En su lúcida columna en el Washington Post, Fareed Zakaria concluye que el electorado en EU está tan polarizado que “ya no responde racionalmente a evidencia objetiva”. Eso explica, por ejemplo, que tantos no se hayan vacunado. “Aceptar la vacuna equivale a acatar el dictado de las mismas élites a las que aborrecen”.
En México pasa lo mismo. Confundimos la lealtad de los seguidores más fervientes de López Obrador con ceguera o ignorancia cuando, para ellos, darle la espalda tendría consideraciones emocionales y conlleva ponerse del lado de quienes los discriminan y marginan. Se mantendrán leales a AMLO aunque eso implique creer “otros datos” cada vez más inverosímiles. Quizá eso explique el ambiente surreal que vivimos. El Presidente fustigó a un periodista que denunció que su hijo vive muy lejos del paradigma de austeridad que él pregona.
Vivir así no es delito, pero merece aclaración hacerlo en la propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa que en este sexenio se benefició por 343 millones de dólares de contratos ampliados de Pemex. José Ramón López Beltrán también debe aclarar su trabajo como asesor legal de Kei Partners. Primero, porque esa empresa es propiedad de los hijos de Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta, que “asesora” en la construcción del Tren Maya. Segundo, porque para ejercer esa función en Houston, un abogado extranjero necesita pasar el examen de la Barra de Abogados de Texas; dudo que lo haya hecho.
Él tiene derecho a explicar y la prensa ejerce el suyo a investigar. No aclarar propicia especular que el hijo del Presidente trafica con influencias, beneficiándose de regalos de contratistas favorecidos por la 4T, y que una empresa marginal, de un amigo de su papá, le hizo la balona para obtener una visa TN que le permite vivir en EU.
¿Por qué tiene que aclarar si no es servidor público? Porque el hijo de un Presidente es una “Persona Políticamente Expuesta” (PEP en inglés), lo cual en EU exige un escrutinio mucho mayor en cualquier actividad, desde la apertura de una chequera hasta la compra de un inmueble. Con certeza, Baker Hughes ya está siendo investigada porque quizá violó el Foreign Corrupt Practices Act, la ley que prohíbe sobornar a funcionarios extranjeros a cambio de negocios. Esa empresa ha pagado decenas de millones de dólares en multas por violar esa ley en muchos países.
José Ramón es inocente hasta que se pruebe su culpa. Pero, ciertamente, el que no cometió delito alguno, ni tiene por qué aclarar nada, es Carlos Loret. La violenta reacción del Presidente es su más estridente admisión de culpa. Nada sería más fácil que demostrar con datos duros que la investigación de MCCI y Latinus se equivocó. Podrían mostrar contratos de renta a precio de mercado, demostrar que -Baker Hughes- no hace más negocio que antes, que se licitaron sus contratos, etc. En vez de eso, crucifica al mensajero, haciendo caso omiso del mensaje. Acusa al periodista de ganar bien en una empresa privada. Para la 4T, toda forma de éxito merece sospecha. Pide que el INAI revele información que no es su de su competencia, pues no incluye recursos públicos. Pide datos del Registro Público de la Propiedad, violando sus derechos. Más allá de distraernos, pone en riesgo al periodista y a su familia.
México se aleja del Estado de derecho que añoramos. El Presidente abusa impunemente de su poder y de su tribuna. Rompe la ley. A sus opositores les inventa cargos y los difama sin empacho, mientras abraza criminales y les extiende su manto de impunidad a familiares y colaboradores patentemente deshonestos.
Hay otra muestra más. En algunos diarios aparecieron lado a lado, anteayer, la nota donde “la FGR concluye que los sobornos de Odebrecht fueron sólo para Emilio Lozoya y su familia”, y otra sobre el proceso contra Ricardo Anaya. Si lo primero es cierto, no hay evidencia alguna contra el panista. A pesar de ello, no le levantarán los cargos y se le seguirá persiguiendo por el mismo “delito” que cometió Loret. Ambos osaron oponérsele a un régimen represivo, autoritario y cada vez más dictatorial.