Crear un monopolio gubernamental para explotar el litio, bajo el argumento de que se trata de un mineral estratégico, es una tontería. Precisamente por ser “estratégico”, los mexicanos deberíamos promover su prospección y desarrollo por todos los medios posibles y a través de las empresas con más experiencia y capacidad. Aunque sea una tontería, sin embargo, la decisión no tiene por qué generar demandas internacionales. Al contrario de lo que está sucediendo en la electricidad, el gobierno no está cambiando de manera retroactiva las reglas para dañar inversiones ya realizadas.
En una de esas paradojas generadas por la intervención de los gobiernos en la economía, los mandatos oficiales para producir un creciente número de vehículos eléctricos han impulsado una enorme demanda de litio, el metal más ligero y el elemento menos denso. Su alto potencial electroquímico lo hace un componente ideal para baterías recargables de alta densidad. El auge en la demanda, por otra parte, está provocando una creciente competencia. La producción mundial de litio ha pasado de 28,100 toneladas en 2010 a 82 mil toneladas en 2020, aunque se alcanzó un nivel máximo de 95 mil toneladas en 2018, antes de la pandemia (Statista).
Así como extraer petróleo no es cuestión simplemente de meter un popote en la tierra, las dificultades de un proceso de minería no se resuelven poniendo a un paisano sin experiencia en la operación de un monopolio gubernamental. La minería y la refinación del litio son procesos sumamente complejos y contaminantes. Por eso Estados Unidos, que tiene amplias reservas, solo cuenta con una mina de gran tamaño, la de Silver Peak, Nevada. Esto es en parte producto de la gran contaminación que genera la producción.
El sistema ideal para prospectar, desarrollar y explotar recursos minerales es otorgar concesiones a empresas con probada experiencia y capacidad que realicen el trabajo de producción y paguen al Estado regalías e impuestos. El gobierno no tiene por qué gastar recursos escasos en actividades productivas, que usualmente no hace bien y que pueden dejarle fuertes pérdidas. Lo que sí debe hacer es emplear sus instituciones de protección al ambiente para asegurar que la explotación del mineral se realice conforme a las mejores prácticas internacionales. Tener al Estado como productor y regulador al mismo tiempo genera un inevitable conflicto de interés. En varias ocasiones las autoridades nacionales, por ejemplo, se han abstenido de tomar medidas para detener o reparar daños ambientales provocados por Pemex porque es una empresa del gobierno.
A pesar de que yo opino que el Estado no debe tener un monopolio para la explotación de litio, reconozco que, por lo menos, este no es un tema en el que se violen derechos adquiridos. No ha habido hasta ahora una inversión significativa en la producción de litio en nuestro país. Es un caso muy distinto al de la electricidad, en que se han realizado inversiones privadas por 44 mil millones de dólares, según el Consejo Coordinador Empresarial. El cambio retroactivo de reglas representa una violación a los derechos de quienes han realizado estas inversiones, especialmente cuando el gobierno ha advertido que no pagará ninguna indemnización.
La contrarreforma eléctrica, si se aprueba, provocará una lluvia de demandas contra México, porque se trata de un cambio retroactivo de reglas, inaceptable en un régimen de derecho. En cambio, poner reglas absurdas desde un principio, como se está haciendo con el litio, solo nos hará daño a nosotros.
Pilas
El gobierno ha incluido la iniciativa para crear un monopolio para el litio en su contrarreforma eléctrica. Curioso. Quizá la idea es que las baterías almacenan electricidad. Esperemos que no se les ocurra darle a la CFE el monopolio de las pilas de uso doméstico.