Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de un periodista, de Sergio Aguayo y en contra de Humberto Moreira, un emblemático político priísta. ¿Por qué la importancia de este fallo? Porque representa un antecedente clave en la defensa de la libertad de expresión y con ello, Sergio abre un camino para algo que hoy sigue sucediendo: el ataque desde el poder al periodismo.
Recordemos que, en México, los medios de comunicación electrónicos, como la televisión y la radio, están concesionadas por el Estado, en tanto que los medios escritos, la prensa, gozan de la libertad de expresión consagrada en la Constitución. Así, que si cualquier ciudadano como usted y yo, se expresa en este espacio, ejerce un derecho fundamental, pero está expuesto, como hoy sucede, a que los políticos nos ataquen.
Pues bien, la Suprema Corte defendió unánimemente la libertad de expresión. Nuestro máximo tribunal dio la razón este miércoles a Aguayo en el litigio con Moreira. Este fallo cancela la condena de un juez civil que hace un par de años ordenó a Sergio a pagar 10 millones de pesos a Moreira por daño moral, por una editorial donde denunciaba la corrupción del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI cuando Moreira era detenido en España en el 2016. El fallo fue criticado por numerosos organismos internacionales y la Suprema Corte decidió atraer el caso en el 2020, pues se trataba de un claro atropello al derecho de expresión posiblemente traficado por Moreira en juzgados.
Sergio Aguayo es un académico especializado en Derechos Humanos; su trabajo editorial siempre ha sido de crítica al poder. Como liberal de izquierda, Sergio ha denunciado y propuesto ideas. Y fue así, que, al ejercer su derecho a la libertad de expresión, se refirió al ex Gobernador de Coahuila (de la dupla de hermanos priistas y expresión de ese gen que por décadas exprimió el presupuesto público para las fortunas familiares) como un caso de corrupción. La consecuencia fue una denuncia en contra de Sergio por daño moral. El 20 de enero de 2016 se publicó en el diario mexicano Reforma el texto en el que Aguayo denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la impunidad y la corrupción en el caso del exgobernador de Coahuila. Tres días antes, Moreira había sido detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho, aunque un mes después, fue puesto en libertad. El periodista escribía en su columna: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
La victoria de Aguayo es un logro para el periodismo, pues crea un importante antecedente, para quienes, desde una posición ciudadana, expresamos puntos de vista sobre el poder político. Es esperanzador que la voz que se levanta para reflejar los puntos de vista de las mayorías, y que había sido castigada con un laudo a favor del político Moreira, haya sido defendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No era una cuestión solo de dinero, -los académicos no reunimos en toda la vida laboral una cantidad millonaria como a la que había sido condenado a pagar Aguayo-, sino fundamentalmente, de principios: el derecho a la libertad de expresión.
Es una semana de gozo para el periodismo. La sentencia de este miércoles, confirma que las opiniones de Aguayo están amparadas por la Constitución, una garantía reforzada además por tratarse de una figura pública y de hechos probados y verificables. “Ninguna de las opiniones y calificativos expresados por el señor Aguayo están formulados sin fundamento. Se plantean en forma de proposiciones, derivadas de hechos públicos y verificados, con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que fomentan la discusión y la formación de opinión de la audiencia”, expone la sentencia. En su razonamiento jurídico en defensa de la libertad de expresión, la Corte también subraya que no se puede exigir a los periodistas que sólo difundan hechos reflejados en sentencias firmes, ya que ello “equivaldría a la aniquilación del periodismo de investigación”.