El debate y el diálogo son la razón de ser de la política. Por eso es tan absurdo que se prohíba a los políticos promover o debatir la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la enmienda constitucional de 2019 que estableció la revocación, ya en los tiempos de la Cuarta Transformación, creó la mordaza. Aplaudo que los políticos de Morena la cuestionen hoy, pero me pregunto por qué no se opusieron a ella cuando su propio partido la creó.
Fueron los legisladores de Morena quienes, a instancias del presidente, impulsaron la legislación para la revocación de mandato. Ellos redactaron el nuevo y kilométrico artículo 35 de la Constitución para señalar: “Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”. El INE, y los organismos públicos locales, decidieron, “promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión.”. El artículo también suspendió “la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”. Añadió: los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública “solo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil”.
Esta filosofía prohibicionista no es nueva. Empezó con la reforma electoral de 2007, que buscaba limitar la influencia de los medios de comunicación en los procesos electorales. En el Senado, sus principales promotores fueron el priista Manlio Fabio Beltrones y el perredista, hoy morenista, Pablo Gómez. En esa reforma no solo se establecieron restricciones a la compra de tiempos de radio y televisión abiertas para promover ideas políticas (aclaro interés: yo soy colaborador de empresas de radio y televisión), pero también limitaron las críticas que los políticos y candidatos pueden hacerse unos a otros y la difusión de la obra pública.
Coincido con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Es absurdo prohibir una mención de la consulta de revocación de mandato, mientras que los dirigentes de la oposición sí pueden anunciar su intención de no participar en el proceso. Este es uno de los principales problemas de las prohibiciones a la libertad de expresión. Nadie sabe hasta dónde pueden llegar.
La solución, sin embargo, no radica en cuestionar al INE por aplicar una prohibición que los propios morenistas introdujeron en la Constitución. Si realmente Sheinbaum quiere que el INE deje de ser un censor, debería aprovechar su influencia en su propio partido para que los legisladores empiecen a desmantelar las limitaciones a la libertad de expresión que manchan nuestra legislación electoral.
La razón de la política es promover el diálogo para la búsqueda de acuerdos. En México, en el afán por lograr una equidad perfecta en los procesos electorales, la cual es imposible, lo único que hemos conseguido con las reformas electorales de 2007, 2014 y 2019 es construir un sistema electoral complejo, caro y censor. La solución no es exterminar al INE por hacer lo que las leyes le ordenan, sino cambiar esas leyes para permitir nuevamente que la política sea el escenario del debate y del diálogo.
Retroactivo
El gobierno piensa que las empresas afectadas por el cambio retroactivo de reglas simplemente se quedarán cruzadas de brazos. Pero no es así. Por lo pronto, Monterra Energy está tomando acciones legales para obtener una indemnización de 666 millones de dólares por el cierre unilateral de su terminal de almacenamiento de combustibles Servitux en Tuxpan. Es el primero de muchos procesos legales que le costarán muy caro al país.