En estos días de crucifixión, caídas y resurrección, pensé en la familia del 28% que hoy ocupa holgadamente la presidencia municipal. Quise pensar, que la figura de Judas ronda en el patio cajetero con ganas de estrenar una soga, pero no, aún sigue contando sus monedas de plata.
Le comento, después de varios meses cuenta la leyenda urbana, que ya pasó la tensión que sufrieron los 14 ediles cuando le dieron la dentellada a los impuestos, y que ahora gozan como marsupial en crecimiento, porque los contribuyentes olvidan muy pronto los agravios y abusos. Pero no, qué cree, no se ha olvidado.
Como usted recordará en la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta pública, presidida por Salud García Rodríguez, (la que omitió revisar las plantas que suministran flúor y arsénico cuando fue regidora independiente) elaboraron y aprobaron un Dictamen, para incrementar un 28% el salario de los 15 miembros del Ayuntamiento, se sometió a votación en el Pleno del Ayuntamiento, y se aprobó.
Con 70 días laborados, el regidor Gaspar Aguado -llamado en el inframundo político, “Gasparín el fantasmita enemistoso”-, promovió dicho aumento para regocijo y gozo de sus compañeros ediles del Pan, del PRI, del Verde, del Pt, los empanizados, y de sus camaradas de Morena. Los 14 ediles, como es su costumbre votaron en familia, en equipo, para utilizar el dinero de la obra pública en su interés personal. Modificaron el Presupuesto de Ingresos y Egresos, aprobado semanas antes, para darse un atascón de cerca de 4 millones de pesos, violentando el “Derecho Humano a un ambiente libre de corrupción, en su vertiente de, a una buena administración”.
Claro, la ciudadana Catalina Puga (otra amlover), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, votó con singular alegría la propuesta, pues se trataba de su retorcido derecho humano a quitarle unas calles pavimentadas, iluminación, agua, a quien lo necesita.
El ciudadano Gasparín -amlover de corazón-, que por cierto es el presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, (por favor no se ría, sí, es verdad), tuvo la oportunidad de reconsiderar el aumento, pero se negó a regresar a la obra pública ya presupuestada, y asignada en el programa general de obra, el dinero para su realización. Su interés se colocó por encima del interés público, es decir, el de cientos de personas que ya no se beneficiarían con obras en sus colonias o comunidades. Se negaron a darles una mejor calidad de vida a los habitantes que los eligieron para representarlos.
Ya pasada la tormenta periodística, y bajo el resguardo del ciudadano Mendoza, los ediles se han dedicado a gastar su 28% con la fineza que les caracteriza. Las denuncias se acabaron, Ernesto Prieto, quien dijo que los expulsaría, ya los volvió a saludar de beso y mano. Incluso, ahora promueven su encendido amor por el ciudadano presidente Andrés Manuel, aunque en los hechos prefieran las monedas de plata. Su propaganda funciona a la inversa, es un desprestigio porque la gente no olvida su abuso.
Pero qué cree mi estimado lector, no todo es cuesta abajo, hubo un grupo de jóvenes organizados en la Asociación Civil, llamada, “Juventud Cabal”, que levantaron la estafeta ciudadana y demandaron por la vía de Amparo Indirecto, la protección de la justicia federal, en contra del Ayuntamiento Municipal, la encargada de Tesorería, la Comisión de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública del ayuntamiento de Celaya, y el Presidente Municipal de Celaya, por los actos que vulneran a la sociedad celayense, y solicitan que se ordené al Ayuntamiento que dejé insubsistente el Acuerdo reclamado -Dictamen de aumento salarial y en su lugar emita otro.
Señalan que en ese otro Dictamen, se abstenga de aprobar el aumento al tabulador de remuneraciones o percepciones a todos, y a cada uno de sus integrantes, ya que de ese modo, se restituye en el goce de los derechos humanos vulnerados, como lo es, “a un ambiente libre de corrupción, en su vertiente de a una buena administración pública, y a una mejora a la calidad de vida, consecuente al desarrollo que implica la obra pública, y se restaure la legalidad en el proceder del mencionado Ayuntamiento”.
El Juez de Distrito de esta ciudad, con fundamente en los artículos 1º fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, ADMITIÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Eso significa, que existen elementos fundados en la Constitución que fueron violentados por los ediles, en perjuicio de los celayenses.
El proceso comenzó al solicitar un informe justificado a la autoridad municipal, y las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo deberán hacer dentro del término de quince días. Le sugiere hacerlo con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Los apercibe que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa.
Igualmente, señala Audiencia constitucional, se fija el pasado doce de abril de este año, para el desahogo de la audiencia, pero se amplía para el 15 de mayo, a afecto de que las partes tengan plena información del proceso.
De estos hechos rescato para la reflexión: el uso de la simulación y la mentira de quienes surgen del anonimato, para llegar como representantes populares; la irresponsabilidad de los partidos políticos al designar a sus candidatos; la ignorancia de su función pública, y la estulticia con la que se protegen de la crítica ciudadana los miembros del Ayuntamiento actual; la falta de ética en el uso de los recursos públicos, al privilegiar su interés personal, al social. Por otro lado, es manifiesto que la sociedad celayense está cambiando, al involucrarse en la participación de los asuntos públicos, y en el escrutinio a la función de los servidores públicos; los ciudadanos están asumiendo un rol activo en la denuncia para la búsqueda de justicia a los actos de omisión, complicidad, corrupción e impunidad de los servidores públicos.
Mas allá de las tretas y argucias que se generen desde la Secretaria del Ayuntamiento para evitar la sanción legal, el 28% será una marca de rechazo social a José Agustín Gaspar, a Catalina Puga, a la regidora priista Alejandra Salazar, los regidores panistas Cristina Villalobos, Isabel Herrejón, Raquel Trejo, Ángel Martínez Orlanzzini, y el síndico de ese partido Carlos Ruiz León, quienes perdieron la oportunidad de trascender, y ser orgullo ético y moral, no solo para sus votantes, sino también para sus familias.
REVOLCADERO.
Sábado de Gloria, quema de Judas. Se reciben propuestas.