EL gobierno de la cuarta trastornación (sic.) encabezado por López Obrador ha ofrecido una y otra vez que habrá medicamentos para todos pero en la realidad ha sido para nadie. Un ejemplo que los describe a cuerpo completo es el caso del primer tratamiento oral autorizado para la COVID-19 de nombre Remdesivir (Gilead) el 12 de marzo de 2021 creando la ilusión que sería utilizado junto con las vacunas para evitar la muerte y el sufrimiento de miles de mexicanos, por supuesto, han mentido y expongo los datos.
Dijo la autoridad regulatoria mexicana, después de mucha presión de científicos mexicanos ante la evidencia de su utilidad que lo autorizaba para el “uso de emergencia” y que seria destinado al apoyo de las acciones para la atención de pacientes con COVID-19. Señalaron que cumplía todos los requisitos en materia de calidad, seguridad y eficacia, acotando la indicación terapéutica para evitar un mal uso del medicamento, incluyendo especificaciones para su prescripción médica.
Se puntualizó que el remdesivir seria de uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad en casos tempranos de la COVID-19, aconsejando además una vigilancia continua de la salud integral del paciente. De manera burlesca, se “permitieron redordar” que la población no debía automedicarse ni autoprescribirse, a sabiendas que no podría comercializarse y que entraba en el monopolio de la compra gubernamental y cuya distribución no sería en todo el Sistema Nacional de Salud sino solo en el Subsitema Público encabezadas por el hombre invisible Carlos Alcocer y su secuaz el imperdonable Hugo López-Gatell, quien en mayo del 2020 declaró que el remdesivir no era un fármaco no autorizado para tratar coronavirus y luego permitió que fuera utilizado en él para tratarlo cuando enfermó de COVID-19, al igual que en el presidente López-Obrador.
Para el 31 de marzo de 2021 apenas se habían aplicado 17.72 millones de dosis de vacuna, la mortalidad era rampante y las vacunas llegaban a cuenta gotas. Con este escenario uno imaginaria que el gobierno federal comprara a renglón seguido de su autorización el remdesivir. A casi un año de su aprobación estimados lectores, el remdesivir que nos daba la esperanza que era para todos no fue para casi nadie.
Solicitamos a INEFAM-COMEXT que con los datos de las aduanas del SAT nos investigaran el total de compras hechas del remdesivir en los dos últimos años, dado que se sabía estaban llevando a cabo proyectos de investigación para verificar su utilidad.
En el año 2020, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas “Salvador Zubirán” compró 25 mil ciento cincuenta y un pesos; fuente no especificada compró un 1 millón 871 mil pesos. En el año 2022 con cifras de más de 500 mil muertes en exceso, se compró la irrisoria cantidad de $387,938 pesos. Un total de 2 millones 284 mil pesos en dos años. Estimados lectores, el precio de un tratamiento puede ser de cien mil pesos, por lo que el número de tratamientos que se adquirieron fue para fines prácticos menor a mil asumiendo que lo compraran en oferta, pues fue importado de Bangladesh (60%), India (39.2%) y Estados Unidos (1%).
El remdesivir que era para todos en la esperanza fue para nadie en la práctica. ¿Cuántas muertes y síndromes poscovid pudieron haberse evitado? ¿Si el gobierno no compraría, porqué impidió su distribución en el sistema privado y de asistencia social que si podían haberlo adquirtido y distribuido con los criterios de emergencia dictados por la COFEPRIS?
Les platicaré ahora otros dos ejemplos que pueden seguir la ruta de la negligencia criminal del gobierno federal. México aprobaría en breve dos tratamientos orales contra COVID-19, informaba el pasado 7 de enero el presidente López Obrador. La Cofepris de inmediato autorizó primero el Molnupiravir (MSD) y esta semana el Paxlovid (Pfizer) ambos con la etiqueta de “uso de emergencia controlada”.
Salió de la boca presidencial esa mañanera: “Que se sepa son dos y actúan rápido. Y no sólo es menos el tiempo de molestias, sino que también es menos el tiempo de la enfermedad. Ya se están aplicando en Estados Unidos y son buenos los resultados. Y que una vez autorizados se determinará la cantidad de unidades que serán adquiridas por el gobierno federal”. De las licitaciones realizadas para el 2022, no aparecen ninguno de los dos productos, y el monopolio autericida tampoco permitirá según López-gatell que se respete el derecho a la salud. Esto es, que si un facultativo los prescribe con los lineamientos de emergencia, el gobierno federal lo tendría bien que comprar o bien autorizar su compra por otros sectores a fin de poner por primera vez en su cruatrienio la salud y la vida por encima de sus prejuicios e ideologías. Acudiremos a la Corte a dirimir aue si haya los tratamientos orales en todos el Sistema Nacional de Salud.