Durante días previos a la consulta de revocación de mandato nos dimos cuenta de los ataques al INE de personas muy cercanas al presidente López Obrador: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobierno, arremetieron contra el Instituto Nacional Electoral descalificándolo con falsedades y distorsión de hechos.
Cuando tuve oportunidad de votar por primera vez, no existía ninguna institución ciudadana que supervisara el proceso democrático. El gobierno priista de ese entonces era el encargado de organizar la votación a través de la Comisión Federal Electoral, encabezada por la Secretaría de Gobernación. Era obvio que no podía haber imparcialidad y confianza en una votación organizada por el propio partido hegemónico ya que actuaba a su conveniencia.
La prensa objetiva daba a conocer conductas fraudulentas como la coerción de electores en las casillas para que votaran por determinado partido, casos de personas que votaban varias veces, adulteración de urnas rellenadas con votos de un determinado partido, robo de las mismas en distritos opositores cuando eran transportadas para su conteo, y otras muchas irregularidades de una votación que pueden influir en los resultados de una elección.
En la elección de 1988, Carlos Salinas de Gortari fue investido presidente en una ceremonia durante la cual los legisladores de la oposición declararon que su investidura carecía de legitimidad, porque era consecuencia de una sucesión de actos ilegales durante la jornada electoral, principalmente los que rodearon la “caída del sistema”.
En 1990 debido a las cuestionadas elecciones del 88 y para dar mayor credibilidad al proceso electoral, el Congreso reformó la ley y mandató la creación del Instituto Federal Electoral. El objetivo de su fundación fue la de contar con una institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. En este inicio de la construcción de nuestra democracia, el IFE dependía del mismo gobierno en turno siendo el Presidente de la República quien proponía a los consejeros y el secretario de gobernación el que presidía, pero no resultaba del todo confiable.
Fue hasta 1996 cuando el Congreso reforzó la autonomía e independencia del IFE, al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto para los consejeros ciudadanos. Actualmente el Consejo General del INE está integrado por 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como consejero presidente y los 10 restantes como consejeros electorales. El INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la organización de elecciones, tanto a nivel federal, como local. El SPEN garantiza que todos sus miembros cuenten con los conocimientos y méritos profesionales necesarios.
El hecho que el Presidente quiera meter mano en un instituto que ha costado mucho ciudadanizar y desvincular del gobierno, no hace más que demostrar su autoritarismo y ansias de controlar todo para su beneficio. Solo atenta contra la democracia y sembrará desconfianza en los procesos.