Enrique Peña Nieto cometió el mismo error y le costó caro. Tres meses después de que se reveló que Grupo Higa, contratista de obra pública, le vendió a su esposa Angélica Rivera una hermosa casa, el presidente nombró el 3 de febrero de 2015 a un nuevo secretario de la función pública, Virgilio Andrade, y le pidió investigar la legitimidad de las compras, no solo de esa casa sino de otras adquiridas por él mismo y por Luis Videgaray.
El 21 de agosto Andrade presentó sus conclusiones, que no sorprendieron a nadie. Ni Rivera, ni Peña Nieto, ni Videgaray, dijo, incurrieron en conflicto de interés. Las propiedades fueron adquiridas antes del sexenio y 111 funcionarios declararon que no habían recibido órdenes de resolver procedimientos de alguna manera en particular. “El conflicto de interés no se materializa con la amistad”, declaró Andrade. “Las relaciones no están prohibidas. Se tiene que demostrar la materialización de beneficios”.
La exoneración emitida por un subalterno del presidente, sin embargo, no eliminó la idea generalizada de que la “casa blanca” sí representó un acto de corrupción. Andrade fue nombrado director de Bansefi en 2017, pero su reputación quedó manchada.
Por supuesto que había un conflicto de interés. Negarlo es no entender el concepto mismo. En este error están cayendo también los defensores de José Ramón López Beltrán. Claro que hay un conflicto de interés en el hecho de que el hijo del presidente y su esposa hayan alquilado una lujosa casa en Houston de un ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex. Un conflicto de interés, según el Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española, es una “colisión entre las competencias decisorias que tiene el titular de un órgano administrativo y sus intereses privados, familiares u otro orden, que pueden afectar a la objetividad de las decisiones que adopta”. Es una situación, no una acción; una posibilidad, no necesariamente un acto de corrupción. Puede resolverse con transparencia o con la abstención de algún funcionario de tomar ciertas decisiones. Cuando yo señalo en esta columna que colaboro con alguna otra empresa, por ejemplo, es para aclarar, no para eliminar, un conflicto de interés.
Sin duda hubo conflictos de interés en las casas de Grupo Higa, igual que en el alquiler de la casa de Houston. Esto no significa que haya habido actos de corrupción. Si se quiere descartar esta posibilidad, sin embargo, es importante que los casos los investigue alguien con independencia y credibilidad.
Fue un error de Peña Nieto haberle encargado la investigación de 2015 a un subordinado; por buena que fuera la pesquisa, no podía tener credibilidad. En el caso de López Beltrán, la única investigación que conocemos es la que realizó la propia contratista Baker Hughes y que se dio a conocer, de manera incómoda, en las oficinas de Pemex. Esta investigación tampoco genera credibilidad.
Quizá sea cierto que no hay un acto de corrupción detrás del alquiler de la casa de Houston. La información disponible no la ha revelado hasta el momento. Pero al propio presidente le conviene que se haga una investigación seria y con credibilidad. Descalificar a quienes dieron a conocer el conflicto de interés no solo no ayuda, sino que genera mayores sospechas.
Injerencista
AMLO acusó ayer de “injerencista” al secretario de estado de la Unión Americana, Antony Blinken, por su denuncia de la violencia contra los periodistas mexicanos. El presidente declaró molesto que el secretario “no sabe, no está informado de esta situación” y añadió que “México no es colonia de Estados Unidos”. Nadie ha acusado a López Obrador de matar a periodistas, pero sus descalificaciones a la prensa proyectan una imagen cada vez más negativa.