sus equipos trabajando en los planes y proyectos para la infraestructura regional y la atracción de inversiones. Tienen pendiente una gira a Singapur que pospusieron por la pandemia.
Otro frente opositor contra la política de AMLO, menos vistoso, es la Asociación de Gobernadores del PAN. Ahí sí va Diego Sinhue pero parece que evita ser el líder. Queda claro que nuestro Gobernador no quiere confrontar a la Federación ni a  AMLO.
Por lo pronto, Alfaro, según el ranking de gobernadores de Mitofsky, gana terreno en la opinión pública. Pasó del lugar 15 al 8, en diez meses.

Violencia y silencio

En otro año de espanto por la violencia en Guanajuato, el Gobierno estatal insiste en no hablar. 
No lo hizo antes de la cuarentena, no lo hace ahora, y tal vez no lo hará después. 
Lo más grave es que el silencio se ha vuelto normal en varios municipios como  Celaya en donde un día sí y otro también, claman por auxilio. La alcaldesa Elvira Paniagua medio despareció con la pandemia pero de plano se esfumó de la vida pública mientras se incendia la ciudad con crimen tras crimen.
Una fuente confiable explicó a un reportero que Elvira recibió la orden de esconderse cuando le pregunten sobre asesinatos. La Presidente acata la orden porque tiene miedo que la desobediencia le cueste caro. 
Seguramente al Gobernador nadie puede darle órdenes y él mismo decidió no hablar de inseguridad en el Estado y dejar esos asuntos en manos de la Fiscalía General del Estado y de su Vocera de Seguridad.
Para muestra, un botón, hace una semana, al terminar la presentación del “Plan de Acción Guanajuato” para la reactivación económica, Diego concedió entrevistas.
AM le preguntó: “En los primeros 19 meses de la Administración Estatal que encabeza se registraron 5,895 víctimas de homicidio doloso, 61% más que los últimos 19 meses del anterior gobierno que ya venía con cifras dramáticas de violencia homicida. ¿Aun así cree que vamos por el camino correcto?”.
La respuesta fue: “Yo creo que este anuncio es muy importante y quisiera que nos centremos en eso, yo te puedo dar una entrevista exclusiva para eso con Sophia Huett (Vocera de Seguridad), pero hoy lo importante es decir que hay un Plan de Reactivación Económica y que queremos que todos los guanajuatenses se sumen”.

Reactivación en riesgo

Durante su mensaje en evento sin público en el Teatro Bicentenario, Diego no hizo una sola referencia, ni incluyó algo relacionado con la seguridad. Lo que a todos queda claro es que no puede haber una reactivación sin Estado de Derecho.
La economía de Guanajuato sufre desde mucho antes de la contingencia sanitaria por el impacto que representa en la vida diaria el crimen organizado, huachicol, narcotráfico, extorsión, desapariciones de personas, los robos a mano armada.
El Gobierno federal y el Estado también hicieron mutis a los resultados publicados el 5 de mayo del “Índice de Paz México 2020”, que por primera vez en siete años de medición coloca a Guanajuato entre los cinco estados menos pacíficos de 2019, en lugar 28, sólo después de Baja California, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. 
Cada guanajuatense perdió por la violencia 47 mil 753 pesos al año, lo que equivale a 131 pesos diarios, más que subsidiar con un salario mínimo a cada uno.
Por habitante somos la séptima entidad que más perdemos dinero por la violencia, luego de: Colima, Baja California, Chiapas, Morelos, Guerrero, Quintana Roo
El efecto multiplicador de la economía se rompe con la violencia. Por ejemplo en Colombia hay estudios que prueban que las nuevas empresas tenían menos probabilidades de sobrevivir y tener utilidades si había altos niveles de violencia.
No se puede hablar de economía sin poner en el centro la seguridad ciudadana.

El incierto regreso

Mañana es el regreso a “la nueva normalidad“, a pocos días del pico de contagios, anunciado por los expertos.
No era posible mantener en pausa una economía más de dos meses. No se resiste. La instrucción es un regreso escalonado, ordenado, gradual, ese es el gran reto.
El Gobierno federal ya de plano presentó su mapa con 31 estados en rojo-rojo, con el señalamiento de máximo riesgo, y sólo Zacatecas en naranja. Las entidades federativas lo toman como el mensaje de que si esto se sale de control es su culpa.
La realidad es que no todo el país está en la misma emergencia frente al Covid-19
Pero tampoco Guanajuato, ni nadie, está para cantar victoria. Ya se dijo que el pico de contagios se prevé entre el 20 de junio y el 4 de julio, y en León un poco antes.
Guanajuato registra 135 muertos y la proyección de los matemáticos es de hasta 800. Ayer fue el día de mayor número de contagios diarios en el estado con 125.
El problema es que, aunque hay un Semáforo Estatal de Reactivación que indica los sectores económicos que deben regresar y en qué nivel, ya todos tienen una natural ansia por retomar las actividades, con el riesgo de que “la pasión” se desborde.
Eso significa que sectores no permitidos corran el riesgo de abrir, por ejemplo bares que ya en León sorprendieron hace una semana con gran ambiente y tuvieron que ponerles un estate quieto; o gimnasios que de plano operen en la clandestinidad.
Lo otro son comercios, como restaurantes, donde se marca el trabajar a un 30%, pero la emoción de que lleguen más clientes les haga pasar por alto la medida.
En el caso de las industrias textil y del calzado es hora que no aclaran lo que dice el semáforo, que sólo para proveeduría industrial y de salud. Eso se supone que ya lo podían producir. El alcalde Héctor López dice que no hay problema y lo que se entiende es que las fábricas que cumplan protocolos regresan a un 30 por ciento.
Pero el Gobierno del Estado no aclaró nada de ese semáforo y priva la confusión.
El sector automotriz tiene estrictos protocolos que cumplir y ya está lista. Las armadoras comenzaron desde hace días a realizar ensayos con su personal. Arranca General Motors, Toyota, Honda, Mazda, Hino Motors, y toda la proveeduría.

Transporte, alerta

Un foco rojo en las ciudades del corredor industrial, principalmente en León, será el transporte público. El regreso implica un repunte en la demanda y más usuarios en paraderos y estaciones, es decir, más usuarios en las unidades. Un gran riesgo.
En la semana el alcalde Héctor López sostuvo una encerrona virtual con dirigentes empresariales en la que también estuvieron los transportistas, cuya principal organización es comandada por Daniel Villaseñor. Hablaron de que las empresas escalonen entradas y salidas de su personal para evitar la saturación en horas pico.
La sanitización, uso de cubrebocas, y lo que quieran, no servirá con unidades llenas. Esa debe ser una de las principales preocupaciones de la autoridad ¿o no?

Ciudad del terror

Las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los abusos físicos y sexuales cometidos en la Ciudad de los Niños de Salamanca son una triste historia de impunidad que no puede quedar así.
El albergue se fundió en 1977, desde entonces al mando del padre Pedro Gutiérrez. Otras sedes abrieron en Moroleón, Irapuato, Morelia y la Ciudad Juvenil Salamanca.
El Gobierno del Estado no ha dicho nada todavía. El polémico nombramiento de Rosario Ibarra de Piedra como Presidente de Derechos Humanos fue descalificado por la oposición en el país y el gobernador Diego Sinhue se sumó al descontento.
En noviembre declaró: “No aceptaremos esas recomendaciones porque el origen está muy viciado. Sí las tenemos que contestar porque es obligación, pero la ley no nos obliga a acatarlas. No podemos permitir que se pisotee el estado de derecho”.
Ya veremos si Diego se mantiene en esa postura o cambia de parecer ante un tema tan delicado como el que se le pone sobre la mesa y que no puede ignorar, con el riesgo de pasar a la historia como uno más de la red de protección política que se le acusa sostiene al padre Pedro con el semblante de aquí no ha pasado nada.

Derechos Humanos acreditó actos de tortura contra 21 menores y 10 adultos con discapacidad; violencia sexual contra 9 adolescentes y 4 mayores de edad; trato cruel, inhumano y/o degradante en perjuicio de 17 menores y dos adultos.
Cuando el tema explotó gracias a la valiente resolución de la juez federal irapuatense, Karla Macías (la misma que también demandó abrir los cuarteles para buscar desaparecidos) en julio de 2017, para las autoridades del albergue el problema se limitaba al caso de una niña a la que castigaron quemándole la mano.
Los testimonios han dicho otra cosa, el abuso fue una conducta reiterada.
Tampoco ha hablado la Fiscalía que comanda Carlos Zamarripa, a quien le señalan una serie de omisiones en la integración de las carpetas de investigación.

A retomar el caso

En agosto 2019,  la Fiscalía General del Estado respondió a AM en una solicitud de información pública que había ejercido acción penal en cinco carpetas relacionados con la Ciudad de los Niños. Ahora será bueno conocer el estatus de esos procesos.
Derechos Humanos no sólo pide retomar esas averiguaciones, también anuncia denuncias por los hechos delictivos y en contra de servidores públicos que autorizaron y/o toleraron el funcionamiento de los centros de asistencia social.
En concreto en contra del padre Pedro no se tiene conocimiento de ningún proceso.
Artistas, políticos, líderes sindicales, todos arroparon por años esta causa. Fluyeron recursos públicos de los que también la CNDH en su resolución pide dar cuentas.
Recientemente el Congreso del Estado aprobó por fin una Ley de Víctimas. Aquí tenemos un caso para demostrar más allá del papel, que las víctimas sí importan.

DA

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