Mario Delgado, presidente de Morena, acarreando votantes en una camioneta. Taxistas de Veracruz, obligados a llevar gente a las urnas. Personas recorriendo casa por casa diversos municipios, para pedirle a los ciudadanos que salieran a votar. Automóviles llamando por perifoneo a que se expresara el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Empleados de gobierno obligados a llevar, cada uno, diez personas a las casillas. Órdenes de que se tomaran fotografías a las boletas marcadas en favor de la continuidad del presidente.
Una operación de Estado como la que hacían los gobiernos autoritarios del siglo pasado.
En solo dos meses, el Instituto Nacional Electoral emitió 25 medidas cautelares: cinco al presidente López Obrador, cuatro a la Consejería Jurídica y al vocero de la Presidencia y tres a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Recibieron medidas cautelares más de 20 gobernadores y 61 senadores.
Fue un proceso en donde las normas constitucionales se violaron de manera sistemática: en cinco meses, el INE recibió 172 quejas: 34 cada mes: prácticamente una diaria.
Las faltas administrativas comenzaron en la “mañanera”, en voz del propio presidente, y fueron bajando peldaño a peldaño entre los secretarios de estado, los gobernadores, los alcaldes y los presidentes municipales.
Finalmente, el domingo pasado, con el presidente de Morena a la cabeza, violando públicamente el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que impone de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien “organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto”, se pasó de las simples faltas administrativas a la comisión de delitos electorales.
Desde cuentas institucionales, como las de la Secretaría de Hacienda y la de la prácticamente inexistente secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, se promovió, desesperadamente, la asistencia al ejercicio de Revocación.
El presidente había ordenado reunir 40 millones de votos, diez más de los que le dieron su histórico triunfo en 2018. Muy pronto se comprendió que con trabajos podrían superarse los once millones que fue el número de firmas con que se solicitó la Revocación.
Todos metieron el acelerador a fondo. El proceso fue intervenido por el gobierno mediante la fractura de las reglas y el pisoteo contumaz de lo estipulado en la Constitución.
Desde el 4 de febrero, en que después de sortear mil trabas se emitió la convocatoria, comenzó la violación permanente de las normas que rigen la difusión de propaganda gubernamental y el principio de imparcialidad a que están obligados los funcionarios públicos.
Hoy, la utilización indebida de recursos públicos para promover la Revocación, por parte de funcionarios y gobernantes, ha derivado en 13 procedimientos en materia de fiscalización.
Lo que nadie podrá refutar, puesto que está grabado y documentado, es el asedio a la ley por parte la 4T y la serie de anomalías que el consejero Ciro Murayama dio a conocer anoche. De todo esto tiene que haber consecuencias conforme a la ley.
La revocación fue una derrota para López Obrador y su grupo. A pesar del derroche de recursos y el exceso de marrullería, no lograron llevar a las urnas al número de ciudadanos que aprueban su gobierno. Ocho de cada diez ciudadanos decidieron no votar. Llegaron a las urnas entre 13 y 17 millones de personas.
La derrota de AMLO, sin embargo, será cantada como victoria. Una victoria en la que nadie cree.