Eduardo Medina Mora fue una pésima elección como ministro de la Suprema Corte en 2015. Así lo señalé entonces, cuando me pronuncié porque el Senado escogiera a cualquiera de los dos magistrados de carrera en la terna.
No albergaba dudas sobre la inteligencia o el conocimiento jurídico de Medina Mora, pero este no tenía carrera judicial y había ocupado previamente cargos políticos muy relevantes, como director del CISEN, secretario de seguridad, procurador general de la república y embajador (sin tener tampoco carrera diplomática).
Su designación como ministro por Enrique Peña Nieto generó críticas inevitables. “Si el presidente hubiese impulsado a la Corte a un jurista respetado y de larga carrera -escribí el 12 de marzo de 2015–, independientemente de que hubiese sido afín al gobierno, no habría existido controversia. Pero Medina Mora no ha sido nunca juez ni se le conoce una trayectoria en la jurisprudencia”. Hemos visto en los últimos años una verdadera avalancha de designaciones políticas. Hoy ya solo quedan en la Corte cuatro ministros de carrera.
Peor que su designación, sin embargo, fue la turbia maniobra política que forzó su renuncia en 2019. El entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se quejó públicamente de las decisiones del ministro: “No me gusta su jurisprudencia”, declaró. La UIF empezó a hacer investigaciones sobre unas transferencias que el ministro había recibido de Estados Unidos y el Reino Unido en junio de 2019. La Fiscalía General realizó también pesquisas. El 3 de octubre de 2019 la UIF congeló las cuentas bancarias del ministro, lo cual llevó a su renuncia. Unos días después se le descongelaron, pero la renuncia ya se había concretado, a pesar de que el acto no cumplió con el requisito de ley que señala que un ministro solo puede renunciar por “causa grave”. El presidente López Obrador se deslindó y dijo que suponía que el ministro había renunciado para atender su defensa.
Ahora, la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR ha decretado el no ejercicio de la acción penal contra Medina Mora porque no encontró indicios de operaciones ilícitas. No sé si alguien le ofreció por lo menos una disculpa.
Quizá la reforma más importante de Ernesto Zedillo como presidente fue la judicial al inicio de su mandato. El propio Arturo Zaldívar, actual ministro presidente de la Corte, ha señalado: “La reforma constitucional de diciembre de 1994 ha sido la de mayor trascendencia para la vida constitucional y política del país”. Se le dio nueva independencia a la Corte y los ministros, antes nombrados por el ejecutivo como si fueran funcionarios de gobierno, empezaron a ser designados por el Senado de una terna propuesta por el Ejecutivo. Zedillo propuso a candidatos que no eran políticos, principalmente de carrera, entre ellos a la actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y señaló que no conocía a ninguno de los postulados.
He escuchado razones sensatas para que algunos ministros no sean de carrera, pero estoy convencido de que la mayoría deben tener cuando menos experiencia como jueces. Lo más importante es evitar la politización de la Corte. El nombramiento de Medina Mora fue cuestionable porque era una forma en que Peña Nieto colocó a un aliado en el tribunal. Tan lamentable o más fue la presión de la UIF y la FGR que llevó a su renuncia El que hoy la FGR diga que no hay indicios de ilegalidad en las transferencias se antoja como una burla. El daño está hecho.
Prohibido
Claudia Sheinbaum dijo en un tweet: “Les invito a participar en eso que me prohibieron hablar”. Coincido. Es absurdo tener un proceso de revocación de mandato en que se prohíba la expresión de posiciones. ¿Por qué entonces votaron los legisladores de Morena por esa censura? ¿No vieron lo que estaban firmando?