No, las autoridades no tienen intenciones de expropiar a nadie con su contrarreforma eléctrica. Ellas mismas lo dicen. Pero no es porque quieran respetar la propiedad privada, sino porque no quieren pagar indemnizaciones. El gobierno, efectivamente, cancelará de manera unilateral los contratos que tienen las empresas privadas de generación de electricidad sin compensar las pérdidas que les ocasione. Podemos hablar de un robo más que de una expropiación.
“No se va a expropiar ni un tornillo -dijo la secretaria de energía, Rocío Nahle, a los senadores de Morena este 30 de enero–. No se va a expropiar absolutamente nada. No les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan. Porque no les estamos diciendo nada; nada más les decimos, ustedes se quedan en esta parte”. Los daños a las empresas que han invertido en México para generar electricidad no serán, así, compensados.
En todo el mundo se reconoce el derecho de los gobiernos a expropiar bienes por razones de utilidad pública, pero siempre con el pago de una indemnización justa. Si el gobierno mexicano cancela unilateralmente los contratos de las plantas eléctricas que ya operan en el país, o les impide entregar energía a sus clientes, el resultado será inutilizarlas y provocar pérdidas. Si las expropiara, tendría que compensar su valor. De la forma en que lo quiere hacer, las volverá inoperantes sin indemnizarlas.
Ya se está llevando a cabo la primera cancelación de un contrato de generación y venta de electricidad. Se trata de la planta de ciclo combinado de Dulces Nombres ubicada en Pesquería, Nuevo León, propiedad de Iberdrola. La planta es muy anterior a la reforma eléctrica de Peña Nieto, la de 2013-2014. Se empezó a construir en 1999, por una adjudicación de la Comisión Federal de Electricidad, y se concluyó en 2002. Tiene una capacidad de 1,008 megavatios. Cumple con varias certificaciones y normas internacionales de calidad, entre ellas la de Industria Limpia.
Dulces Nombres surte de electricidad a varias empresas privadas. La Comisión Reguladora de Energía, ahora bajo control absoluto del gobierno, le ha negado la renovación del permiso de interconexión. Las empresas que reciben electricidad de esta planta han sido presionadas para conectarse directamente a la Comisión Federal de Electricidad. Ante la posibilidad de quedar sin energía, muchas han tenido que aceptar. La CFE, sin embargo, no se da abasto para conectarlas.
El gobierno no está expropiando la planta de Dulces Nombres y no tiene, por lo tanto, que pagar una indemnización. Lo que está haciendo, sin embargo, es más dañino: le impide cumplir sus contratos con las empresas que hasta ayer han recibido su energía. Es peor que una expropiación. El gobierno está ahogando la planta.
No nos equivoquemos. Cuando la secretaria Nahle afirma ante los senadores morenistas que no habrá expropiaciones, no lo hace para exhibir su respeto al estado de derecho. Al contrario, no expropiar en este caso equivale a no pagar las indemnizaciones que deben cubrirse a las plantas que están siendo inutilizadas. El gobierno mexicano quiere impedir que las plantas privadas de generación sigan haciendo su trabajo y entregando una electricidad más barata y de mejor calidad a sus clientes. Pero no quiere indemnizarlas. porque es un gobierno austero.
Recesión
El PIB mexicano se contrajo 0.1 por ciento en el cuarto trimestre de 2021. Es la segunda baja trimestral consecutiva, lo que genera una “recesión técnica”. Se acabó el rebote de principios de 2021. La economía de Estados Unidos, en cambio, creció 1.7 por ciento en el cuarto trimestre. El PIB mexicano sigue siendo inferior al de 2018, cuando terminó el sexenio de Peña Nieto.