En los últimos meses hemos sido testigos de proyectos, propuestas e iniciativas de reformas a los Códigos Penales de diversos Estados e inclusive el Federal; Guanajuato no se ha excluido a esta ola de actividad legislativa, a veces individual de cada diputado; a veces por grupo o fracción parlamentaria; o en ocasiones hasta con la suma o alianza de varios legisladores de distintos partidos políticos.
Así, nos han informado a través de los medios de comunicación de que se disminuiría la edad penal de 18 a 16 años para que los menores de edad ya pudieran ser castigados como mayores y sufrieran las penas más graves; también que se tipificaría con severidad la lesión que se infiera a una mujer, utilizando ácido u otras sustancias químicas; se crean nuevas figuras penales como la aberrante “ultrajes a la autoridad”; otra consistente en penalizar específicamente a quien teniendo bajo su cuidado a un adulto mayor, le causara lesiones, y recientemente una para incrementar las penas en los casos de robo a escuelas específicamente. Hay muchas más, como aquella “del delito de halconeo” afectando hasta a periodistas, pero que ya fue anulada.
Y luego, después de que seguramente son analizadas en las comisiones legislativas, y estudiadas por expertos, las mismas caen estrepitosamente; (periódico AM. Pág. A-8, 3/marzo/22) 3/marzo/22) y son desechadas, por ser notoriamente improcedentes; en ocasiones verdaderas barbaridades, producto de consignas de gobernantes como en el caso de Veracruz y su “ultrajes a la autoridad” que fue materia de que la Suprema Corte de Justicia la declarara inconstitucional; otras, quizá de meras ocurrencias, de diputados que se dejan embelesar. Por consejos de amigos Abogados que les preparan una reforma a modo y la presentan, terminando en el mero ridículo de su rechazo o retiro, por improcedente.
A veces los abogados postulantes, en los distintos chats en que interactúan, comentan está actividad legislativa errática e infructuosa, carente de rigor técnico-jurídico, cuestionándose por qué estos órganos de formación de leyes no se allegan de expertos asesores en diversas materias o ramas del Derecho, en las plazas que tienen contempladas para esos efectos, que no son pocas, y que probablemente las utilizan para otros proyectos o beneficios políticos, o para cubrir favores de colaboradores en campaña.
El 21 de febrero próximo pasado, la Diputada Cristina Márquez Alcalá, Titular de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, informó que actualmente se elabora un diagnóstico sobre el estado en que se encuentra el Código Penal de Guanajuato; para detectar cuáles podrían ser las reformas adecuadas en su caso, o bien, la creación de uno nuevo; advirtió que es un trabajo arduo que llevará tiempo terminarlo. Nos parece que ese sería el camino correcto a seguir, pues ya no es pertinente que periódicamente, cada legislador exhiba su desconocimiento en la materia, presentando propuestas de reformas inconducentes que son desechadas.
A nivel federal se está trabajando desde hace algunos años en la conformación de un Código Penal Nacional; inclusive la Senadora por Guanajuato Martha Lucía Micher Camarena, en marzo de 2019 presentó la iniciativa de reforma al artículo 73, fracción XXI, Inciso C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la legislación UNICA en materia penal. (Consultar Gaceta LXIV/1SPO-102/91142, Senado de la República 14/marzo/2019).
Además, recomendaríamos a la Diputada Márquez, consultar al Maestro Manuel Vidaurri Aréchiga, erudito en la materia penal y quien ha realizado trabajos editoriales de compilación de estudios sobre Proyecto de Código Penal Nacional, desde la perspectiva del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Hay que acercarse al que sabe.