Aquel día el palacio municipal de Salvatierra, Guanajuato, se hallaba silencioso y un poco desierto. Buena parte del personal había faltado a sus labores. Quienes sí habían asistido se encontraban en estado de shock.
La ciudad había amanecido con la noticia de que tres altos funcionarios y un auxiliar administrativo habían sido acribillados la noche anterior en uno de los bulevares principales de Salvatierra.
Esa noche, 25 de marzo de 2019, la policía recogió 80 casquillos en el bulevar Juan Jesús Posadas Ocampo. Recogió también los cuerpos.
Tres de las víctimas se hallaban en el interior de un Dodge de color negro. La cuarta, que había echado a correr, fue localizada a 300 metros del auto.
Un diario local reveló que dos de los directivos eran oriundos del estado de Jalisco, y que el otro había llegado procedente del Estado de México.
El 7 de abril, en un operativo de la Marina y la Fiscalía General del Estado, fue capturado un sujeto apodado “El Mayor”. Era el jefe de plaza del Cártel de Santa Rosa de Lima, la organización que dirigía José Antonio Yépez, “El Marro”.
“El Mayor” fue acusado del asesinato de los cuatro funcionarios. En razón de su origen, el Cártel de Santa Rosa consideraba que estaban operando en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Todo esto fue olvidado muy rápidamente.
Salvatierra, sin embargo, aparecía enlistado entre los municipios con mayor índice de homicidios en el país. En 2018 había figurado entre los más violentos de México. Los asesinatos mostraban una tendencia constante de ascenso al menos desde 2015.
En redes sociales, los habitantes de este lugar reportaron que algunas noches se oían tiros, gritos; había ruido de persecuciones.
Nadie atendió lo que había detrás de esto.
La semana pasada, autoridades y colectivos que buscan familiares desaparecidos llegaron a Salvatierra y se encaminaron a un predio ubicado a espaldas del rastro municipal. Habían recibido denuncias de vecinos, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Miembros de la delincuencia organizada, según otra fuente, les habían entregado información, a cambio de beneficios.
Picando aquí y allá encontraron el “narcocementerio” más grande localizado hasta hoy en Guanajuato: más de 70 cuerpos sepultados a flor de suelo, bajo montículos de tierra removida.
La mayor parte de las fosas clandestinas localizadas en el país han sido halladas en cerros, en barrancas, en ranchos y predios apartados. El cementerio del Cártel de Santa Rosa se hallaba en las inmediaciones de la zona urbana, prácticamente a la vista de quien quisiera verlo. Esto solo puede explicarse de una forma: quienes llevaron los cuerpos al Rancho San Juan no tenían que cuidarse de la policía: podían hacer su tarea incluso con el cobijo, la protección de los cuerpos de seguridad.
Dos jefes de célula del Cártel de Santa Rosa, según testimonios obtenidos por las autoridades, emprendieron en Salvatierra una “limpia”. Sus víctimas eran interrogadas, torturadas y sepultadas en aquel rancho.
De ese modo construyeron el horror que hoy ha salido a flote.
En su última entrevista, antes de abandonar el cargo para buscar una candidatura en Sonora, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo sostuvo “que ninguna zona del país está actualmente dominada por el crimen organizado”.
Dos días más tarde, habían emergido en Salvatierra los primeros 59 cuerpos. El rosario dantesco de un país que no es el del exsecretario.