Debe haber sido muy convincente el “argumento de barandilla” que empleó el Secretario de Gobernación, el amigo del Presidente, Adán Augusto López, cuando visitó la SCJN previo a la votación sobre la Ley de la Industria Eléctrica como para haber logrado doblegar a 4 de los 11 ministros, y apoyar al Presidente en su intento por legislar él y darles preferencia a las energías caras y sucias por encima de las baratas y limpias.
El hecho de que SIETE de los 11 ministros declararon INCONSTITUCIONAL la Ley AMLO de Electricidad dice todo lo que debemos saber: ¡es inconstitucional! Que las reglas que rigen su funcionamiento como órgano colegiado establecen que con cuatro votos a favor bastaba, pese a estar en la MINORÍA, es harina de otro costal.
La Corte por mayoría considera que la ley AMLO viola la Constitución, y esto lo sabe el ministro presidente Zaldívar, pero decidió cargarse hacia el lado del Presidente, siendo uno de los cuatro que hizo posible la supervivencia de este decreto totalitario. Su argumentación demuestra que se voló las trancas, por razones que quedan entre él y el Secretario de Gobernación.
Afirmó Zaldívar que nuestra Constitución no especifica nada sobre el orden de despacho y los otros temas de la LIE, y que, por lo mismo, el Presidente no viola la Constitución con la ley. Pero el argumento debe interpretarse exactamente al revés: el que la Constitución no entre en detalle IMPIDE que el Presidente se meta a suplir a la Constitución, pues al no hacerlo (entrar en detalle), nuestra Carta Magna le PROHÍBE legislar o decretar bajo el principio de la legalidad.
Ese precepto es el que afirma que un servidor público NO PUEDE hacer nada que las leyes no le FACULTEN expresamente. Y si la Constitución no faculta al Presidente legislar sobre el orden de despacho -porque no dice nada sobre el tema- entonces NO PUEDE él hacerlo, por lo menos no legalmente.
Tengan por seguro, amigos, que basta el criterio de los SIETE MINISTROS que votaron en contra (a quienes aquí reconocemos como veros juristas) para fundamentar una LLUVIA de AMPAROS contra esta ley.
Ahora que no conviene olvidar que nuestros vecinos al norte del Bravo consideran que esta ley y la contrarreforma VIOLAN preceptos del T-MEC. Ya la representante comercial, Katherine Tai, dijo que si se aprobaba esta legislación demandarán al Gobierno mexicano, exigiendo indemnizaciones sobre cuando menos DIEZ mil millones de dólares de inversiones estadounidenses.
Estas próximas disputas se suman a otros frentes que tiene abiertos el Presidente: pareciera que piensa que su chamba es PELEAR y que el pueblo lo eligió para REÑIR. Perjudica muchísimo su imagen no sólo lo rijoso, sino la obsesión que agarra hacia ciertas personas: tal es el caso de Carlos Loret, a quien sigue fastidiando con que compró esto y que compró lo otro, y que posee esto y lo otro.
Lo que hace un ciudadano con sus ingresos no debería ser un tema de Estado, ni ocupación para un Presidente que gobierna un país con graves problemas que exigen del mandatario TODO su tiempo, en vez de que esté destilando veneno contra el comunicador un día sí y el otro también. Esto justo cuando lo acusan en EU de emplear a la FGR (Gertz Manero) para cobrarse cuentas políticas. Su enojo obsesivo con Loret le da cierta credibilidad a la acusación de que emplea el poder de la investidura para acallar a críticos y silenciar a la oposición, y esto no ayuda nada a su imagen.
Trae el Presidente muchos fierros en la lumbre, sólo que son los fierros que no le tocan: éstos deberían ser acallar la violencia, estimular la economía, crear más empleos y MEJORAR las relaciones con nuestros VECINOS Y SOCIOS COMERCIALES.
Nunca pelear con ellos y menos a causa de no escuchar las objeciones fundadas contra temas que lucen más como caprichos personales, entre ellas, la ley que acaban de validarle cuatro ministros de la Corte. Haberlos DOBLEGADO NO SUMA UN TRIUNFO, más bien una DERROTA para la legalidad en México, y un fuerte golpe duradero contra su imagen mundial.