Inicio enviando mi sentido pésame a la familia del joven estudiante Ángel Yael de 19 años, alumno de la carrera de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, quien fue privado de la vida por un elemento de la Guardia Nacional.
Sus familiares, amigos y compañeros se han manifestado pacíficamente para exigir justicia -a la cuál me adhiero- señalando que #NiUnaAbejaMás y que son estudiantes, no delincuentes.
Ángel Yael y dos estudiantes más de la Universidad de Guanajuato viajaban a bordo de una camioneta y fueron perseguidos por elementos de la Guardia Nacional, uno de los oficiales accionó su arma en contra de los tripulantes, terminando con la vida de Ángel Yael y dejando herida a otra más. Es claro el uso excesivo de la fuerza.
El mismo día que ocurrió tan lamentable hecho de violación de los derechos humanos, que debe ser castigado, discutíamos en el Consejo de Europa el reporte elaborado por el Sr. Oleksandr Merezhko y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que visibiliza y lamenta que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los Estados miembros del Consejo de Europa, hayan hecho un uso excesivo de la fuerza en muchos casos, violando los principios de necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación.
El movimiento Black Lives Matter evidenció que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía no es un incidente aislado, sino parte de un patrón que acontece en todos los países del mundo, que vulnera los derechos de amplios grupos de la sociedad y genera desconfianza en las instituciones de seguridad.
La resolución del Parlamento fue contundente para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan utilizar la fuerza, solo en la medida estrictamente necesaria para lograr un objetivo legítimo. Nuestro compromiso como país es hacer efectivo lo señalado por nuestra Constitución y el Derecho Internacional para prohibir todo acto de tortura y tratos inhumanos, degradantes y asesinatos como el ocurrido en Irapuato, sin excepción.
Les comento que México no es ejemplo a seguir en esta materia. La “Encuesta Nacional 2021 de Población Privada de la Libertad” reportó que el 70% de las personas detenidas por las autoridades de seguridad pública sufrieron de tortura y maltrato durante su detención.
No hay que olvidar que en 2019 se modificó la Constitución por iniciativa del presidente López Obrador para crear una institución policial de carácter civil denominada “Guardia Nacional”, cuya estructura orgánica y de dirección dependería de la Secretaría de Seguridad de carácter civil, señalando que su formación y desempeño se regirían por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género. Haciendo lo contrario y simulando como ha sido su costumbre, la Guardia Nacional fue militarizada, tanto en los mandos como los elementos, que ya habíamos advertido no estaban capacitados para hacer labores de carácter civil, como se aprecia nítidamente con lo ocurrido con los estudiantes universitarios.
La Guardia Nacional durante su primer año de operación (2020) fue la causante de 226 violaciones a los derechos humanos cometidas por sus integrantes, entre ellas la detención arbitraria, intimidación, trato cruel y degradante entre otras violaciones. La tasa de letalidad de los agentes de seguridad pública es muy preocupante también, pues en el mismo año 495 civiles murieron a manos de ellos.
La Guardia Nacional tampoco ha sido modelo de trato respetuoso de los derechos humanos en la contención de las personas que integran los flujos migratorios hacia el norte de nuestro país; la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado incluso graves violaciones, provocando una crisis migratoria sin precedentes.
La seguridad ciudadana (pública) tiene como esfera jurídica el ámbito civil; y si la Guardia Nacional es referida como que sus integrantes -civiles o militares- habrán de desempeñarse exclusivamente en materia del ámbito civil, no hay razón para que sean procesados por sus faltas en el ámbito militar. Por ello, en 2019 al discutirse su creación, presenté una reserva para modificar el artículo 13 que decía así: “Los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de las funciones de ésta, serán conocidos por la autoridad civil competente, en tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar, serán conocidas por las autoridades y tribunales militares que correspondan”. La propuesta que presenté decía así: “Las faltas y delitos cometidos por los integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil correspondiente”.
El miembro de la Guardia Nacional que privó de la vida al estudiante puede ser militar con licencia o civil, pero debe ser juzgado por la autoridad civil.
Anuncio desde ahorita, mi voto será en contra de que la Guardia Nacional pase a las Fuerzas Armadas como pretende el Presidente.
MTOP