En una entrevista con Pascal Beltrán del Río en septiembre de 2018, Santiago Nieto, jefe de la UIF del gobierno entrante, criticó el “uso faccioso de instituciones” y se comprometió a “ser imparcial” en sus indagatorias. ¿Qué diría aquel funcionario discreto del Santiago Nieto que diario encabeza primeras planas?
Para este gobierno, las filtraciones de la UIF -reales o ficticias- son idóneas para presionar y difamar a quien se opone a su autoritario proyecto. En un país donde se asume que todo político es corrupto, nada es más fácil que abonar a esa percepción. Una vez que se hace esa acusación, no hay exoneración posible, el señalado estará marcado con tinta indeleble.
Las unidades de investigación financiera gozan de atribuciones excepcionales dado el importante servicio que prestan. Monitorear flujos financieros les permite, por ejemplo, drenar recursos de organizaciones criminales, previniendo el lavado de dinero. Por eso tienen licencia para ver detrás del velo de privacidad que protege las operaciones financieras que realizan los ciudadanos. Es de país bananero usar esos poderes con fines políticos, y por ello los lineamientos de FATF-GAFI expresamente lo condenan.
La promesa de AMLO de abatir la corrupción fue sólo estrategia electoral. Creó una ilusión que sólo sus más delirantes seguidores compran, pues no hay cómo explicar por qué no se han aclarado las andanzas de Pío, las transas de Felipa, o las casas de Bartlett e Irma Eréndira. Peña Nieto sigue de luna de miel, intacto. La aplicación selectiva de la justicia alcanza niveles que serían de risa si no fuesen un escándalo.
El plan de AMLO era traer del exilio a Lozoya, clave de los desvíos del sexenio pasado, para crucificarlo cerca de las elecciones de junio. A un gobierno sin logro alguno que mostrar, le urge recordarnos pecados previos. La filtración del video, donde su hermano Pío recibe efectivo, lo detuvo en seco. Los imputados no están mancos y el Presidente tiene larga cola que mana de campañas electorales y de años viviendo de quién sabe qué.
Ya que el PRI salió respondón y Lozoya vive en paz en su mansión, la segunda opción era ir contra el PAN, único partido que puede hacerles mella en junio. Se van contra Cabeza de Vaca, Lavalle, Pancho Domínguez y quien se mueva. En un desplante de arrogancia, la UIF acusa un día al gobernador de Querétaro y al día siguiente Santiago Nieto hace campaña por Morena en ese mismo estado, donde nació. Al diablo con los conflictos de interés.
Que conste que no asumo inocencia o culpa de los implicados. Hoy eso es lo de menos. En la elección pasada quedó claro que bastaba con inventar una acusación contra Anaya para herirlo de muerte. Pocos recuerdan que éste fue totalmente exonerado por las autoridades con el típico “usted disculpe”; el daño estaba hecho.
Ya antes se acusó y se congelaron las cuentas bancarias de la familia de Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte, cuando el Presidente quería su asiento. El ministro renunció y dos días después, en sábado, sus cuentas se liberaron. Jamás hubo proceso alguno, el chantaje funcionó. La misma espada pende sobre el presidente del Trife, quien le devolverá la candidatura al presunto violador Salgado Macedonio porque ya AMLO le dio línea. En el caso de Nuevo León, sin pudor se anuncia la investigación contra Samuel García. Su falta fue rebasar a la candidata de Morena en las encuestas.
A este gobierno la justicia le estorba, pero le interesa utilizar la presunción de corrupción cuando haga falta. No se les da garantía de audiencia a los difamados, pues ni siquiera hay investigaciones abiertas. El propio fiscal Gertz se ha quejado de la imposibilidad de judicializar denuncias sin sustento. La justicia es para amenazar, está ahí para vengarse. Sin recato, Rosario Robles va para dos años en la cárcel. Se han violado su presunción de inocencia y el debido proceso.
Cuidado con condonar esas prácticas, infiriendo la culpabilidad de los afectados. En una de esas, le puede tocar a quien me lee. Esto no es un juego.
@jorgesuarezv