“Se acabará la impunidad”, fue una de las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018 en el zócalo capitalino de la Ciudad de México y a millones de mexicanos y mexicanas que mirábamos la transmisión en vivo de su primer discurso como presidente electo. “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”, añadió a la larga lista de promesas que hizo esa noche.
A pesar de las expresas órdenes presidenciales de entregar los documentos necesarios para esclarecer el paradero de los estudiantes, no fue hasta 2021 cuando se entregaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH los documentos y comunicaciones militares. Estos documentos evidencian que “los distintos niveles de autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía” esa noche y los días previos a la desaparición y que durante años omitieron información fundamental -o bien, abiertamente mintieron- haciendo imposible conocer la verdad de lo que ocurrió.
El informe también da cuenta de un video de la Semar que muestra a elementos de esa institución sacando bultos de camionetas y prendiendo un fuego en el basurero de Cocula (uno de los principales escenarios del caso). Estas acciones, sin embargo, no se registraron en el expediente del caso.
El presidente ha cumplido solo parcialmente con la promesa de entregar información. Los compromisos de poner fin de la impunidad y castigar a los responsables, parecen haber quedado olvidados. Al ser cuestionado sobre la responsabilidad del actual secretario de la Marina, quien en el momento de la desaparición de los estudiantes era comandante en Guerrero, el presidente se apresuró a absolverlo. “Él no tiene ningún involucramiento en este asunto”, dictó en la mañanera. En contraste, acusó a sus adversarios de querer aprovechar lo expuesto por el GIEI para hacerlo quedar mal. Asunto resuelto.
La impunidad es un problema grave en México que se explica por una combinación de incompetencia de autoridades ministeriales, falta de recursos (materiales y humanos) y la ausencia reiterada de voluntad política. Se explica por la complicidad y desidia de las autoridades, quienes participan en los crímenes, se hacen de la vista gorda y/o solapan la ilegalidad cuando la llegan a conocer. Para poner fin a la impunidad es necesario investigar y hacer pública la verdad de los hechos y, si es el caso, la participación de funcionarios de bajo y alto rango.
El sexenio de López Obrador ha estado marcado por el otorgamiento de cada vez más funciones civiles a los militares, entregadas sin requisitos de transparencia, sin supervisión civil y sin tocar las estructuras de poder dentro de las fuerzas armadas. Sabemos que varios de los militares a quienes él ha encumbrado arrastran sombras del pasado. Debe haber otros, pero no hay forma de conocerlo sin investigaciones serias por parte del Estado.
La evidencia que ha surgido del caso de los estudiantes apunta a una verdad: el terror de Ayotzinapa fue obra del Estado, en todos sus niveles. Y, sigue siendo el Estado quien encubre, tolera y facilita el terror. Dejar a los militares fuera de la exigencia de justicia, como hace también el presidente con sus más cercanos aliados, solo garantiza que al acabar este sexenio seguiremos viviendo en el país de la impunidad.
@cataperezcorrea