Ya avanza el registro
En Guanajuato suman mil víctimas directas e indirectas de delitos y de violaciones de derechos humanos en el orden local, inscritas en el Registro Estatal de Víctimas que nació con la nueva ley estatal aprobada en mayo del 2020.
De acuerdo a información de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) que dirige Jaime Rochín del Rincón, los registrados son 574 víctimas directas y 417 víctimas indirectas, en total 991, aunque a diario se modifica pues se trata de un registro permanente y que hoy todavía no está completo.
De los registros concluidos 420 personas son por casos de desaparición de sus familiares, lo que refleja la magnitud de esta tragedia humanitaria que vive Guanajuato los últimos años. Otros son: 277 por lesiones y malos tratos, 97 por homicidio, 24 por tortura, 18 por lesiones y seis tortura sexual.
La mayoría de estos registros se canalizan a través de los propios colectivos de familiares de desaparecidos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y de la Fiscalía General.
“El fenómeno sin duda es mucho más que el registrado hasta ahora”, admite para AM el titular de la CEAIV. Sin embargo, al tratarse de una ley y una política que apenas cumplirá dos años, todavía muchas víctimas no conocen de qué se trata.
La ley establece que este Registro es el soporte para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral.
Escasean los recursos
Este Registro es la puerta de entrada al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que este año dispone de un recurso inicial de 13 millones.
Hasta febrero ya se ejercieron 5.5 millones de pesos, la gran mayoría en ayudas alimentarias a las familias. Esto significa que el fondo no llegará a mitad de año.
Jaime Rochín aseguró a AM que ya se reunió con la Secretaría de Finanzas y acordaron el siguiente mes hacer un corte del gasto para solicitar presupuesto extraordinario, e ir revisando periódicamente el ejercicio para tener recursos.
La promesa de la dependencia que comanda Héctor Salgado es que durante el año el Fondo tenga recursos. Lo que está por verse es el monto que les asignen.
Por eso si en algo coincidieron los dos bloques de colectivos de familiares de desaparecidos que, por separado, se reunieron con legisladores locales, es que uuurgen más recursos tanto para la Comisión de Búsqueda de Personas, como para la Comisión de Atención a Víctimas y en particular el Fondo Estatal de Ayuda.
Más recursos debe haber, ¿de dónde salen?, es tarea del Ejecutivo y Legislativo.
Conductores ebrios
¿Se acuerda usted que a finales del año pasado Alejandra Gutiérrez anunció que el Ayuntamiento de León enviaría una propuesta al Congreso de Guanajuato para endurecer las sanciones contra conductores en estado de ebriedad?
¿Se le había olvidado? porque ya pasaron tres meses y no se ha visto para cuándo salga esta dura medida.
Bueno, pues aquí les anunciamos que la semana próxima podría avanzar dos pasos más en su largo camino para ser aprobada y entrar en vigor.
Esta iniciativa surgió después de que el 20 de noviembre, un sábado de juergas, alcohol y fiestas, un agente de tránsito le marcó el alto a un conductor borracho, quien se detuvo sólo unos momentos pero enseguida arrancó, atropelló al agente y éste murió cuando era trasladado al hospital.
El lunes siguiente, 22 de noviembre, en su rueda de prensa “mañanera”, la Presidenta anunció que presentaría al Congreso una propuesta de reforma al Código Penal para sancionar con hasta un año de cárcel a los conductores borrachos, además de entre 30 a 50 días de multa, aunque no mataran a nadie.
En 2021 en León la sanción es de 20 a 36 horas de arresto y no era negociable con pago de multa. Y es que en el municipio en los últimos 15 días sumaban más de 446 detenidos por estos hechos.
Y cada uno de estos conductores pone en riesgo a la ciudadanía, a leonesas o leoneses que pueden ir caminando, en otro vehículo, que van de acompañantes o ellos mismos, señaló la Alcaldesa.
El jueves 25 de noviembre ante el Ayuntamiento, Alejandra Gutiérrez Campos presentó la iniciativa para incluir en el Código Penal del Estado la disposición de que haya prisión de 6 meses a un año para los conductores de vehículos particulares que manejen borrachos, independientemente de la multa que se aplique. Y de hasta dos años de prisión a los choferes de autobuses de pasajeros, ya sean urbanos o foráneos que cometan la misma conducta.
El documento pasó a las Comisiones Unidas de Gobierno y Seguridad, así como de Salud del Ayuntamiento, que preside la síndica Leticia Villegas Nava, que fijaron para el 14 diciembre la fecha para aprobarla.
Pero cuando llegó esa fecha, lo pospusieron para enero pues varias de las regidoras y la síndica plantearon la conveniencia de consultar a organizaciones de profesionistas, colegios de abogados y universidades.
Así que había que darles un tiempo para que mandaran sus observaciones y después realizar mesas de trabajo para analizarlas, discutirlas y las que fueran viables, incorporarlas. Pero llegó enero y no se dio la aprobación.
La razón fue que sí se hicieron las mesas, escucharon algunas de las opiniones que recibieron, pero mandaron pedir otras opiniones a la Fiscalía General del Estado, que originalmente no estaba contemplada. Pero los hombres de Carlos Zamarripa no contestaron.
Así que en esperarlos a todos para que contestaran, como Canaco, Colegio de Abogados de León, Canirac y a algunas universidades que contestaron, se fue el tiempo. Leticia Villegas quería agotar todas las consultas y escucharlos a todos. “Lo que se quiere es que la iniciativa esté lo más realista posible”.
Cabildo dará el sí, y falta el Congreso
Lety Villegas anunció a AM que el jueves pasado fue la última mesa de trabajo, para el próximo martes, es decir, el 8 de marzo, en Comisión de Gobierno dictaminar y el jueves 10 de marzo aprobar en sesión de Ayuntamiento.
Sin embargo, hay algunos otros miembros de la comisión no están tan seguros de que esté lista para esta semana porque los organismos plantearon varias observaciones que deben ser consideradas, como el hecho de que cuando entre en vigor la reforma, la Fiscalía del Estado se llenará con muchas más carpetas.
La Síndica dijo que la mayoría de los organismos consultados están de acuerdo en la aprobación de su contenido, pero algunos quieren que se les hagan modificaciones, más de uno se queja de que les va a perjudicar en su economía.
No dijo quiénes, pero se entiende que a los bares y restaurantes, pues su aplicación implicaría que la gente no consuma alcohol en exceso.
Sin embargo, hay que aclarar que, en caso de que la reforma se apruebe el próximo jueves, o cuando sea, todavía no entrará en vigor.
Apenas será una propuesta que se mandará al Congreso del Estado, que es el único que puede modificar el Código Penal.
Y ahí tiene que transitar el proceso legislativo de presentarla ante el pleno, turnar a la Comisión de Justicia que comanda la panista Cristina Márquez, que ésta la analice, discuta y dictamine para pasarla al pleno.
Y debido a que esa comisión tiene una carga enorme de trabajo, por muy rápido que pudiera salir, en atención a que Alejandra Gutiérrez pertenece al mismo partido de la mayoría legislativa que comanda Luis Ernesto Ayala, tardaría por lo menos un mes. En resumen, hay que esperar todavía un camino, que no es sólo de trámite.
Estadio fresero, la telenovela
La novela sobre la posesión del estadio Sergio León Chávez, de Irapuato, continúa y la ciudadanía sigue sin saber quién realmente tiene la razón, si el Grupo Tecamachalco y la Asociación Civil del Club Irapuato o el Gobierno Municipal.
Fernando San Román, presidente del Grupo Tecamachalco, asegura que ya cedió los derechos de la franquicia del Club Irapuato a la empresa Healthy People, que está dispuesta a remodelar el estadio y traer un nuevo equipo de futbol.
Pero eso no es todo, dicen que también le quieren entrar a construir un nuevo estadio, junto a otros empresarios locales, en caso de que no se resuelvan los problemas legales del inmueble, que dicho sea de paso, está muy abandonado.
San Román asegura que la cesión de la concesión es legal, que es viable porque así lo permite la Federación Mexicana de Futbol y que sólo falta que las autoridades, principalmente la presidenta municipal Lorena Alfaro, den su brazo a torcer y permitan que esta franquicia continúe en Irapuato.
No se puede olvidar que la posesión del estadio está en litigio y que mientras no se resuelva, el Gobierno de Irapuato no permitirá la llegada de un nuevo equipo, sea de la división que sea.
La Alcaldesa dejó claro que no hay forma de que el Gobierno local vuelva a confiar en la asociación civil, encabezada por Juan Manuel Albo Moreno ni en el Grupo Tecamachalco, a quienes les pidió ya soltar la posesión del estadio.
Se dan también señalamientos de que la remodelación del estadio, ejecutada con recursos públicos, se hizo mal, que las áreas que se intervinieron ya se encuentran dañadas y que esto no sólo pone en riesgo la estructura del recinto, sino a los comerciantes de la zona que deben soportar las malas condiciones del lugar.
Quienes actualmente ostentan la posesión del estadio dicen que han buscado audiencia con Lorena Alfaro pero hasta el momento no hay respuesta, por lo que buscarán ahora al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con quien Fernando San Román asegura tener trato directo.
Dice que la situación debe resolverse lo antes posible y que si no lo quieren a él, que confíen en los empresarios locales que quieren apoyar la llegada de un equipo.
Mientras los problemas siguen entre las autoridades locales y los empresarios, la afición sufre por no tener un equipo al que apoyar y reviven todas aquellas veces que se han quedado sin futbol, dejándolos sin esperanzas de volver a ver las banderas azulgrana en el recinto mundialista.
Baja, en el primer círculo de Javier
Los problemas se le empiezan a acumular al alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, y esta semana se dio la polémica renuncia del exdirector de Desarrollo Urbano, Jorge Granados Valencia.
A pesar de que el Gobierno Municipal intentó manejar este asunto con total hermetismo, sin embargo hay muchos cabos sueltos.
Para empezar, Jorge Granados Valencia es un hombre de todas las confianzas de Javier Mendoza y ya había trabajado con él hace más de tres décadas en su primera etapa como Presidente Municipal, entonces tricolor.
Una dirección tan importante como la de Desarrollo Urbano recayó en un hombre cercano al Alcalde y a más de cuatro meses de la administración las cosas parecían marchar bien con temas que venían atorados desde la anterior administración.
Sin embargo, en redes sociales ya había algunas alertas que el Gobierno Municipal no supo ver. Una de ellas es el perfil de Jorge Granados Valencia en Twitter donde las únicas publicaciones que se tienen del año pasado eran de comentarios en publicaciones y solicitudes de información de escorts.
Estas publicaciones fueron previas a tomar las riendas de Desarrollo Urbano pero lo sorprendente es que nadie en el Gobierno se ocupó en cuidar la imagen del funcionario.
A finales del año pasado, la Oficialía Mayor recibió la queja de una trabajadora presuntamente por acoso del Director.
La gran pregunta es por qué no se separó del cargo al funcionario mientras se realizaba la investigación y más en un tema tan delicado.
El Alcalde justificó que hasta ahora no se le ha comprobado nada al ex funcionario, en una postura que dicen no agradó ni a su propia fracción panista en el Ayuntamiento que, un día antes de las declaraciones de Mendoza Márquez, había salido a respaldar a la trabajadora.
Jorge Granados terminó renunciando el lunes y de no ser porque se filtró la posible causa de su salida, es probable que no hubiéramos sabido que existía una investigación en su contra.