La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no solo no tiene ya interés en resolver la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014, al grado que ha congelado su propia recomendación para que se remitan a Innsbruck 114 restos humanos para su identificación genética, sino que ahora defiende las acciones criminales del grupo político que se ha apoderado del llamado movimiento de Ayotzinapa.
Este grupo de activistas ha intentado varias veces en los últimos días tomar la caseta de peaje de Palo Blanco, como era su costumbre, para cobrar cuotas en lo que ha sido un negocio multimillonario de años. Por primera vez desde su creación, sin embargo, la Guardia Nacional empezó a evitar la toma de la caseta desde el 28 de enero.
La ley protege las manifestaciones de protesta, pero no el robo de peajes. El propio presidente López Obrador, cuyos seguidores tradicionalmente realizaban las tomas de casetas, ha sido ahora crítico de la práctica: “Estaban en manos de la delincuencia o de personas que estaban acostumbradas a vivir de las tomas de las casetas en todo el país. Tenían tomadas todas las casetas. Cobraban, incluso hasta amenazaban a los automovilistas”. A esta práctica el propio mandatario la calificó de “huachicol carretero”. Nada más del 18 de junio de 2019 al 20 de septiembre de 2020, el presidente afirma haber evitado 7 mil millones de pesos en pérdidas por la toma de casetas.
La CNDH, sin embargo, tiene una posición muy distinta. El 30 de enero condenó “los actos de intimidación y censura cometidos contra familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, de Ayotzinapa, Guerrero y solicita a las autoridades federales y estatales garantizar su derecho a la manifestación pacífica”. La Comisión que preside Rosario Piedra Ibarra considera que la toma de casetas para cobrar cuotas es una forma de manifestación pacífica.
El grupo de Ayotzinapa, que se ha amparado en la muerte de los normalistas en 2014 para justificar sus tropelías, intentó nuevamente tomar la caseta de Palo Blanco el 4 de febrero. Ante la barrera que desplegaron los integrantes de la Guardia Nacional, los activistas detuvieron un tráiler, bajaron al chofer y lanzaron el vehículo vacío contra los guardias. “Pudo haber una tragedia, muchos muertos”, dijo ayer el presidente López Obrador.
Nuevamente, la CNDH ha asumido una posición contraria a la que podríamos esperar de una institución que defienda la aplicación de la ley. La directora de la CNDH en Guerrero, Marcela Cabañas, hija de Lucio Cabañas, el famoso guerrillero de la década de 1970, consideró como una “provocación” que las fuerzas de la Guardia Nacional hayan defendido la caseta. Y añadió: “Esas fuerzas de seguridad deberían de estar apoyando al pueblo, no atacándolo”. La CNDH se hizo cargo de cinco estudiantes detenidos por los hechos violentos, pero inmediatamente después los liberó.
El propio presidente López Obrador advirtió ayer: “Tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltrada en este movimiento. A lo mejor los normalistas no lo saben”. El mandatario defendió a la Guardia Nacional, que “actuó con mucha responsabilidad; sin armas salieron, pero hay muchos heridos. No se puede actuar de esa forma”.
La CNDH, sin embargo, sostiene que impedir que un grupo criminal continúe con el negocio del huachicoleo carretero es una acción represora; ha perdido lastimosamente el rumbo y la ética.
Reunión
Zacatecas se ha convertido en la entidad más violenta del país. El presidente dice que “es un acto de provocación”, pero no hay de qué preocuparse. En el caso de Zacatecas, “ayer mismo hubo una reunión de representantes del gabinete de seguridad federal con el gobierno del estado; y ya se tomaron medidas”.