Diputados escuchan ¿y cuándo actúan?
Después de 138 días de pedir audiencia con los diputados locales, este 22 de febrero una comisión de grupos de familias de personas desaparecidas y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato se reunirá con la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
Tienen una larga lista de propuestas de reformas a la Ley de Búsqueda, Ley de Víctimas, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Expondrán un balance sobre la situación de desaparición y de la atención a víctimas en la entidad.
La cita es a las 10:00 horas en la sede del Poder Legislativo, en Guanajuato capital.
Están confirmados para participar de colectivos: Angélica Almanza (Salvatierra), Bibiana Mendoza (Irapuato), Esmeralda Medina (Irapuato), Evelina Guzmán (San Luis de la Paz), Nailea Carreño (Celaya), Norma Patricia Barrón (Irapuato). Y de la Plataforma por la Paz y la Justicia estarán Raymundo Sandoval y Fabrizio Lorusso.
Cada uno contará con 10 minutos para exponer sus inquietudes y propuestas. Después intervendrán los diputados que así lo quieran. Los colectivos y activistas tendrán otro espacio para hacer comentarios. Y el encuentro cerrará con un mensaje de los anfitriones.
Sin externos
Para llevar a cabo la reunión ya no se habla de un moderador externo, algo que, inexplicablemente, habían impuesto las tres panistas que son mayoría en esa Comisión. Lo que en realidad querían las mujeres diputadas es quitarle la facultad de coordinar al presidente de la Comisión, el morenista David Martínez Mendizabal.
Parece que el PAN trata de evitar que las víctimas saquen a la luz pública la indiferencia del Gobierno para atender la crisis de desaparecidos en el estado. Veremos el martes.
La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables la integran: David Martínez (Morena); Melanie Murillo, secretaria (PAN); y los vocales Briseida Magdaleno González (PAN), Katya Soto (PAN) y Gustavo Adolfo Alfaro (PRI).
En fín, lo valioso del encuentro esperado serían reformas legales que fortalezcan la búsqueda de personas y la atención a víctimas, y que el Legislativo haga su chamba de poner lupa a las acciones del Ejecutivo y de la autónoma Fiscalía del Estado.
Los grupos de familias de desaparecidos identifican que sin la voluntad de los panistas nada avanza en el Legislativo. El académico Raymundo Sandoval, que acompaña este movimiento, solicitó el 27 de enero una audiencia con el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Luis Ernesto Ayala Torres.
La respuesta llegó el 18 de febrero para agendar la audiencia este martes 22 a las 12:00 horas, justo al terminar el encuentro de colectivos con los diputados. Lo que pretenden es convencerlo de los cambios legales necesarios para devolver a los desaparecidos a sus familias.
Agenda por las víctimas
Las víctimas tienen 22 propuestas que hacer a los diputados locales.
En las que refiere a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado insisten en una reforma integral para que los servicios periciales sean independientes, con miras a tener un Centro de Identificación Humana.
La mala noticia es que, justamente en la semana que terminó, fue rechazada una iniciativa en ese sentido que propuso el PRI desde la anterior Legislatura (en mayo del 2019), que era crear el Instituto Estatal de Servicios Periciales.
Aunque los legisladores del PRI (Yulma Rocha) y Verde (Gerardo Fernández) defendieron las bondades de la iniciativa, en la Comisión de Gobernación que preside la panista Susana Bermúdez, dijeron que no.
Para fortalecer la rendición de cuentas de la Fiscalía los colectivos piden una oficina independiente que evalúe su desempeño. Seguramente les dirán que ya existe un Consejo Ciudadano Consultivo establecido en la ley, que hoy encabeza el oftalmólogo Luis Alanís Villarreal. Este consejo solo aparece en los informes del Fiscal, en primera fila y aplaudiendo.
También piden una reforma que obligue a la Fiscalía a ofrecer informes sobre los avances en la identificación forense e incluir el concepto de testigos protegidos con la intención de recabar información que ayude a la localización de desaparecidos.
Que los municipios se pongan a trabajar
Entre las propuestas de modificación a la Ley de Búsqueda están fortalecer las búsqueda en vida; las obligaciones de los municipios en las células de búsqueda de la mano con las familias; la creación de la ventanilla única municipal para la atención a las víctimas/familiares de personas desaparecidas para prestar ayuda inmediata.
Aunque habrá que decir que mucho de esto sí está ya en ley, falta que lo apliquen.
La Secretaría de Gobierno que comanda Libia García; la Comisión Estatal de Búsqueda con Héctor Díaz Ezquerra; y la Comisión de Atención a Víctimas que preside Jaime Rochín, se han estado reuniendo con alcaldes y sus equipos.
La intención es que entiendan las responsabilidades que los municipios también tienen en las búsquedas inmediatas y en la atención a las víctimas. En la primera semana de marzo se firmarán convenios con los 46 ayuntamientos.
En la Ley de Víctimas, la propuesta a los diputados será fortalecer tanto el presupuesto de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) como el Fondo de Atención a Víctimas. Y esto pasa también porque un porcentaje de las enajenaciones en materia penal se canalice a este nuevo fondo, y no, como permanece hasta la fecha, todo se vaya directo a la Fiscalía.
En días pasados el diputado local por Morena, David Martínez, propuso la extinción del Fondo para la Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito del Estado Guanajuato, que opera la FGE, y que esos fondos formen parte del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que administra la CEAIV.
En la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y en el Código Penal la propuesta es agravar las lesiones y los homicidios cuando se dirigen en contra de las buscadoras. Es un contrasentido que no estén consideradas en el grupo de defensoras de derechos humanos.
La invitación al Fiscal
El 26 de febrero en el Parque Guanajuato Bicentenario, en Silao, habrá un encuentro de colectivos de familias de desaparecidos de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Michoacán y Colima.
Se trata de la segunda reunión regional (la primera fue en diciembre en Aguascalientes) que se realizó gracias a la plática que en Guanajuato sostuvieron en noviembre pasado con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Con fecha del viernes 18 de febrero colectivos han enviado la invitación al fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y desde luego a la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Yolanda Ramírez Domínguez.
“En un estado con más de 2 mil 500 personas registradas como desaparecidas, es urgente unir fuerzas entre autoridades, colectivos y organizaciones para poder dar resultados ante esta crisis”, cita la invitación.
El encuentro es relevante porque estarán autoridades federales como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y autoridades de otros estados.
Se espera a representantes del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, de la Oficina de la Alta Comisionado de los Derechos Humanos, de Cruz Roja Internacional, Serapaz, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Data Cívica, y otros.
El asunto en Guanajuato con los colectivos de familiares de personas desaparecidas es que hay una abierta confrontación entre dos bloques.
Por ejemplo los colectivos de Irapuato “Una Promesa por Cumplir” y “Hasta Encontrarte” denunciaron a inicios de mes actos de intimidación en contra de buscadoras por parte de Agentes de Investigación Criminal de la FGE.
El 9 de febrero nueve colectivos manifestaron su desacuerdo con las acciones y posturas de los otros dos. Además los acusaron de violentarlos. Y refrendaron que seguirán con la buena colaboración y relación de trabajo con las autoridades.
Por eso, en la invitación al Fiscal para este encuentro, le dicen: “La dimensión, trascendencia y resultados de este evento superan cualquier conflicto interno, por lo que su participación es muy importante. Su presencia es el mensaje de que efectivamente está asumiendo la responsabilidad en esta situación tan dolorosa”.
Todo por aclarar
En el cobro de “comisiones” disimuladas como “reciprocidades”, pagos en especie y efectivo que regresaban proveedores de Desarrollo Institucional del Municipio de León por las compras que hacían los trabajadores, nada está claro.
El asunto salió a la luz pública porque la contralora municipal, Viridiana Márquez, informó al Ayuntamiento que el 2 de diciembre presentaron una denuncia penal por el robo de 92 mil 327 pesos de dinero en efectivo que alguien sustrajo de un cajón de esta dependencia y que provenían de esas “comisiones” de los proveedores.
Pero este caso no se limita al robo de un monto en efectivo, lo cual ya investiga la Fiscalía Anticorrupción que en días pasados comenzó a citar a funcionarios y exfuncionarios para que explicaran lo que saben de ese “guardadito” que se tenía.
La Contralora tiene una “prueba de fuego” pues debe tener claro, y pronto, si hay irregularidades y de qué tipo en estos convenios de reciprocidades. Y, lo más importante, cuántos regalos y dinero ingresó desde que operan y dónde terminó.
¿De cuánto era el tamaño de esas “mordidas”? Ahí está el detalle&
El exalcalde y actual director general de Puerto Interior, Héctor López Santillana, y Enrique Sosa, exdirector de Desarrollo Institucional y extesorero en el gobierno de Héctor, defienden que eran contraprestaciones legales y, según ellos, en especie.
El detalle es que el robo fue en efectivo, ¿qué hacía ahí ese dinero? ¿por qué no se reportó en una cuenta municipal? ¿Cuánto más fue lo que se recibió en efectivo?
Por lo que trasciende de información, el robo se cometió en julio, que sería poco después de que dejara la Dirección de área Alberto Martínez Aguayo. El 7 de septiembre la encargada de despacho, Elizabeth Muñoz, reportó a la Contraloría (en ese entonces encabezada por Leopoldo Jiménez) que había “mano negra”. El 10 de octubre llegó la hoy Contralora y la denuncia se presentó hasta el 2 de diciembre.
Estos convenios de “reciprocidades” eran responsabilidad del área de Administración de Personal, que dirigía Víctor Chombo, extesorero de Acámbaro, quien fuera inhabilitado por presuntos desvíos pero ganó el caso en tribunales.
El dirigente estatal del PAN, Lalo López Mares, salió en defensa del ex Alcalde, e, igual que Sosa Campos, argumentó que eran en “beneficio de los trabajadores”, y que el Reglamento Interior de la Administración Pública los faculta para convenir.
Pero acepta que el asunto debe investigar y aclarar todo lo que haya que aclarar.
Ya Verde y Morena presentaron un punto de acuerdo para auditar el anterior trienio en León, lo cual se turnó a la Comisión de Fiscalización que encabeza el panista irapuatense, Víctor Zanella. Ya veremos ahí si la transparencia azul va en serio.
Alejandra Gutiérrez asegura que “hasta donde tope” contra la corrupción. Así que, si no está claro qué pasó con estas “comisiones”, seguramente habrá más denuncias.