La propuesta del presidente López Obrador para lograr una reforma eléctrica tendrá en los próximos meses -una vez terminado el Parlamento Abierto, esto es el diálogo entre las diversas fuerzas políticas- una enorme disputa en el Congreso de la Unión. Parece difícil que su plan alcance la mayoría de dos tercios que necesita, pero la iniciativa de AMLO para reformar el sector eléctrico y volver a modificar la Constitución, es ya uno de los temas candentes en la agenda política y económica de los próximos meses.
Para los defensores de AMLO, la reforma que propone, es un medio para que el Estado mexicano vuelva a tener control sobre el sector eléctrico. Para sus detractores, la propuesta de revertir parte de la reforma energética aprobada durante el sexenio de Peña Nieto alejará a la inversión privada y a la extranjera. El gobierno federal asegura que su plan de fortalecer al sector estatal “le conviene al pueblo” y es otro avance en la lucha contra la corrupción, pues AMLO considera que cualquier esquema que impida que el gobierno intervenga, debe ser perverso.
El plan de la reforma eléctrica propone reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dar con ello marcha atrás parcialmente a la liberalización del mercado aprobada, con rango constitucional, en 2013. Si el plan de AMLO se aprueba tras los debates parlamentarios previstos para abril de 2022, la CFE pasaría a controlar mayoritariamente la generación de la energía eléctrica que consume el país, con al menos un 56% del mercado (actualmente, la CFE genera menos del 40% de la electricidad y el sector privado, alrededor del 60%.
Consideró que la apuesta del Presidente se podría resumir primero en la vertiente del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, en segundo lugar, sobre la regulación del mercado eléctrico y el tercero sobre la nacionalización de litio. Pero en la historia moderna, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, así como de Pemex y de empresas paraestatales se convirtió en una carga financiera para el Estado, al ser en realidad, empresas poco productivas y por ello, caras. Debido a la fuerza de los sindicatos, al paquete de prestaciones, así como a los enormes pasivos laborales que hacen inviable financieramente su futuro y por lo tanto, cualquier inversión que se quiera hacer en ello.
El control del mercado eléctrico en mi opinión debe permitir la participación clara del sector privado e internacional, para que la inversión extranjera actual en energía renovables se pueda mantener, así como la producción independiente de empresas nacionales, pues este al final es el argumento más importante de los ciudadanos a quienes no les importa quién les provea de energía, sino solo, que esta sea barata y limpia en los términos que los plantea la tendencia mundial hacia el uso de energías renovables como la eólica y la solar, pues estamos frente a un posible retroceso en el de por sí ya insuficiente compromiso de México para cumplir con metas ambientales internacionales como el Acuerdo de París, en vigor desde 2016.
El tercer elemento de la Reforma, aunque es de largo plazo, es la nacionalización del litio que al igual que la nacionalización petrolera y de la electricidad, busca fortalecer al estado mexicano en una decisión de largo plazo para que pueda en el futuro ser aprovechado por el estado; sin embargo el asunto no es sencillo pues requiere de capacidades tecnológicas que nuestro país no tiene; esto es, una infraestructura científica y tecnológica en momentos en que -por el contrario- el gobierno federal ha reducido drásticamente el apoyo al desarrollo tecnológico, el patentamiento y el pensamiento emprendedor. En México solo hay un yacimiento de litio que abarca los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango y dos empresas extranjeras son las que tienen concesión para explotarlo. Por su potencial para la industria de la salud, de la telefonía y de las baterías, el litio en mi opinión, sí es un asunto que requiere un enorme apoyo y que puede ser un motor de crecimiento para el País.