Diego Sinhue, el optimista

 

Otra semana trágica en Guanajuato pone en evidencia que aún falta mucho por hacer para lograr la paz.

 

Luego de un enero 2022 que apunta a tener la cifra más baja de víctimas de homicidio doloso desde junio del año pasado, y un 2021 con una reducción de 974 homicidios, la realidad cotidiana nos alerta. 

 

El 2020 fue el más violento con 4,490 víctimas, el 2021 cerró con 3,516. Guanajuato  terminó por cuarto año consecutivo a la cabeza en cifras absolutas de víctimas, aunque en la incidencia por cada 10,000 habitantes se ubicó en el octavo lugar. 

 

También cerró ligeramente abajo que las 3,540 víctimas de 2019 y por encima de las 3,290 del 2018, año en que Diego asumió como Gobernador (un 26 de septiembre, este marzo presentará ya su 4to. Informe). Él ha repetido que su objetivo es que, cuando se vaya, sean menos víctimas que cuando llegó.

 

Sin duda hay una reducción y eso es muy positivo. Pero también, como las autoridades lo han aceptado, lo que vivimos es una película de terror: masacres, desapariciones, asesinatos de mujeres y de niños. Impunidad.

 

Guanajuato vivió otra semana trágica. El sábado 29 de enero el ataque con seis víctimas en Silao, hecho del que Diego dijo el miércoles en Celaya que ya habría detenidos, pero que la Fiscalía General del Estado no ha dado información oficial.

 

El domingo 30, otro ataque dejó 3 víctimas mortales en el pequeño Santiago Maravatío. En Irapuato, el lunes 31, mataron a tres en hechos en distintas zonas.

 

El martes en San Francisco del Rincón entraron a una vivienda para, al parecer, buscar a una persona que no estaba, y mataron a la mamá y un niño de 8 años. Ese mismo día en un hotel de la carretera Uriangato-Morelia quitaron la vida a cuatro.

 

La noche del martes asesinaron en Celaya a quien fuera un querido ex trabajador de la UG, a su esposa y a su hijo, un intendente de esta Casa de Estudios. “Fue un error”, exclaman sus familiares en defensa de la reputación de sus seres queridos.

 

Celaya ha sido el municipio con más homicidios los últimos dos meses.

 

Con este escenario de tragedia Diego llegó el miércoles a su gira en Celaya donde, como era de esperarse, le preguntaron sobre la violencia en general y contra menores inocentes. Desencajado como pocas veces, se negó a contestar.

 

Diego rectificó pronto y en un siguiente evento ofreció disculpas a los reporteros y  habló sobre la violencia. Eso sí, el exabrupto tuvo eco nacional, desató una ola de críticas en redes sociales y un intento fallido de bots en su defensa.

 

“Hasta Encontrarte”, un año

 

En esta misma semana, el colectivo “Hasta Encontrarte” conmemoró su primer año como grupo buscando a los suyos. Instaló memoriales en Silao, Irapuato y Pénjamo, con las fotos de sus familiares desaparecidos y/o víctimas de homicidios y feminicidios colgadas con listones de colores en ramas de los árboles.

 

“Queremos abrazarlos, no enterrarlos”, expresan. Y salieron a marchar por justicia.

 

También presentaron un informe desgarrador de su lucha titulado “Desaparecer en Guanajuato: Un camino de lucha y resistencia”, en el que exhiben lo que sucede en nuestra tierra y muestra la incansable búsqueda de las 70 familias que lo integran.

 

“Resistimos ante la indolencia, resistimos a un camino de miedos con falta de

respuestas”, exponen.

 

Y, otra vez, la realidad: una fosa más con cuerpos sin vida en Juventino Rosas.

 

Observatorio 3.0

 

La maestra Rocío Naveja Oliva termina su periodo de dos años al frente del Observatorio Ciudadano de León (OCL) y da paso a una nueva etapa de este organismo en el que ya no habrá una figura empresarial en la Presidencia.

 

De hecho ya no habrá Presidencia, como había sido desde que nació, en enero del 2010. Se crea una Dirección Ejecutiva que preside Mayra Legaspi Tristán, quien ya estaba ahí en funciones directivas pero que ahora será la voz del organismo.

 

A Rocío le pidieron quedarse otro periodo más, pero ella decidió despedirse.

 

La intención del Consejo que sostiene al OCL es hacerlo más ciudadano. 

 

Cualquiera de ellos que hubiera tomado la estafeta sería visto como una voz empresarial, y si de por si la autoridad ve con recelo cualquier mínimo cuestionamiento ciudadano, será mejor que venga de un perfil sin ese vínculo.

 

Con ello termina una segunda etapa, cuando, a partir del 2012 con la llegada del gobierno barbarista, dejaron de recibir recursos públicos, fue difícil pero posible con el empeño de Luis Alberto Ramos (QEPD), tarea que, a su partida, asumió Rocío, quien venía de ser fundadora y presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad.

 

El OCL nació en 2010 como una propuesta de Carlos Medina, un organismo autónomo pero con el respaldo del gobierno del entonces panista Ricardo Sheffield.

 

Lo encabezó en su primera etapa la empresaria Ana María Carpio Mendoza, exregidora panista con Héctor López y actual Directora Ejecutiva de Apimex (Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México).

 

Esta tercera etapa del OCL apunta a ser su consolidación pero como un organismo que no esté solamente en las manos de los pocos donantes y consejeros que lo sostienen, sino de la ciudadanía en general a través de sus organismos sociales, universidades, sindicatos, comités de colonos, y de todo el que quiera sumar.

 

Los ejes de trabajo planteados para el 2022 son los que ya tiene marcados, pero que deberá profundizar en sus análisis y propuestas: Pobreza y Desigualdad, Educación, Servicios Públicos, Medio Ambiente y el de la Seguridad Pública.

 

Mayra Legaspi es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato con Maestría en Ingeniería Administrativa y de Calidad por La Salle. 

 

En su experiencia está haber laborado en el Servicio de Administración Tributaria en la Administración General de Aduanas (marzo 2010-diciembre 2012); en la Dirección de Prevención del Delito del Municipio de León (febrero 2013-noviembre 2018); y en la Dirección General del OCL desde enero del 2019 a la fecha.

 

La voz ciudadana

 

En enero 2020 que llegó Rocío Naveja en su primera declaración prendió la mecha al solicitar al gobernador Diego Sinhue Rodriguez y al alcalde Héctor López a presentar informes semanales públicos sobre los resultados en seguridad.

 

“Nos preocupa el aumento de los índices delictivos, imparables, sean del fuero común o federal, responsabilidad de los tres niveles de gobierno”, señaló.

 

Con datos y con propuestas, la voz de Rocío fue dura pero clara y sensata. Nunca pretendió la confrontación sino la reflexión, y motivar a la acción.

 

León pintó su raya con el OCL y el gobernador Diego Sinhue reaccionó de manera extraña descalificando a quienes sólo querían ayudar.

 

“Pareciera que ahí lo que les interesa es el show político, al cual no voy a prestar. De entrada se los digo: no voy a ir con el OCL y es lo único que voy a declarar de ese organismo en las siguientes semanas, meses o años”, dijo Diego hace dos años.

 

Diego Sinhue dijo a los integrantes del OCL, que desde su origen estuvo viciado por estar ligado al exalcalde Ricardo Sheffield (aunque el hoy titular de la Profeco nada tenga que ver ya en el OCL).

 

Y puso en duda la información que presentan.

 

Desde luego un reporte semanal como pedía el OCL tal vez era inviable, pero lo importante era una legítima preocupación por el incremento en varios delitos. Ese 2020 fue el peor en la historia en homicidios dolosos, que logró reducirse en 2021.

 

Aunque en particular en León, el 2020 y también el 2021, son años para olvidar.

 

Ese conflicto es lo que ya no quiere el OCL, y parte de la motivación para no tener un presidente o presidenta. Si imagina usted por ejemplo el perfil de Gustavo Guraieb, quien como expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) fue una de las voces aguerridas que no endulzan los oídos al poder público.

 

Esas voces en el ámbito empresarial siempre harán falta. El OCL cambia el perfil.

 

“Lo que busca el OCL nunca ha sido el golpeteo, es poner sobre la mesa datos y hallazgos que ayuden a las decisiones de las autoridades y los ciudadanos. Que se comprenda la relevancia de tener un Observatorio”, comparte Naveja Oliva.

 

Lo que nunca debe de suceder es no tener un Observatorio. Que sea para bien.

 

Morena vs. Síndico

 

El jueves pasado, llegó al punto máximo la confrontación -que ya lleva meses- entre la regidora Gabriela Echeverría González, de Morena, y el síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos. 

 

El pleito inició después de que Jorge Ramírez Hernández, presidente de Sapal, rindió su informe anual ante el Cabildo. La regidora Gabriela Echeverría, de Morena, lanzó varias críticas. 

 

Recordó el contrato que Sapal le otorgó al cuñado del Presidente de Sapal. Y luego reclamó la insensibilidad del presidente del Consejo ante los reclamos de las familias de cinco trabajadores en la planta de desbaste el 13 de noviembre de 2020 y que otros trabajadores despedidos pasaron 15 meses subsistiendo y protestando para que los indemnizaran correctamente. 

 

Sin embargo, en lugar de dejar que Jorge Ramírez respondiera, fue José Arturo Sánchez quien asumió la defensa de Sapal, pues sumamente molesto, le reclamó a la regidora de Morena:  “Yo creo que a usted, regidora, le debería dar vergüenza lo que acaba de decir. Su cinismo es del tamaño de su ignorancia”.

 

Uno contra tres

 

En su defensa, Gabriela Echeverría afirmó que Sánchez Castellanos defiende los intereses empresariales.

 

“Y le pido que tenga cuidado en cómo se dirige a mí, porque ya tiene una denuncia y ya se le hizo costumbre llamarnos a las mujeres mentirosas e ignorantes”. 

 

Pero lejos de que con esto se frenara el enfrentamiento, en su siguiente turno, Sánchez Castellanos respondió a Gabriela Echeverría. “No venga con argumentos feministas a venir a decirme a mí lo que puedo y no puedo decir. Si usted miente, lo voy a señalar. 

 

“Le agradezco que me notifique que tengo una denuncia. Si usted quiere, presente la suya. Pero si sigue mintiendo, aunque usted sea mujer, lo voy a decir”.

 

Y aunque ese fue el punto más álgido de la discusión entre ambos, no terminó ahí el pleito, pero ahora fue del panista con los tres morenistas.

 

La regidora Érika Rocha afirmó que en Sapal sí hay responsabilidad “de quienes los mandaron” (a los trabajadores de la planta de tratamiento) porque no les dieron el equipo necesario”. Lo que acreditó en su recomendación la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

 

Luego acusó que hay “un rosario de quejas” de los usuarios de Sapal que vienen de años atrás por el trato despótico de los trabajadores del organismo y que hay aire en las tuberías. 

 

El regidor de Morena Antonio Cabrera Morón dijo que el Consejo Directivo de Sapal está “un poco chueco”. Sánchez Castellanos le dio en parte la razón, pero agregó: “Presente su iniciativa y se analizará, con fundamento, por supuesto, no sólo con señalamientos. Porque como siempre, señalan sin pruebas”.

 

No es la primera vez 

 

El gran defecto de los morenos es que casi nunca dan argumentos sólidos que sustenten sus planteamientos. En muchas ocasiones son absurdos e inaplicables. 

 

La gran mayoría de las veces, Antonio Cabrera y Érika Rocha intervienen sin haber estudiado siquiera los dictámenes o documentos que se someten a votación. 

 

Y José Arturo Sánchez se constituye siempre en el ariete panista contra las posturas de Morena. Desconocemos si es una encomienda de Alejandra Gutiérrez o lo asume de motu propio. 

 

El Síndico casi siempre tiene razón. Pero lo ocurrido el jueves con la regidora Gabriela Echeverría, fue innecesario. Podía haberle rebatido sus críticas, pero en términos menos duros y sin resultar agresivo.

 

Finalmente, la morenista no dijo nada que no se hubiera dicho ya en la discusión pública todo el año que ha pasado después de la tragedia de la planta de desbaste. 

 

La misma Alejandra Gutiérrez “regañó” y evidenció en pleno Ayuntamiento a los integrantes del Consejo Directivo por no resolver en casi un año el tema de las familias de los trabajadores. 

 

Así que para evitar que esto pase a mayores, alguien tiene que poner paz en el Cabildo. Y ese alguien tiene que ser la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, la única a la que Sánchez Castellanos escucharía en este caso.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *