Esta semana en el Senado de República compareció en el Congreso de la Unión el titular de uno de los órganos autónomos de México, el CONEVAL que recibió los insumos del INEGI del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. La “Evaluación Estratégica de Salud” midió que el INSABI -Instituto Nacional de Salud para el Bienestar- dejó sin acceso a los servicios de Salud a más de 15.7 millones de mexicanos, al pasar del 16.2% en 2018 al 28.2% en 2020. Hoy tenemos 35.7 millones de pobres sin atención médica, medicamentos y en promedio, tres carencias sociales más.
El CONEVAL, cuyo lema es “lo que no se mide no se puede mejorar” dejó claro que el INSABI no ha cumplido su fin que es garantizar los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
El plan nacional de desarrollo, el programa sectorial de salud y el INSABI pretendidamente monopolizado del estado mexicano son obras maestras de la imposibilidad sustentadas en una deificación de la corrupción y una crítica excesiva a lo que hoy es su perdición: un sistema de salud multifragmentado, desfinanciado, sin hoja de ruta, con nula participación del resto de los componentes del sistema nacional de salud y de la sociedad.
El pueblo bueno le reportó al INEGI que no recibieron atención médica, a pesar de haberla solicitado, porque no había un médico en la unidad (34%) y que el personal dijo que no era necesario que se atendiera (16%). El INSABI y la Secretaria de Salud no han logrado mejorar la calidad de la atención reflejada tanto en los tiempos de espera, como en acceso efectivo a las consultas y tratamientos.
El discurso de salud para todos ahora que se ha medido, revela no tener una idea definida, ni medios practicables y a mi juicio solo un objetivo confeso y confesable: engañar a la ciudadanía y a los más pobres, a soñar con un sistema de salud de primer mundo llevándonos a uno de cuarta.
El CONEVAL identificó que en el PEF 2022 hay 29 programas sociales del sector salud con 540 mil millones de pesos (mdp), tres de ellos concentran el 72% del presupuesto asignado al sector salud y dos de éstos a cargo del INSABI, el U013 Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social (78 mil mdp) y el E023 Atención a la Salud (52 mil mdp).
El CONEVAL enfatizó que el programa estelar de atención a la salud y medicamentos gratuitos no tiene claridad ni en su población objetivo ni en el problema público que le dio origen y que busca resolver.
Para mejorar dice el CONEVAL debe cambiarse la Ley General de Salud para presentar un paquete específico de los servicios de cobertura de la atención médica, similar a lo existente en las leyes de seguridad social que rigen al IMSS y al ISSSTE. Existe diferencia en los paquetes de cobertura y atención médica, la cual representa una desventaja importante de acceso y uso efectivo de los servicios de salud, más en las zonas rurales y conurbadas de las grandes metrópolis con alta marginación y pobreza. Deben existir expedientes clínicos electrónicos con criterios estandarizados para evitar duplicidades, facilitar el rastreo de antecedentes médicos y de tratamiento entre los distintos subsistemas de salud.
La Salud Nacional bajo el INSABI está años luz de lograr la utopía planteada y ha sido un fracaso que debe ser rectificado de inmediato. La calidad de sus objetivos de planeación hacen referencia en su mayoría a los de gestión y coordinación, solo el 42% de los objetivos miden la solución a alguna problemática. El fracaso nos ha llevado a retrocesos impensables según el CONEVAL, por ejemplo, la tasa de mortalidad por Diabetes aumentó en 2020 a 145 alejándose de su meta sexenal de 133; la cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo fue del 75% en 2020, cuando la meta sexenal se planteó en 90%.; por mencionar uno más, la razón de mortalidad materna en 2020 aumentó a 54, más del doble de la meta sexenal planeada que era de 25. Esto nos deja muy lejos del concierto de las naciones y los objetivos de desarrollo como país.
En la seguridad social, los consultorios adyacentes a farmacias dieron servicio a 13% de los derechohabientes del IMSS, 10% del ISSSTE y 7% de los otros servicios de salud ante la falta de infraestructura o acceso efectivo en dichas instituciones. Supervisar la calidad de la provisión de los servicios médicos y mediamentos del sector público y privado debe ser también una prioridad, fortaleciendo la coordinación en todos los sectores y niveles de gobierno.
El fracaso en salud del gobierno y del INSABI en lo particular saltan a la vista. Debemos insistir en una revisión seria del sistema de salud en el México real para ir al ideal.