El viernes 11 de febrero el presidente López Obrador violó abiertamente el artículo 16 de la Constitución, según el cual “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”, y las leyes secundarias de protección de datos personales, al revelar información sobre los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola. Ayer, en lugar de ofrecer una disculpa, violó una vez más la legislación al lanzar una perorata de más de una hora contra el periodista, mientras mostraba nuevamente la lámina con los ingresos de Loret, a la que únicamente se le corrigieron las faltas de ortografía del viernes. Quiso duplicar la apuesta y mandar el mensaje de que él está por arriba de la ley, incluso de la Constitución.
Lo paradójico es que apenas el domingo por la noche su hijo José Ramón López Beltrán argumentó en un comunicado: “Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”.
El presidente arremetió ayer contra Loret y los periodistas críticos, a quienes acusó de “golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados. Es una historia que se repite. Cada vez que se busca una transformación, el conservadurismo corrupto, inmoral, se lanza contra quienes buscan la transformación”. Como lo ha hecho tantas veces, se comparó con Francisco Madero, por ser objeto de ataques y calumnias por una prensa conservadora. Afirmó que las investigaciones que señalan faltas en su gobierno o entre sus allegados son producto de campañas de difamación de la “mafia del poder”.
Coincido con el hijo del presidente: como ciudadano privado, no tiene por qué dar a conocer información sobre sus ingresos. Sin embargo, en el caso de la casa que alquiló a un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex, sí existe un conflicto de interés, ya que es pariente en primer grado del presidente, lo cual obliga por lo menos a aclarar la transacción. Un conflicto de interés no es necesariamente un acto de corrupción, sino el simple hecho de que haya una relación que pudiera influir de manera indebida en las decisiones gubernamentales. Fue exactamente el mismo caso de la casa que Angélica Rivera, la entonces esposa de Enrique Peña Nieto, compró durante el mandato de su marido. El problema no era la compra, sino que lo hubiera hecho a una contratista del gobierno, Grupo Higa.
En lugar de dar a conocer la información que pudiera aclarar que no hubo corrupción, sin embargo, el presidente se ha enfurecido y ha agredido de manera abierta a uno de los periodistas que dio a conocer el conflicto de interés. Lo ha hecho violando ese mismo derecho a la vida privada que defiende su hijo.
Dice el presidente que él sí puede violar ese derecho en el caso de Loret porque se trata de un periodista. Esto es falso. Ni el presidente está por encima de la ley ni los periodistas por debajo de ella. Peca también de ignorancia cuando dice que va a pedir al INAI que dé a conocer los ingresos y pagos de impuestos de Loret. Ni el INAI ni él tienen derecho a exhibir datos privados de un ciudadano que no recibe un sueldo del gobierno.
Al presidente no le importa y está duplicando su apuesta. En lugar de reconocer su falta, la ha reiterado en una mañanera dedicada en buena medida a denostar a un periodista. Parece estar decidido a demostrar que está por encima de la ley. Lo triste es que lo está logrando.
Anaya
No sorprende que Ricardo Anaya se haya abstenido nuevamente de comparecer ante el juez que lo citó en el caso Odebrecht. Es muy claro que la FGR tiene instrucciones de detenerlo y colocarlo en prisión preventiva, como hizo con el exsenador Luis Lavalle.