Siete cadáveres aparecieron en la carretera Toluca-Valle de Bravo. Era la madrugada del lunes 13 de diciembre de 2021.
Cinco de los cuerpos se hallaban afuera de un Sentra rojo. Uno más estaba en el interior. Al último lo hallaron tirado en una barranca cercana.
El automóvil presentaba profusos impactos de bala. La policía recogió en el piso más de 20 casquillos percutidos.
En esos días había repuntado la crisis de inseguridad, el imparable brote de extorsiones en Valle de Bravo.
Durante el proceso electoral celebrado ese año, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD había sido “levantada” durante un acto de campaña y conducida ante la presencia de un alto jefe de la Familia Michoacana: el supuestamente hoy desaparecido Medardo Hernández Vera, conocido como “Lalo Mantecas” o “El 100”.
Más tarde se supo que el jefe criminal de la Familia Michoacana en los municipios del sur del Estado de México había obligado a la candidata, la velocista Zudikey Rodríguez Bravo, a “bajarse” de la campaña bajo el argumento de que “la empresa” tenía otros planes.
Obtuvo el triunfo la morenista Michelle Núñez, apadrinada por el hoy precandidato al estado de México, Horacio Duarte.
El escándalo que siguió al “levantón” de la candidata aliancista puso en claro que la delincuencia organizada había intervenido como nunca antes en las elecciones de la Tierra Caliente.
A su llegada, Núñez prometió devolver la seguridad a los habitantes de Valle de Bravo. De acuerdo con su discurso, lo ha conseguido: según ha declarado, la percepción de inseguridad ha bajado y Valle de Bravo “es el de mejor seguridad en los municipios colindantes”.
El municipio vive, sin embargo, una de sus peores crisis. Hace unos días, después de un desabasto de varias semanas en Villa de Colorines, Avándaro y Valle de Bravo, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas, Amexgas, denunció que varios sectores productivos se encontraban en desabasto, a causa de la extorsión.
El mayor polo turístico del Edomex, lugar, además, de descanso de los más importantes industriales y empresarios del país, se encuentra sumergido en un clima de zozobra y sometimiento.
La Familia Michoacana tiene en el puño a los expendios de pollo, a los mercados, al ramo de la construcción, a los camiones de carga, a los mineros, a los operadores del transporte público, a los parapentistas, a los lancheros, a los gasolineros, a los restauranteros, a los hoteleros, a los vendedores de pan y, ahora se sabe, también a los distribuidores de gas.
Todos lo saben, pero nadie quiere decir nada por temor, y por desconfianza a las autoridades estatales y municipales.
En las carreteras, varias familias han sido bajadas de sus autos a punta de pistola: Valle de Bravo es uno de los centros de acopio de vehículos de alta gama.
La Familia impone sobreprecios a determinados productos e incluso obliga a los comerciantes a surtirse con un mismo proveedor. El robo de llantas y de autopartes está imparable. Regresaron los secuestros.
A pesar de la presencia del Ejército y la Marina, a pesar de que se halla en el municipio un destacamento de la Guardia Nacional, las extorsiones y las amenazas se han vuelto parte de la vida diaria.
Impunidad, y colusión con las autoridades, es lo que se respira en ese municipio en donde el año pasado La Familia Michoacana intervino en la elección.
Hoy los frutos están a la vista. Otra región del país: un pueblo mágico más, en manos de la delincuencia organizada.
@hdemauleon