En América Latina, los organismos electorales son apetecibles para quienes, desde el poder, pueden tener influencia en el diseño, ejecución y resultados de la elección. Por eso, la independencia de estos organismos, es clave para la vida democrática. En México, debido a la desconfianza que nos tenemos los unos a los otros, no se ha podido implementar el “voto electrónico” y por ello, las “elecciones de papel” son enormemente caras. Esta realidad, reclamada históricamente por la izquierda, se debió a los fraudes electorales, como el de 1988 que fue conducido por Bartlett.

Por eso, las elecciones requieren un enorme aparato burocrático. Además, tenemos 32 organismos electorales locales. Este diseño que a cualquier otro ciudadano extranjero le extraña, es un invento mexicano que se refleja en un enorme costo financiero, pagado por nosotros, los contribuyentes. Por eso, el enorme costo que nos provocan las elecciones, están presentes en el imaginario colectivo del pueblo mexicano.

Hábil político, este hecho ha sido utilizado por nuestro presidente AMLO, quien ha atacado permanentemente al organismo electoral, el cual, por cierto, ha organizado elecciones limpias y transparentes donde ganó el Presidente y su movimiento. Es difícil comprender las razones por las cuales, AMLO sigue atacando al INE, creyendo que puede reducir la alta credibilidad que este tiene de acuerdo a las encuestas nacionales, que arrojan porcentajes todavía mayores que los que tiene el mismo presidente AMLO.

Sabemos que el Presidente ganará la consulta de “mandato revocatorio” del año próximo, pues sus niveles de popularidad y aceptación, son altos. También sabemos, que el porcentaje de población que saldrá a votar, será bajo y no llegará a los niveles de la elección de junio de este año. Entonces, ¿por qué insistir en que se haga la consulta? Bueno, porque es parte de la “democracia directa” a la que apenas ingresamos como Nación.

El reciente recorte presupuestal al INE dificultará realizar la consulta del año próximo sobre el “mandato revocatorio” del Presidente y como tiene un mandato constitucional, con mucho o poco presupuesto, deberá realizarla. Sabemos que el INE debe normalmente realizar elecciones, mantener el padrón electoral, realizar campañas de comunicación social, entre tantas actividades, y adicionalmente ahora, realizar la consulta a nivel nacional.

Es cierto que no solo nos cuesta mucho el INE a la Nación, solo que allí en su presupuesto, más de la mitad se canaliza a las prerrogativas de los partidos políticos y lo demás es para la operación del Instituto. También es cierto, que podría ser más austero, pero específicamente la consulta del año próximo será muy difícil realizarla con el mismo alcance de la elección presidencial y con el recorte del presupuesto que hizo Morena, el partido del Presidente.

Viene ahora la intervención de la Suprema Corte de Justicia para determinar si debe el Poder Legislativo proveer los recursos solicitados por el INE. Seguramente, la Corte determinará que es obligación del INE realizar las elecciones con los recursos incluso recortados.

El IFE, hoy INE, es un organismo que nos costó mucho construir a la ciudadanía. No es perfecto, es cierto, pero es necesario, indispensable. Si de verdad quiere reducir recursos presupuestales al INE y no atacarlo como organismo independiente, a futuro, Morena y sus aliados políticos, deberían proponer que transitemos al “voto electrónico”, lo que reduciría enormemente la elección, lo mismo que las prerrogativas electorales a los partidos. Pero ambos elementos indispensables, no serán propuestos por ellos, por las razones aquí expuestas. Así, que, con poco dinero, de todos modos, el INE, perdiendo la controversia en la Corte, deberá organizar en el 2022 la consulta de “mandato revocatorio”. Y nosotros, los ciudadanos, defender a la institución, pues un elemento indispensable de nuestra vida democrática. 

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