El otro Guanajuato
Inseguridad, democracia, competitividad, desigualdad, rezago educativo, crisis ambiental, son temas en los que Guanajuato no es como lo pintan.
Datos, estudios, investigaciones de organismos públicos y de la sociedad civil, revelan la realidad local que los gobiernos no quieren ver.
El 7 de marzo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C publicó su ranking anual de las 50 ciudades más violentas del mundo.
Aparecieron la zona metropolitana de Celaya en el quinto lugar (incluye Apaseo el Grande), la de Irapuato en 21 (suma a Salamanca) y la de León en 22 (con Silao y San Francisco del Rincón), según la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.
El reporte no es la verdad absoluta, lo aclaran, pero es una alerta para autoridades como el gobernador Diego Sinhue; el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca; el fiscal Carlos Zamarripa; los alcaldes; y el Gobierno de la República.
En los tres niveles de gobierno, insisten en que los homicidios van a la baja en 2021 y 2022, y no se pone en duda con el pico tan alto que se registró en 2020, pero la violencia persiste todos los días.
Celaya vivió otra semana de terror en asesinatos y extorsiones. El viernes en León temprano hubo un asalto a un camión de valores con dos custodios heridos, en el fraccionamiento Julián de Obregón. Y en San Francisco del Rincón la noche del viernes el cobarde asesinato en un bar de tres jóvenes consternó a la sociedad.
Democracia débil, pobreza, y falta de competitividad
Este mes se publicó el Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) 2021 y a Guanajuato se le ubicó en el lugar 25 entre las 32 entidades, retrocediendo seis lugares. Es una de las ocho entidades ubicadas en “desarrollo mínimo”. Se mide la democracia en los ciudadanos, instituciones, en la sociedad y en la economía.
En diciembre 2021, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) presentó la “Medición de la Pobreza en los municipios de México 2020”, en el que León con 816 mil 934 personas en situación de pobreza, es el municipio con el mayor número de personas en esa condición en todo el país.
En el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2021 que presentó el IMCO en noviembre pasado, León cayó del lugar 11 al 14, entre 15 ciudades de más de un millón de habitantes. Celaya, Salamanca y San Francisco del Rincón, también se ubican en los últimos lugares entre las ciudades con un similar rango de población.
La violencia fue el principal factor que desplomó la competitividad de León y Celaya. El ICU evalúa avances en: tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, inclusión, salud y educación, democracia y gestión gubernamental.
Un dato que las autoridades locales hacen público en defensa de la Fiscalía es que somos de los menos peores en impunidad. El reporte de “Hallazgos 2020: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, de México Evalúa, ubicó a Guanajuato como la tercera con mayor efectividad del Índice de Impunidad Estatal.
Pero el 85.4% de los delitos no se castigan. En el índice de 2019, Guanajuato fue segundo con un 74.2%, son 11.2 puntos la caída en un año.
Los datos que pintan aspectos negativos del estado no podemos ignorarlos. Al compartirlos y discutirlos sociedad y gobierno, es más sencillo avanzar.
Un foco rojo más
Las extorsiones siguen afectando a cientos de comerciantes en Celaya sin que haya un plan para acabar con este criminal problema. El hallazgo de una cabeza humana afuera del Mercado Cañitos volvió a centrar la atención en el cobro de piso del que son víctimas los comerciantes en esta ciudad.
En 2020, sólo se interpuso una denuncia ante el ministerio público por extorsión en Celaya pero el año pasado esta cifra creció a 56, siendo el segundo municipio con más denuncias sólo debajo de Irapuato que reportó 58 carpetas de investigación.
Para las autoridades esto es sinónimo de que la ciudadanía ya tiene más confianza a la hora de denunciar, sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. A pesar de las detenciones de células de extorsionadores durante los últimos años, lo cierto es que la pesadilla para los comerciantes parece no tener fin.
Desde el año pasado, el alcalde, Javier Mendoza Márquez, prometió la creación de una unidad especializada de la Policía Municipal para combatir las extorsiones.
Hace unas semanas, se lanzó con bombo y platillo la Policía Turística y Comercial de Celaya que es un grupo de 25 elementos que no solo atiende a los turistas sino también a negocios afectados por extorsiones en el Centro Histórico.
Tanto el Alcalde como el secretario de seguridad, Jesús Rivera Peralta, han presumido la detención de varios extorsionadores que actuaban en el Mercado de Abastos. Sin embargo, la crisis parece no tener fin.
Hoy el foco rojo está en el Mercado Cañitos, pero la extorsión existe en toda la ciudad, ¿cuál será el siguiente mercado o centro comercial en la mira de los extorsionadores? Todos temen.
Diputados por acuerdo
A todos sorprendió la decisión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado presidido por Brenda Canchola Elizarraraz, al aprobar por mayoría obligaciones para todos los partidos políticos que beneficiarán a cuatro grupos sociales.
La primera es que en el proceso electoral siguiente, los partidos políticos deberán postular por lo menos una persona migrante dentro de los cuatro primeros lugares de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales.
Y la segunda es que obliga a que todos los partidos políticos deberán postular a por lo menos tres fórmulas de los grupos de diversidad sexual, afromexicanas y con discapacidad de los distritos con mayor rentabilidad en votación, conforme a los resultados definitivos de la elección anterior.
En ambos casos, las acciones afirmativas tienen que ser acordes con la paridad de género.
Esto se resolvió en acatamiento a una orden del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato del 22 de junio de 2021, que resolvió a su vez una impugnación del ciudadano Juan José Corrales Flores, representante de la organización Fuerza Migrante AC.
Él pidió una medida afirmativa para que se cree la diputación migrante en Guanajuato. Pero él no pidió nada de discapacitados, afromexicanos ni de la diversidad sexual.
En caso de que esta decisión no sea impugnada en un plazo de cinco días, que terminan el martes, quedará firme y será obligatoria a pesar de que el Congreso local no reforme la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
Lo primero que llamó la atención es que el Instituto Electoral haya establecido medidas afirmativas para grupos vulnerables ¡que nadie pidió! Y la segunda, que entre esos grupos incluya a afromexicanos, cuando no son un grupo ni representativo ni extendido en el estado.
Dos consejeras en contra
La tercera sorpresa de la tarde fue la disidencia poco común en el Consejo de Instituto Electoral- que expresaron dos consejeras electorales respecto a este acuerdo: Sandra Prieto de León y Nora Maricela García Huitrón.
Sandra Prieto votó en contra porque expresó que no comparte esta acción afirmativa por varias razones. La primera, porque consideró que es un exceso.
“Es una medida afirmativa que no guarda relación con lo que motivó la queja relativa a diputaciones migrantes, porque incluye a discapacitados, diversidad sexual y afromexicanos”, afirmó.
La segunda razón de su voto en contra es porque “es a todas luces ineficaz”, porque conforme el artículo 273 de Ley Electoral local establece que para elegir a los pluris los partidos deben presentar listas, de las cuales hay dos apartados. Uno por fórmulas del partido y el otro de los “mejores perdedores” o mejor conocidos como mejores segundos lugares.
Cuando se tienen que definir los diputados locales electos plurinominales, primero se toman 3 de la lista A y luego 3 de la lista B. Por lo tanto, difícilmente estas personas de grupos vulnerables podrán acceder a la diputación plurinominal.
La consejera electoral Nora Maricela García Huitrón también votó en contra porque dijo que se aprobó un acuerdo que va más allá de lo ordenado por el Tribunal.
Comentó que la diputación migrante entre los cuatro primeros lugares es insuficiente pues en otros estados lo recomendable es una diputación migrante en el primer lugar de la lista.
PAN, en contra
El representante del PAN, Raúl Luna Gallegos, tampoco estuvo de acuerdo con esta decisión.
Reclamó que se haya tomado “de manera sorpresiva”, sin convocar a los partidos a una discusión previa y sin que previamente se hayan analizado los puntos para su viabilidad.
Coincidió con las consejeras en que “en términos jurídicos estamos ante el cumplimiento en exceso de una sentencia”. Lo calificó como “una violación abierta y directa”.
Pidió que no se apruebe, sino que se reflexione y se hagan estudios al respecto. Porque de lo contrario se dejaría de lado algún grupo vulnerable que también necesite alguna medida afirmativa.
Los consejeros que defendieron
Claro, también hubo consejeros electorales que abogaron por la insólita propuesta.
Beatriz Tovar Guerrero, quien también votó a favor, explicó que está de acuerdo con las medidas afirmativas por el derecho de ser votado de las personas en estado de vulnerabilidad, pero señaló varias fallas en su justificación.
Sin embargo, le preocupa que no se cuenta con la ruta que se siguió para la determinación de esas acciones afirmativas. Señaló que estas medidas deben ser aplicadas después de consultar a las comunidades afectadas, ruta que han seguido otros organismos y el propio Instituto Electoral en otros casos.
Recordó que a más de un año de iniciar el proceso electoral, el instituto cuenta con el tiempo necesario para realizar dichas consultas.
Antonio Ortiz Hernández. “Definitivamente estos grupos sí merecen estas medidas afirmativas. Es así donde podemos dar real sustancia a la igualdad”, sostuvo.
Luis Gabriel Mota consideró que al cumplir la orden del Tribunal se busca convertir la situación de desventaja que han tenido la gente de la diversidad sexual, discapacitados y afromexicanos.
Concepción Aboites Sámano argumentó que no tenían conocimiento en el IEEG que ninguna persona afromexicana, de la diversidad sexual o discapacitada haya llegado a un cargo de elección popular.
“Nuestra misión como consejeros debe ser eliminar las barreras de los grupos vulnerables para participar en los procesos electorales. Las acciones afirmativas que se pretende implementar son idóneas”, manifestó.
Además porque la legislación local no contempla medidas para postular a estos grupos como candidatos.
¿De dónde vamos a sacar afromexicanos?
Al responder a todos los cuestionamientos, Brenda Canchola hizo una muy débil defensa de su proyecto.
En primer lugar, dijo que estaban dando cabal cumplimiento de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral, que se abordaban todos los elementos de la sentencia.
Cosa que nadie cuestionó, pero la sentencia no abordó ni en la litis ni en su resolución, que se tenían que crear medidas afirmativas para afromexicanos, discapacitados y personas de la diversidad sexual.
Agregó que los consejeros electorales no necesitan esperar a que los grupos vulnerables pidan la inclusión porque como institución del Estado mexicano tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los grupos sociales.
Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinó que indígenas, discapacitadas, afromexicanos y residentes en el extranjero deben ser tomados en cuenta en las candidaturas.
Y que también se tomaron en cuenta cifras del INEGI, según las cuales refirió que en Guanajuato viven 285 mil 615 discapacitados y 108 mil 806 afromexicanos.
Tan fuera de lugar estuvo esta decisión de la mayoría del IEEG, que horas más tarde, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Eduardo López Mares, cuestionó la posibilidad planteada por el Instituto Electoral de Guanajuato (IEEG).
“La pregunta que le hacemos al IEEG ¿De dónde vamos a sacar afromexicanos? Creo que copiaron y pegaron lo que el INE hizo a nivel federal en 2021”, consideró.